Alfredo Limas Hernández

Emergencias desatendidas

El Plan Integral de Seguridad Pública que el gobierno federal impulsó para Ciudad Juárez no está hecho de frente al femenicidio sexual serial, por más que las autoridades del gobierno de la República hayan hecho suyo -en las palabras- el eslogan de Ni una muerta más en Juárez. Más parece una oferta mediática hecha para el consumo del extranjero y la observación internacional del caso.

El femenicidio sexual serial en esta urbe fronteriza es una situación de emergencia nacional, como lo han sostenido las organizaciones civiles de la región. Ante la sistemática y recurrente violación a los derechos de las víctimas y sus familias, ya por la negligencia judicial o por los silencios de otros niveles de gobierno, lo cierto es que las acciones gubernamentales, en su desinterés o ineficiencia, han favorecido la impunidad. A casi 10 años de esta atrocidad perpetuada por bandas criminales, que para la Procuraduría General de la República no son formas de delincuencia organizada, las víctimas no han tenido la garantía a un proceso judicial adecuado. Sus derechos se han violentado aun después de sus muertes.

El gobierno federal presentó el plan integral de frente a la violencia y los crímenes de género, pero está plagado de promesas incumplidas y desarticulaciones. Los diagnósticos son incompletos e incluso ha habido mentiras y manipulaciones en su puesta en marcha (hay quienes reclaman la autoría total del proyecto).

El plan tiene un problema sustancial: carece de contenidos estratégicos y de sustentabilidad, a la par que es germen de confusiones. Así, por ejemplo, el mando de los operativos que se anunció recaería en cuerpos federales no procedió; con seguridad porque no fue producto de un consenso para la interacción de las fronteras jurisdiccionales en la procuración de justicia.

Al iniciar la tercer semana del plan, las autoridades siguen pidiendo tiempo para presentar resultados, con la promesa de una evaluación a tres meses del arranque. Sin embargo, esto sería un cheque en blanco, puesto que a la opinión pública no se le han presentado los indicadores y las metas que inscriban la calidad de extraordinario, emergente y eficiencia del plan.

El esclarecimiento de los feminicidios, con el aval de la sociedad civil juarense, sigue pendiente, aunque se ha instituido una fiscalía mixta. Esta tendrá participación de las dos procuradurías de Justicia. Mas no se ha observado el inicio de la vinculación con las familias de las víctimas, a pesar de que se decía que garantizaría su papel de coadyuvantes en la investigación. Tampoco hay precisión respecto a cuáles feminicidios atenderá la fiscalía. Las tres jóvenes ejecutadas mientras se inauguraba el plan no fueron consideradas en los trabajos, al tiempo de la continuidad de la política de inculpados exprés que ahora existe en Chihuahua.

La prevención sigue en entredicho. En efecto, en Ciudad Juárez las familias tienen miedo. El plan no ha representado una posibilidad de esperanza y seguridad. No tiene tamaño de una política de Estado, como toca a la corresponsabilidad interinstitucional de diversas secretarías del gobierno federal, además de la interacción de los tres niveles de gobierno. Es apenas una colección de acciones que no inscriben innovaciones en el sistema político mexicano y para la eficiencia del estado de derecho.

La perspectiva de género no aparece como coeficiente de definición del conjunto de las acciones y sólo es un accesorio en elementos marginales de las 40 que configuran el plan. A esto habrá que sumar que en su inauguración formal, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, se comprometió a algunas otras, como el traslado de Chihuahua a Juárez de un preso inocente, según el concepto que Amnistía Internacional dio al caso de Javier García.

El plan ha sido el anuncio de una sumatoria de actos, no una política específica. En mayo, en una comisión intersecretarial se hablaba de 20 acciones, y en semanas el total subió a 30. Un día antes del plan, que se presentó en Juárez como programa, se dijo que eran 35, y el 22 de julio se anunciaban las 40 acciones del que luego se redefiniría sobre el camino como plan.

Es necesario que se definan las cosas con mayor responsabilidad pública y con opciones fundamentales por la defensa de la justicia y el estado de derecho. La alternancia no ha significado la transición democrática en estos ejercicios de gobierno, como tampoco lo significó en el caso de la región que nos preocupa: la frontera juarense. A 20 años de alternancia, los déficit en una gobernación democrática siguen manifestándose, por la reproducción de la política del "antiguo régimen", caracterizada por oponerse desde sectas partidistas.

No es aceptable que las autoridades pidan tiempo para ofrecer resultados, tampoco es correcto que se haya dicho que se enfrentará a la violencia de género "desde sus raíces", cuando para ello se habla de instalar casetas telefónicas o líneas de atención de la violencia intrafamiliar. El problema es la impunidad.

No es legítimo que este plan no haya tenido la dignidad de acercarse alas familias de las víctimas para conocer sus prioridades. Es injusto que a esas familias no se les haya concedido audiencia en los términos que hacía posible la presencia de los funcionarios de Estado, los que en cambio sí se entrevistaron en privado con la élite empresarial de Juárez. A las madres, el secretario Creel les pidió que enviaran sus casos por escrito.

Hoy se tienen varios aprendizajes. El plan no cuenta con la suficiente legitimidad para que la comunidad juarense se sienta corresponsable. Tras las confusiones, es imprescindible que se empiece a llamar las cosas por sus nombres. No es un Plan Integral de Seguridad Pública, pues no da prioridad al derecho de libre tránsito y seguridad de las mujeres. El mayor énfasis no está orientado a la protección de la integridad física, sino a la prevención de los delitos contra la propiedad privada, sobre todo en las 35 colonias de Juárez que se identifican con más índices al respecto.

Hasta el momento se requiere mayor voluntad política para hacer las cosas de la forma correcta. Urge que se defina la condición de emergencia social a esta localidad y se otorgue el carácter de extraordinario a las atenciones para las víctimas y sus familias. El camino es por medio de la determinación de las instancias federales involucradas para formular las acciones con la ciudadanía juarense, desde las prioridades que sean indispensables para esta comunidad.