Actuó con cobardía: Corte de Apelaciones de Santiago

La justicia chilena debe corregir los errores que cometió en la dictadura

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 7 de julio. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, dijo hoy que los tribunales de justicia aún están a tiempo de hacer un mea culpa por su cobarde conducta durante la dictadura del general Augusto Pinochet, cuando negaron todo amparo a los perseguidos y a sus familiares.

En tanto, la ministra de Justicia, Michelle Bachelet, señaló que el ex brigadier retirado Miguel Krassnoff participó en su detención y los posteriores interrogatorios a que fue sometida junto con su madre en centros de tortura de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina).

Cerda sostuvo que la justicia militar sigue sin otorgar las garantías necesarias para que la sociedad valide su actuación. "La única manera que un Poder Judicial tiene de hacer mea culpa es actuando como le corresponde, es decir, investigando y decidiendo de conformidad con los antecedentes que recoge", señaló.

"Ciertamente el Poder Judicial está actuando y en ese sentido está a tiempo de enmendar sus errores", declaró en relación con los procesos que afectan a decenas de ex militares acusados de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas bajo el régimen de Pinochet.

En tanto, Bachelet dijo recordar muy bien que una de las personas que concurrió a detenerla a su casa fue Krassnoff, y que "durante los interrogatorios en Villa Grimaldi estuvo allí, pero como a uno le vendaban los ojos, no puedo dar fe de algunas otras cosas".

Sin embargo, añadió, "he escuchado muchas veces su nombre mencionado" en numerosos actos, "algunos muy violentos".

Por otra parte, el cuerpo de generales y almirantes en retiro de la fuerzas armadas abogó por la amnistía, el indulto y la rebaja de penas para los militares que enfrentan procesos por violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura, entre 1973 y 1990.

En una declaración pública, pidieron también que se termine con la figura de "secuestro permanente" que aplican los jueces al investigar los casos de los detenidos-desaparecidos, en los que el delito se mantiene mientras no aparezca el cuerpo de la víctima.