Ojarasca 76 agosto de 2003

Murat juega a no resolver


G. Guerrero, Chimalapas, Oaxaca. El conflicto agrario y social que cíclicamente enfrenta desde hace cuarenta años a la comunidad zoque de Santa María Chimalapa, con la colonia ganadera Cuauhtémoc, hizo crisis el pasado 10 de junio, cuando un grupo de más de 30 supuestos ganaderos, encapuchados y con el torso desnudo, realizó una abierta provocación a más de 200 comuneros que se encontraban en la montaña, finiquitando la apertura de la brecha en la zona en conflicto entre ambos predios. Al verse súbitamente agredidos con armas de alto poder (R-15 y AK-47), los comuneros se vieron obligados a responder con retrocargas y rifles de cacería, suscitándose un enfrentamiento a más de 150 metros de distancia entre los bandos. Cuando, luego de una hora de tiroteo, se realizó el repliegue de los dos grupos, se encontró el cadáver, precisamente (él y no ningún otro) del señor Andrés Luis Luis, presidente del Consejo de Administración de la Colonia, caído en una zona diferente de aquella en donde ocurrió la balacera, presentando el cuerpo, además de impacto de bala, una serie de machetazos, siendo que nunca existió un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

A raíz de estos hechos, se abrieron averiguaciones previas del fuero común por el delito de homicidio, en contra de las autoridades comunales y se desató --desde el gobierno del estado de Oaxaca--, una campaña de persecución, difamación e intimidación sobre Luis Bustamante Valencia (Coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas-CNDCCH) y sobre la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, AC, a quienes el gobernador José Murat acusó de "agitar y radicalizar" a la comunidad de Santa María.

Desde el primer momento, tanto la comunidad como el CNDCCH, solicitaron que este caso de homicidio y el relativo al secuestro de 155 comuneros realizado el 18 de abril de este mismo año, por parte también de supuestos ganaderos, fueran atraídos por la PGR, dado que en ambos hechos se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército federal. Esta solicitud se basó además en la desconfianza de los comuneros hacia la PGJE y hacia el poder judicial del estado. De hecho, en abono de esta desconfianza hay que decir que el Ministerio Público de Fuero Común (MPFC) de Matías Romero, Oaxaca, permitió el levantamiento del cuerpo, sin dar fe, y que además se le enterrara sin la autopsia de ley. Posteriormente, este mismo funcionario intimidó al abogado defensor de los comuneros, amenazándolo con dañarlo a él y a su familia, lo cual hizo que dicho profesionista abandonara el caso.

Investigaciones posteriores, realizadas por la propia comunidad, ubicaron en la colonia Cuauhtémoc, a un grupo paramilitar fuertemente armado, sostenido por narcoganaderos de ingreso relativamente reciente en la colonia (1997-1998), quienes, mediante la violencia, mantienen hoy el control de la asamblea y del Consejo de administración de la Cuauhtémoc. Los comuneros tienen información de que este grupo paramilitar, encabezado por Miguel Herrera Lara (alias El Cocodrilo, expresidente municipal de Cosolapa, Oaxaca, ex diputado local por el PFCRN, prófugo de la justicia del estado de Veracruz y hoy flamante colono) mantenía bajo amenaza al señor Andrés Luis, por su actitud de apertura hacia una solución pacífica del conflicto con los Chimalapas.

La existencia de este grupo paramilitar fue denunciada por las autoridades comunales, en la reciente, muy veloz y excesivamente vigilada visita que el 31 de julio, realizaran a la comunidad de Santa María Chimalapa, el gobernador José Murat y Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria; acto que por cierto fue copado y manipulado por las autoridades gubernamentales, quienes presionaron de manera privada al presidente del comisariado y cancelaron de forma abrupta el evento, en el momento en el que iban a hacer uso de la palabra los comuneros.

Hoy ambos casos --el secuestro de comuneros y el homicidio del dirigente colono-- han sido tomados finalmente por la PGR, de quien se esperarían nuevos y objetivos peritajes, exhumación y autopsia al cadáver del señor Luis, así como investigaciones a fondo sobre la existencia del grupo paramilitar denunciado.

Por su parte, comisiones de comuneros y ganaderos realizan nuevos "diálogos" en la ciudad de México, en busca de una solución definitiva, la cual el secretario de la Reforma Agraria prometió ante la asamblea de Santa María, llegaría en un plazo máximo de cuatro meses más. ¿Será?


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