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México D.F. Lunes 8 de septiembre de 2003

Amenazan con desalojar a zapatistas que rehúsan aceptar ayuda del gobierno

En plantón, bases del EZLN exigen la liberación de dos indígenas recluidos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 7 de septiembre. Un centenar de indígenas, bases de apoyo del EZLN, procedentes del municipio autónomo Miguel Hidalgo, realizaron hoy un plantón frente al penal de esta ciudad (Cereso número 5) para exigir la liberación inmediata de sus compañeros Juan Sántiz Gómez y Fernando Sántiz Pérez.

Con los rostros cubiertos con pasamontañas, esta mañana encararon a los policías que resguardan el penal, a unos 15 kilómetros de esta ciudad, quienes con nerviosismo escucharon las exigencias de los indígenas. Hacia los ocho de la mañana, seis camionetas de la policía sectorial se apostaron detrás del plantón, dejándolo prácticamente sitiado entre las rejas de ingreso al penal y los vehículos de la fuerza pública. Pasada una hora, los agentes se retiraron unos 80 metros sobre la carretera, sin intervenir.

Los indígenas habían llegado desde temprana hora al Cereso para impedir el traslado de sus compañeros a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras tanto, las autoridades judiciales les dieron largas. El funcionario del Cereso, Armando Aguilar Juárez, escuchó la demanda de los zapatistas y dijo que hablaría con sus superiores. Pasaron las horas. Se comunicó Rolando Pérez Robles, quien mandó decir que intervendría. Y nada. Con eso de que los fines de semana la justicia no trabaja.

"No han cumplido", dijo a La Jornada un vocero del municipio autónomo. "Se comprometieron a responder nuestra petición de liberar a los compañeros lo más pronto posible, pero nos dejaron esperando."

Lo rodearon unos 20 encapuchados, a escasos metros del acceso al penal. Otro representante autónomo advirtió: "Si no responden, se tomarán otras medidas".

Los funcionarios del penal finalmente notificaron a los zapatistas que ellos no podían resolver el asunto. "Está en manos del procurador del estado (Mariano Herrán Salvatti)", se justificaron. Así, el plantón zapatista se mantuvo a lo largo de todo el día.

Juan Sántiz y Fernando Sántiz fueron detenidos el pasado jueves por la policía, entre Amatenango y Teopisca, acusados de "ecocidio" y "tráfico ilegal de carbón". Según los representantes rebeldes, el agente del Ministerio Público de Teopisca se ha comportado de manera parcial y dolosa, luego de encarcelar a los dos indígenas. Ilegalmente, según el concejo autónomo, pues el carbón vegetal que transportaban era "para uso doméstico".

Este jueves fueron detenidos también indígenas que pertenecen al PRI. Entonces, un centenar de priístas retuvieron en sus oficinas al titular de la Subprocuraduría Indígena, mientras otros obligaron a intervenir al diputado local priísta Marcos Abadía Rincón. Horas después, las autoridades liberaron a tres pobladores de la comunidad Ricardo Flores Magón.

El diputado tricolor preside, paradójicamente, la Comisión de Selvas y Bosques del Congreso chiapaneco, y en tal carácter ha promovido "mano dura" en la materia. Aquí tuvo que respaldar a los detenidos, pues se trata de "su gente", ya que él representa precisamente el distrito electoral de Teopisca. Abadía Rincón está vinculado al grupo de la senadora Arely Madrid Tovilla, presidenta en turno de la Cocopa, ex funcionaria del gobierno de Roberto Albores Guillén y aspirante a candidata del PRI a la gubernatura, con el apoyo de alboristas y patrocinistas.

Por otro lado, la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo, de los Altos, hizo una denuncia sobre "los problemas en las comunidades de San Antonio Nuevo León, Zacatón Santa Teresa y Guadalupe Tepeyac, pertenecientes al municipio autónomo 16 de Febrero (antes Simojovel) y al ejido San Andrés Duraznal".

A los pobladores de las comunidades mencionadas "los obligan a recibir apoyos del gobierno y a firmar documentos sin saber de qué se trata. Al no aceptar la ayuda y no signar los papeles, son hostigados, amenazados con despojarlos de sus tierras y expulsarlos de las comunidades por parte de los priístas".

En el ejido Duraznal las bases del EZLN también recibieron amenazas de miembros del PRI. La Junta de Buen Gobierno y el concejo municipal autónomo de 16 de Febrero, "junto con nuestros pueblos bases de apoyo del EZLN, queremos que a nuestros compañeros les respeten sus derechos, así como a los que no son bases de apoyo".

Los rebeldes declaran: "No queremos que haya problemas entre indígenas pobres, porque todos merecemos vivir con tranquilidad. Nuestros compañeros que son molestados están en la resistencia y pertenecen al municipio autónomo", concluyen las autoridades autónomas desde el Caracol Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, en Oventic.

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