Amargo sabor de boca deja la elección de los integrantes del Institu-to Federal Electoral (IFE), negociada -como si de viandas se tratara- por los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). Nada hay que objetar, en principio, a Luis Carlos Ugalde, como presidente consejero del IFE. El y el resto de los elegidos merecen, de inicio, el elemental beneficio de la duda.

Sin embargo, el modo en que los dos partidos mayoritarios llevaron a cabo los cabildeos obliga a cuestionar el resultado. Al final de las cuentas, y hay que reseñarlo, la tercera fuerza política del país, que además representa a un sector social más importante y fuerte de lo que las estadísticas o encuestas muestran, no estará representada en el máximo órgano electoral de México. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha sido tomado en cuenta por PRI y PAN a la hora de armar el nuevo IFE.

No está de más, por lo mismo, recordar que dentro de tres años acudiremos a las urnas para elegir a un nuevo Presidente de la República.

Establecida esa premisa, vale también revelar las interioridades del tortuoso proceso ocurrido en el recinto de San Lázaro. De entrada es imposible obviar el trasfondo político-electoral que permeó finalmente en las bancadas del PRI y del PAN. Ambos partidos fueron multados por el IFE este año debido a que, sin pudor ni pena, sobrepasaron los gastos de campaña previstos en la ley electoral. Y nos referimos a la campaña que llevó a Vicente Fox a Los Pinos.

En el balance del IFE, que se va de la mano de José Woldenberg, no hay manera de borrar las interrogantes que surgen de esas dos decisiones. Cierto es que se sancionó a esos partidos por haber violado la legalidad, pero también hay que asentar que tales decisiones no dejaron contento a casi nadie. Ni a los partidos castigados ni a una ciudadanía que, más allá de lo que se interprete en las instancias oficiales, está cansada de que le vean la cara.

De igual manera, es imposible soslayar que la negociación que PRI y PAN llevaron a efecto en la Cámara para designar al nuevo IFE está íntimamente ligada a los desesperados esfuerzos que algunos sectores políticos y empresariales -encabezados por el gobierno federal- llevan a cabo para privatizar los energéticos y para dar cauce a la reforma hacendaria.

Por si fuera escaso el menú político-legislativo, antes de fin de año los integrantes del Congreso deberán aprobar el presupuesto general para 2004. No hay manera de desligar la negociación que se generó sobre la nueva composición del IFE de las que están llevándose a cabo en los demás asuntos mencionados.

Es, y duele decirlo, un IFE que nace de mala manera. Y hay que reiterar en este sentido que todos sus nuevos integrantes, más allá de las dudas aquí planteadas, merecen el necesario y debido respeto. Que sus designaciones hayan sido resultado de, cuando menos, discutibles negociaciones de pasillo entre priístas y panistas, no quita que esos consejeros gocen, de entrada, de un espacio que permita, a la luz de sus decisiones, un diagnóstico que será finalmente el fiel que incline la balanza.

El IFE, finalmente, entra en su segunda época. Será su octavo año y en apenas tres más deberá velar por la limpieza de las elecciones que llevarán a Los Pinos a una nueva figura presidencial. La empresa que tiene por delante es ciertamente problemática; se trata de que la ciudadanía despeje en gran medida sus dudas respecto a quienes imparten justicia. Y el tema electoral es básico en esa dirección.

El nuevo IFE tiene la palabra. Y la opinión pública estará atenta.