El debate en torno a las reformas fiscal, energética, laboral, judicial, política y educativa ha ido intensificándose no sólo en las esferas políticas e institucionales -empezando por las cámaras del Congreso de la Unión-- sino en diversos ámbitos académicos, sociales, empresariales, periodísticos y culturales. Da la impresión, por el tono y el encono de la polémica, que las primeras bajas de la confrontación podrían ser, no el carácter público de las instituciones energéticas -si se lograra privatizarlas- o la economía popular -si se aprobara el IVA en alimentos y medicinas-, sino las carreras políticas de personajes como Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI, y Santiago Creel, secretario de Gobernación.

El grupo en el poder, el sector salinista del PRI, buena parte del empresariado nacional, el Fondo Monetario Internacional aumentan la presión para conseguir tales reformas, y en forma simultánea se multiplican las dificultades para aprobarlas.

Al menos uno de los obstáculos en el camino de las reformas es la forma ambigua y hasta tramposa en que están planteadas. Seguramente muy pocas personas en el país se opondrían, por principio, a la introducción de cambios de fondo en la orientación de la recaudación fiscal, en las formas de operar de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, en las regulaciones laborales y en el sistema educativo, entre otros ámbitos que requieren, sin duda, ser reformados. Existe, de hecho, un consenso nacional en este sentido. Los desacuerdos se ubican, más bien, en el tipo y la orientación de las reformas a emprender. El gobierno de Fox y sus aliados salinistas pretenden hacer creer a la sociedad que el único cambio plausible en el sector eléctrico consiste en abrirlo al capital privado, nacional e internacional; que la esencia de la reforma fiscal reside, necesariamente, en gravar los alimentos y las medicinas; que la modernización productiva de las leyes laborales implica dejar a los asalariados en la desprotección; que la forma correcta de corregir el sistema educativo es pulverizar la enseñanza pública para dar a la privada mayores oportunidades de negocio. En suma, las propuestas de reforma que emanan del gobierno, del poder económico, de los organismos financieros internacionales y de Washington tienen un sentido antinacional y antipopular.

En el PRD, en los sectores del PRI congruentes con los estatutos de su partido y en diversos ámbitos sociales y académicos se han formulado, sin embargo, alternativas viables para establecer condiciones de crecimiento, desarrollo y productividad sin renunciar a factores de soberanía y viabilidad nacional, como la propiedad pública del sector energético, y sin sacrificar a las depauperadas mayorías en aras de una recaudación fácil. Un ejemplo de esos planteamientos es el realizado hace unos días por el senador priísta Carlos Rojas, quien propuso fortalecer la generación de energía eléctrica y la industria petrolera con los recursos que manejan las Afore. De esa forma llegarían al sector fondos ciertamente necesarios, y al mismo tiempo se daría certeza a los trabajadores y seguridad a sus ahorros. Pero nadie, entre los impulsores de "las reformas" a secas, se ha tomado la molestia de rebatir la pertinencia de la idea. Y ese es sólo un ejemplo.

Para finalizar, no está en disputa si es necesario o no modernizar, sanear y adecuar a las nuevas realidades nacionales e internacionales el fisco, la energía, las relaciones laborales y la educación, entre otros terrenos, sino cómo, y para provecho de quiénes, llevar a cabo los cambios: si para el país y la mayoría de sus habitantes o para los intereses trasnacionales y empresariales.