Cuestiona la fracción panista antecedentes del juez Antonio Muñozcano

Comparecen ante diputados candidatos a magistrados

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa recibió ayer a los tres jueces que fueron propuestos por el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, para integrarse como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federtal, y será el próximo jueves cuando se dará esta ratificación.

Los jueces Joel Blanno García y Jorge Ponce Martínez tuvieron una comparecencia tersa y sólo se generó cierta inquietud en el caso de Antonio Muñozcano Eternod, pues el diputado panista y vicepresidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Hiram Escudero, argumentó que tenía información de que se había ejercitado acción penal en su contra.

Al tomar la palabra, Muñozcano precisó que hasta 1993 se desempeñó como director jurídico y de relaciones laborales de la desaparecida Ruta 100, pero que en 1995 un particular presentó una denuncia en su contra por uso indebido de facultades y atribuciones.

"Esa denuncia -asegura Muñozcano- prospera ante el Ministerio Público al considerarse que hay elementos para acreditar el mencionado delito, pero al consignarse al juez competente, en el término constitucional se considera que no hay los elementos suficientes para acreditar el tipo delictivo. El Ministerio Público no apela y queda firme la sentencia", es decir, no se confirmó ningún hecho ilícito en su contra.

Entrevistados al término de la comparecencia, diputados de los diferentes partidos que integran la mencionada comisión consideraron que las tres propuestas del mandatario capitalino serán aprobadas sin mayor problema.

Por otra parte, el diputado del PRI Arturo Barajas, ex candidato a jefe delegacional de Venustiano Carranza, ofreció una conferencia de prensa para cuestionar el trabajo realizado por el pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ya que "se ha dedicado a desechar todos los recursos que ha presentado la oposición, por falta de legitimación".

De hecho, presentó elementos según los cuales los magistrados supernumerarios María del Pilar Hernández y Pedro Rivas Monroy estarían en la ilegalidad. La primera por recibir, supuestamente, un sueldo de 30 mil pesos de la UNAM, y el segundo por ser asesor de la Comisión Taurina del Distrito Federal. También se lanzó contra el magistrado numerario Mario Estuardo Bermúdez, quien se fue a la Procuraduría General de la República y luego regresó.

Fuentes del Tribunal Electoral capitalino consideraron que ésta es la respuesta de un "candidato perdedor", pues el pasado 6 de julio quedó muy por abajo del total de votos alcanzados por su contendiente del PRD, Ruth Zavaleta, y "está buscando cómo hacer ruido".