Ana de Ita

La OMC y la ''caja de desarrollo''

Durante la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio en Cancún, la agricultura nuevamente estará en el centro del debate. Después de constatar por nueve años que el libre comercio no es justo y que los Acuerdos sobre Agricultura -acceso a mercados a través de la reducción de aranceles, y reducción de subsidios domésticos y a las exportaciones- han provocado que la situación de los campesinos y los pequeños productores en todas partes del mundo empeore, así como la de los países subdesarrollados, nuevamente se debaten dos propuestas diferentes, y en ciertos puntos antagónicas: soberanía alimentaria o "caja de desarrollo".

Las organizaciones campesinas integrantes del movimiento internacional Vía Campesina desde Seattle (1999), demandaron que la OMC saliera de la agricultura, y que las políticas agrícolas y comerciales estuvieran guiadas por el principio de soberanía alimentaria y no por el de libre comercio. La soberanía alimentaria implica el derecho de cada país a definir la política agrícola y comercial para garantizar los alimentos básicos para su población; el derecho de la población a la alimentación de acuerdo con sus preferencias sociales y culturales; el derecho y las políticas para que la producción agrícola, principalmente de alimentos, pueda ser cubierta por los productores nacionales y en ellos los campesinos y pequeños productores tengan un papel preponderante; el acceso de los campesinos a los recursos -tierra, semillas, insumos, agua- que les permitan producir. Cuestiona el modelo de agricultura industrial, intensiva en insumos químicos y capital, así como la distribución regresiva de los subsidios domésticos en muchos países. Parte de la comprensión empírica de que los pequeños productores en cualquier parte del mundo se enfrentan a un enemigo común, las agrocorporaciones, que controlan los mercados agrícolas mundiales y los gobiernos que las representan. En torno a ella se ha construido un internacionalismo campesino que converge con otros movimientos y sectores que cuestionan la falta de legitimidad, transparencia y democracia de la OMC.

La propuesta de integrar en el Acuerdo Agrícola una "caja de desarrollo" fue sometida a la OMC en el año 2000 por varios países subdesarrollados. Busca dar más importancia a los temas de seguridad alimentaria, reducción del hambre y la pobreza, puesto que la mitad de la población del mundo más pobre depende de la agricultura como forma de vida. Los países subdesarrollados y en particular sus campesinos necesitan ayuda especial si han de competir en contra de la agrocorporaciones del norte.

La "caja de desarrollo" es un paquete de excepciones a las reglas de la OMC, diseñadas para permitir a los gobiernos de los países subdesarrollados proteger a sus productores más pobres y promover sus sectores agrícolas. Con ella tendrían la posibilidad de aumentar los aranceles para proteger a los pequeños productores y también proteger los cultivos básicos claves para la seguridad alimentaria, generalmente producidos por ellos. Los subsidios destinados a los pequeños productores no tendrían compromisos de reducción.

Esta propuesta busca aliviar los efectos más evidentes de los compromisos agrícolas para los países subdesarrollados y para los pequeños productores, pero deja intactas las fuentes de la injusticia: no cuestiona la legitimidad de la OMC ni los objetivos centrales del Acuerdo Agrícola: "lograr reducciones sustanciales y progresivas en el apoyo y la protección de la agricultura". Sin embargo, un comercio agrícola sin protección ni subsidios no es un comercio más justo.

Quizá el peor efecto de esta propuesta es que divide la resistencia campesina. La "caja de desarrollo" impediría la soberanía alimentaria para los países del norte y debilitaría a sus pequeños productores. En cambio idealiza el interés de los países del sur por proteger su sector agrícola y a sus campesinos pobres. Pero muchos gobiernos de países subdesarrollados -como es el caso ejemplar de México- son gobiernos trasnacionalizados, que prefieren favorecer los intereses de un puñado de corporaciones antes que proteger su sector agrícola, ni a la mayoría de los campesinos productores de cultivos básicos. El gobierno de México no ha utilizado los aranceles-cuota a los que tiene derecho para proteger los cultivos de maíz y frijol, principales productos básicos para la alimentación, y principal actividad de 3.2 millones de campesinos, que viven en condiciones de pobreza. México nunca ha aplicado los mayores aranceles a las importaciones permitidos por la OMC, sino que ha optado por aplicar a cualquier país los aranceles menores comprometidos frente a Estados Unidos y Canadá en el TLCAN. Tampoco utilizó las salvaguardas especiales para los productos agrícolas que en su mayoría vencieron en el año 2003 frente a los países del TLCAN, y no ha utilizado las 293 salvaguardas a que tiene derecho en la OMC.

Frente a estas demostraciones, la participación de México en la última propuesta conjunta de los 17 países subdesarrollados es intrascendente y las organizaciones campesinas harán bien en refrendar su compromiso con la soberanía alimentaria.