La ONG acusó a seis funcionarios federales de violar el Protocolo de Cartagena

No ha sido atendida queja de Greenpeace sobre ingreso de maíz transgénico al país

CAROLINA GOMEZ MENA

Han transcurrido tres semanas desde que Greenpeace México (GPM) presentó una queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de seis funcionarios -cuatro de ellos secretarios de Estado- por violar el Protocolo de Cartagena al consentir la importación al país de maíz transgénico. Sin embargo, hasta el momento sólo en uno de los órganos de control de una de la dependencias involucradas se le ha dado curso a la queja, lamentó María Colín, asesora legal de la Campaña de Ingeniería Genética de GPM, al exhortar a dichas instancias dar celeridad al proceso.

En entrevista, Colín resaltó que pese a que el mencionado protocolo, que regula el comercio de organismos genéticamente modificados, entró en vigor el pasado 11 de septiembre, continúan ingresando barcos con maíz transgénico. Tan sólo a partir del 13 de septiembre "cinco buques han ingresado maíz transgénico, violando de manera flagrante el protocolo", refirió.

La ambientalista detalló que el año pasado "México importó poco más de 5 millones de toneladas de maíz procedente de Estados Unidos, y se calcula que entre 25 y 30 por ciento era transgénico. Durante el primer semestre de este año han entrado 2 millones 300 mil toneladas y la proporción de transgénicos también se estima en casi un tercio".

La queja por "incumplimiento de obligaciones" está dirigida contra Javier Usabiaga, titular de Agricultura; Fernando Canales Clariond, secretario de Economía; Alberto Cárdenas, de Medio Ambiente; Julio Frenk Mora, secretario de Salud; Víctor Manuel Villalobos, encargado de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, y Fernando Ortiz Monasterio, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

Según Colín, los citados funcionarios han hecho "caso omiso de las disposiciones contenidas en el acuerdo sobre diversidad biológica, y en especial del artículo 420 del Código Penal Federal en cuanto al tema de bioseguridad". De ahí que la petición de GPM a la SFP sea que por medio de los órganos de control interno con que cuenta en cada una de las secretarías "realice las investigaciones pertinentes, y de confirmarse la falta pedimos se ejercite acción penal, pero también si hay falta administrativa pueden hacerse acreedores a multas o incluso destitución del cargo".

Hasta ahora sólo el órgano de control de la Secretaría de Salud "le ha dado número de expediente a la queja, es la DE-95/2003, pero esto va muy lento, no queremos que se le siga dando largas", insistió.