Luis Javier Garrido

El obstáculo

La contrarreforma energética de Vicente Fox es ilegal e ilegítima, pero el gobierno panista no acaba de comprender que muy difícilmente podrá imponerse a la oposición popular a ella.

1. El gobierno de Fox tiene dos obstáculos para privatizar el sector energético de México, además de un tercero que no podrá desafiar. El primero es el constitucional, pues resulta claro que una contrarreforma a los artículos 27 y 28 no procede ya que una constitución no puede modificarse para atentar contra sí misma, menguar o limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos o del pueblo o ir en contra de la nación. Y éste sería el caso: constituiría una contrarreforma ilegítima e improcedente, apruébela quien la apruebe, y que no obligaría a los mexicanos.

2. El segundo obstáculo es el político y apareció de manera velada en la entrevista que la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Roberto Madrazo, sostuvo con el titular de Energía, Felipe Calderón (13 de octubre), y es que los diputados del PRI no pueden votar la propuesta foxista por ser contraria a los intereses de la nación y también por el hecho de que su plataforma electoral de 2000 (con la que fueron electos) se comprometió con los electores precisamente a lo contrario. Además los diputados no son dueños de su voto para ejercerlo de manera discrecional, como pretende el gobierno que ha buscado comprarlos.

3. La burocracia foxista ha seguido actuando sin embargo a lo largo de estos años (en los que pretende que ya todo ha cambiado) como si se hallara al margen de cualquier responsabilidad legal o política: con un patrimonialismo exacerbado en el ejercicio del poder. Ese es el caso de Vicente Fox quien, con tal de satisfacer los intereses espurios con los que se halla coludido y buscando congraciarse con la administración Bush, sigue insistiendo en violar el marco constitucional del país con la prepotencia del que se sabe impune por no existir un estado de derecho.

4. El voto de México sobre Irak en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (16 de octubre) es un claro ejemplo de ello, pues al avalar la intervención de Bush en Irak, convalidar que siga controlando el territorio iraquí y sobre todo disponiendo de los recursos energéticos de ese pueblo, el gobierno de Fox votó de manera indigna y servil contra los intereses históricos de México, a la vez que trasgredió la Constitución mexicana, cuyo artículo 89 fracción X le ordena dirigir la política internacional conforme al principio de "no intervención".

5. La privatización silenciosa del patrimonio de la nación, que Fox ha proseguido, lo hacen sujeto de un juicio político; las pruebas en su contra son ya muchas. El documento del Senado que prueba que en estos tres años ha otorgado permisos ilegales para que empresas extranjeras generen fluido eléctrico -y además las ha subsidiado con recursos públicos dañando a la Comisión Federal de Electricidad (La Jornada, 12 de octubre)- es demoledor.

6. El primero de diciembre de 2000, Fox protestó ante el Congreso "guardar y hacer guardar la Constitución", pero desde entonces sólo pretende cambiarla, tal como se lo demandan las trasnacionales, en todos aquellos principios que salvaguardan los derechos de la nación, sin ocultar que su gobierno la está violando, exactamente igual que sus predecesores Salinas y Zedillo: por la vía de los hechos. La invitación que hizo Fox en Tokio a los empresarios japoneses a invertir en México "en energía" (15 de octubre), una más de las que ha hecho en este sentido, antes que una provocación a los mexicanos constituye un acto de extraordinaria gravedad que ameritaría su destitución, pues estaría alentando al capital extranjero a seguirse apoderando de manera ilegal de un sector estratégico.

7. La responsabilidad de Fox no se limita sin embargo a los daños que le ha hecho al país al comprometer su soberanía energética, sino se extiende a escala internacional, como acontece ahora con el caso de Bolivia, en el cual ha actuado como agente de los intereses de Washington. La oposición popular a la exportación de gas natural a Estados Unidos, que ha suscitado la represión genocida del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se debe al proyecto que han desarrollado asociados Fox y el presidente boliviano para transportar lo antes posible el gas de ese país por mar hasta Baja California, con la finalidad de producir electricidad para el estado estadunidense de California mediante las multinacionales Pan American, Repsol YPF y British Gas, compañías amigas de Fox y de Schwarzenegger, como parte de un proyecto que les redituaría más de 200 millones de dólares anuales, en el cual se hallan comprometidos los dos gobernantes con la misma lógica: es prioritario satisfacer las necesidades energéticas de los estadunidenses antes que las de sus connacionales.

8. La llamada "lógica neoliberal" no se esconde en los discursos y en los actos de gobernantes como Fox y Sánchez de Lozada, quienes actúan como lo que son: simple empleaditos del poder trasnacional. En consecuencia, para ellos, como la energía eléctrica debe regirse por el mercado y ha de estar en manos de compañías privadas, que a diferencia de las empresas públicas tienen como objetivo las ganancias y no las necesidades sociales, resulta prioritario satisfacer las necesidades "de California", que es la cuarta economía del mundo, como señaló Fox de manera reiterada a inicios de su sexenio. Por lo que no importa, para ellos, que la mayor parte del territorio de Bolivia o de estados mexicanos como Chiapas y Tabasco se vean desposeídos de sus recursos básicos y de sus beneficios (entre otros el de la electricidad) para que se enriquezcan las trasnacionales (y ellos y sus "amigos") y California pueda progresar.

9. Los empresarios nipones que le dijeron "no" a Fox y a su invitación para seguir invirtiendo de manera ilegal en México (e inclusive a su tratado de libre comercio) lo hicieron porque saben que sus inversiones se hallarían en grave riesgo pues son ilegales e ilegítimas (17 de octubre); ellos lo que quieren son garantías. Esas inversiones extranjeras en materia energética, hechas de manera turbia en territorio mexicano, son contrarias a intereses fundamentales de la nación, que no pueden ser enajenados de manera espuria -como se discutió en el Constituyente de 1917 y sostienen muchos constitucionalistas- y serían doblemente riesgosas.

10. Lo seguirían siendo, aún sustentándose en una contrarreforma constitucional, porque el pueblo, que es el obstáculo mayor para Fox, conservará siempre el derecho de reivindicarlos por cualquier vía, inclusive revolución.