Persiste el problema del acceso a la justicia, sostiene Esquinca Muñoa

La defensa gratuita, sistema de simulación, afirma director del IFDP

El cumplimiento de su labor es meramente formal; insuficiente patrocinio del Estado

JESUS ARANDA Y VICTOR BALLINAS

El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), César Esquinca Muñoa, reconoce que a pesar de que la Constitución prevé un sistema de defensoría gratuita, "caemos en el sistema de la simulación", porque el cumplimiento de su labor es "meramente formal".

A pesar de que el IFDP es envidiado por los defensores públicos de los 31 estados y del Distrito Federal -porque en la mayoría de los casos los salarios de los defensores son cinco o seis veces mayores y tienen más apoyos humanos y materiales-, Esquinca acepta que persiste "el problema del acceso a la justicia" y es insuficiente el patrocinio legal del Estado.

Entrevistado por La Jornada, el titular del IFDP -instituto que, a diferencia de las defensorías de oficio estatales y del Distrito Federal, no depende del Ejecutivo, sino del Poder Judicial federal-, Esquinca comenta que "sería deseable que no existiera" el sistema de asistencia gratuito. Sin embargo, precisamente porque vivimos en una sociedad "tan desigual", hoy más que nunca se requiere de este tipo de instituciones.

Manifiesta su interés por "dejar atrás" la denominación de defensor de oficio, porque este nombramiento se asocia con una persona poco capacitada, mal pagada, que no se ocupa de los asuntos. Situación que en el ámbito federal, asegura, ha cambiado a partir de 1995, porque las plazas de defensor se ganan mediante concurso de oposición, tienen un sueldo "decoroso", cuentan con el apoyo de un abogado recién egresado y trabajan en condiciones adecuadas.

Reconoce que el problema fundamental de la defensoría es la falta de recursos, y advierte que los recortes presupuestales que ha sufrido la Judicatura Federal afectan directamente el área que él encabeza.

En relación con las cargas de trabajo, relata que hasta hace unos seis años había defensores que tenían más de mil asuntos por año, y aunque en la actualidad el número casos que atiende cada uno ha disminuido significativamente (el máxima es de más de 500 casos anuales), eso no significa que se haya alcanzado una cifra ideal. "Es lógico considerar que no se puede pedir calidad a la defensa con ese número de asuntos."

De acuerdo con la ley, en cada agencia del Ministerio Público Federal, cada juzgado de distrito o tribunal colegiado debe haber al menos un defensor público asignado. Sin embargo, cuando la defensoría ha pretendido incrementar el personal, encuentra que no hay presupuesto, y entonces la carga de trabajo aumenta.

Más si se toma en cuenta que casi 90 por ciento de los juicios federales (relacionados con delitos como narcotráfico, tráfico de migrantes y de armas, portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y otros) son atendidos por los defensores públicos, quienes, por otra parte, tienen un porcentaje muy alto (se habla de casi 80 por ciento) de casos en los que consiguen la libertad anticipada o en segunda instancia de su defendido.

Esquinca Muñoa reconoce que la defensoría pública adolece de otra debilidad fundamental: la falta de peritos. "Hay muchos casos cuya decisión depende básicamente de la prueba pericial, como ocurre en los delitos contra la salud, cuando se debe determinar si una persona es adicta o no; o precisar la cantidad o calidad de un estupefaciente; inclusive, establecer, en caso de portación de arma prohibida, el tipo de arma y calibre, lo que puede repercutir en la gravedad del presunto ilícito".

La falta de un peritaje adecuado coloca a los defensores "en franca desventaja". Actualmente y mediante los convenios del IFDP con instituciones de educación superior, sólo cubre 40 por ciento de las necesidades. Por esto, el instituto plantea crear una instancia que realice peritajes específicamente para la defensoría pública.

Cuestionado acerca de la defensa de narcotraficantes, Esquinca señala: "las personas que defendemos no son los grandes narcos; el narcotráfico es una cadena que empieza en la siembra, pasa por el cultivo, cosecha, transportación y distribución, y representa un problema de justicia social, porque quienes delinquen por lo general lo hacen por necesidad de sobrevivencia. La defensoría pública no defiende a los grandes capos, aunque si alguno lo pidiera en algún momento, no podemos dejar de hacerlo, porque es nuestra obligación constitucional".

Algo similar ocurre en el caso de la portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Explica que en el sureste del país hay indígenas y campesinos acostumbrados a portar un rifle, arma que puede ser de uso reservado y no lo sabe, y sucede que al ser detenido sin haber cometido delito alguno debe purgar una pena mínima de cinco años de prisión, sin derecho a libertad bajo caución.