Preocupante desconfianza en las instituciones de justicia, señala investigador

65% de los mexicanos considera que la aplicación de la ley favorece a poderosos

Sondeo de la UNAM revela que falta una institución que proteja de abusos de autoridad

ALONSO URRUTIA

Al menos 65 por ciento de la población en México tiene gran recelo hacia la aplicación de la ley en México y a las instituciones responsables de salvaguardar sus derechos pues, de acuerdo con encuestas presentadas ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor parte de los ciudadanos considera que la instrumentación de la ley en el país se da en forma discrecional, privilegiando esencialmente los intereses de quienes detentan poder económico o político.

Durante el segundo día de trabajos del Seminario para el Análisis de Encuestas sobre Cultura Democrática y Prácticas Ciudadanas en el IIJ, el investigador José Angel Caballero consideró preocupante la baja confianza que tienen los mexicanos en sus instituciones de justicia. Según el sondeo, al ser cuestionados sobre la instancia más confiable para la defensa de sus derechos, respondieron que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muy por debajo de esta colocaron a los tribunales.

Manifestó que la encuesta revelaba algunos otros aspectos interesantes como es el hecho de que los ciudadanos consideran que prácticamente no hay una estructura institucional que proteja a la sociedad de los abusos de autoridad. No existe suficiente protección, a juicio de los encuestados, de sus derechos elementales, pues ven a la legislación como una forma de aplicación de castigo o de imposición de la ley.

Por su parte, el director general de Consulta Mitofsky, Roy Campos, subrayó que ni los escándalos políticos ni las confrontaciones entre los partidos, tan recurrentes en los últimos años, han logrado impulsar el interés de los ciudadanos en la política. Citó que tanto la encuesta levantada en 2001 como la efectuada este año muestran que el desapego por la política entre los habitantes permanece: 55 por ciento de la población consultada sostiene que tiene poco interés en esta actividad.

Jorge Buendía, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explicó que los sondeos aplicados para detectar la obediencia de la ley muestran que entre la sociedad existe una alta proclividad a cumplirla, pues al ser cuestionados sobre si respetarían una ley que les pareciera injusta, sólo 11 por ciento se pronunció en contra, mientras que 62 por ciento dijo que la asumiría pero procuraría modificarla.

Subrayó que, a pesar de que los ciudadanos están dispuestos en su mayoría a cumplir la legalidad, destaca el hecho de que consideran que la ley defiende los intereses de la gente con poder -56.6 por ciento así lo creen- y 43 por ciento estima que la ley es una forma de procurar justicia.

Ponderó que para la mayor parte de los encuestados las modificaciones en la situación económica no representan un factor que incida en su determinación de cumplir o no la ley.

Por su parte, el secretario académico del IIJ, Imer Flores, señaló que la encuesta sobre la Constitución refleja un preocupante problema de confianza social en las instituciones de ley y la legitimidad de la misma. Apuntó que es necesario crear instancias que favorezcan la formación entre los ciudadanos de una cultura de la legalidad.

Los ponentes coincidieron en que la elaboración de nuevas leyes no toma en cuenta como factor central a los ciudadanos, pues los encuestados consideraron que se privilegian intereses particulares e incluso hay un sector -si bien pequeño, de 5 por ciento- que estima que la aprobación de leyes obedece centralmente a favorecer los intereses del Presidente de la República.