Miguel Concha

Seguridad continental y derechos humanos

En una época en la que el capital trasnacional se militariza cada vez más y el imperialismo se empeña en expandirse por encima de las más elementales normas de derechos humanos; en un hemisferio que además durante dos décadas fue víctima de crímenes de lesa humanidad, en aras de una supuesta seguridad nacional, la realización de una conferencia ministerial sobre seguridad hemisférica los próximos 27 y 28 de octubre en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), no deja de carecer de importancia.

Los principales retos serán, desde las perspectivas y la experiencia de la sociedad civil, no disociar la seguridad de las personas de la seguridad de los estados y del continente, fundamentar éstas sobre la base de la observancia irrestricta de los derechos humanos integrales, garantizar la participación de la ciudadanía en la definición de un nuevo concepto de seguridad, no confundir seguridad con defensa, no criminalizar la migración y, sobre todo, no reducir la defensa al uso exclusivo de las armas.

En suma, se trata de impulsar un concepto de seguridad democrática, respetuoso de un verdadero estado de derecho y de los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Por ello, desde hace ya tiempo, una coalición internacional de organismos civiles de derechos humanos del continente vienen ocupándose de sus preparativos y reivindican con toda razón su participación en la misma, pues, como se decía desde la Edad Media, lo que concierne a todos debe ser tratado por todos.

Sabedoras de que al final se aprobará una declaración política, a partir de la cual se promoverá una concepción multidimensional, en la que sin rango de prioridad alguna se incluyen como "nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos" a la seguridad continental desde el terrorismo hasta la pobreza extrema y la exclusión social -pasando por la delincuencia organizada internacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellas, así como el tráfico ilícito de personas, los desastres naturales y los de origen humano, y los ataques a la seguridad cibernética- las organizaciones reclaman entre otras cosas que no todos los problemas que enfrenta nuestro continente se confundan ahora necesariamente como amenazas a su seguridad, que éstas se jerarquicen y se definan con precisión y, sobre todo, que se fortalezcan las instancias y los mecanismos legales nacionales e internacionales que ya existen para su atención y solución específicas, en la plena observancia de los derechos humanos integrales.

Como ya se ha anunciado, es muy probable que en la conferencia se encuentren una vez más dos visiones, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos realizados desde hace más de un año para no hacerla fracasar: la del gobierno de Estados Unidos, que sobre todo con la actual administración privilegia el uso de la fuerza militar para enfrentar cualquier amenaza, y la de los países de América Latina, que admiten una noción de seguridad hemisférica más flexible y adaptada a sus propias circunstancias regionales y locales, y aceptan, entre otras cosas, el propósito de alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales, proscribiendo el uso de armas de destrucción masiva, que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de sus pueblos.

El asunto crucial será el estatuto y el vínculo jurídico institucional que se decida reconocer a la Junta Interamericana de Defensa (JID), creada a iniciativa de Estados Unidos dentro de la OEA después de la Segunda Guerra Mundial, pues mientras el gobierno del norte pugna por que siga siendo un órgano interno con funciones operativas dentro de la organización, la mayor parte de los países del continente se inclinan por que en adelante sirva únicamente como instrumento de apoyo para cualquier eventualidad, dentro de la OEA.

A pesar de que los organismos civiles de derechos humanos del continente defienden con insistencia que ésta tenga solamente carácter técnico y consultivo, hay que reconocer que la posición que lleva México a la conferencia debe ser defendida. Esta pide en efecto que en su próximo periodo ordinario la Asamblea General acuerde una propuesta que contenga los siguientes criterios: la actualización del mandato y democratización de la JID, basada en la participación igualitaria de sus estados miembros y la conformación democrática de sus autoridades; su carácter como órgano técnico asesor, de naturaleza no operativa, en las esferas militar y de defensa, y el principio de la supervisión civil de sus actividades.