Ojarasca 74  junio 2003

veredas

Guerrero
No dejan en paz a la Montaña

Eugenio Bermejillo. La Montaña de Guerrero brilla por la cantidad de "focos rojos" que amenazan con desbordar la violencia. Abel Barrera, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, con sede en Tlapa, Guerrero, enumera por lo menos siete conflictos sociales y agrarios que deberían llamar a alarma. Una constante en estos casos es que "el gobierno se ha desentendido del conflicto y ha jugado con las partes para tener el control político de la región. La autoridad no ha sido capaz de sentar a las partes para consensar propuestas que nos pongan en el camino de la conciliación" afirma Barrera.

Esta situación fue tema importante en el taller "La Montaña no aguanta más", con el que se celebró el noveno aniversario de Tlachinolan. A este taller asistieron las partes de muchos de estos conflictos, sin embargo no ha sido posible presionar para un diálogo entre ellas. Según Abel Barrera, un obstáculo importante para el diálogo es la situación de impunidad que forma parte de la "normalidad" guerrerense: "la impunidad sigue reinando en el estado y eso ha promovido mayor confrontación. Este es el punto más importante en nuestra actividad como centro de derechos humanos. Sobre todo porque los pueblos indígenas no tienen acceso al sistema de justicia nacional. Siguen sin cumplirse las recomendaciones a de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como tampoco un centenar de las que ha emitido la comisión estatal. La mayoría de los comandantes de la Policía Judicial cuentan con recomendaciones pero no pasa nada. No les han impuesto siquiera una sanción administrativa. Se sigue encubriendo al ejército cuando viola derechos humanos".

La región de Olinalá es un ejemplo del conflictos a punto de desbordarse. Hace quince años los ganaderos de esta zona lograron convencer a los indígenas de las comunidades indígenas de Xitopontla y en Amatlicha que les rentaran parte de sus tierras. Ahora los ganaderos tienen escrituras de estas tierras que fueron reconocidas recientemente como ejidos. Sobre esta base pretenden probar que son los dueños de más de mil hectáreas que los indígenas tenían en posesión tradicionalmente. Las autoridades agrarias no le han dado valor a los documentos ancestrales de las comunidades indias y han basado su actuación en el decreto de los ganaderos. Los indígenas engañados reaccionaron frente a los abusos y ahora tienen averiguaciones previas por despojo y daños en propiedad ajena, existe entre ellos el temor a ser detenidos. El último episodio es que los ganaderos quemaron 21 casas que fueron construidas por los indígenas para la siembra, sin que las autoridades hayan intervenido.

Otro caso es el enfrenamiento entre los municipios tlapanecos de Zapotitlán Tablas y Acatepec. Hace 4 años se firmó un convenio por medio del cual le correspondía 40 por ciento de las tierras en disputa a Acatepc y el resto a Zapotitlán. El convenio nunca se llevó a cabo y, ante la negligencia de las autoridades, Acatepec inicio el deslinde por su cuenta. La reacción de Zapotitlán no se he hizo esperar y el pasado mes de abril más de mil indígenas tiraron las cercas y se declararon dispuestos a lo que viniera. Hoy la vía del diálogo está más alejada que nunca, Zapotitlán pretende ahora el total de las tierras.

"Como organización de derechos humanos hemos hablado con las partes" --afirma Abel Barrera--, "al grado que en el taller de "La Montaña no aguanta más", estuvieron ambas. Obviamente cada quien tiene su parte de historia en el conflicto, pero analizándola es el gobierno el que debe pagar su cuota ya que se ha desentendido y ha dosificado el conflicto para controlar la región".

La situación personal de Abel Barrera da testimonio del grado de conflictividad que existe en la zona. En un contexto de aislamiento, indiferencia gubernamental, narcotráfico, movimientos armados y de uno de los grados más altos de pobreza en el país, la situación de los defensores de derechos humanos es la punta visible del iceberg de injusticia que viven las comunidades. Ante las constantes amenazas de muerte, Abel Barrera solicitó al gobierno federal medidas cautelares de protección a su persona. Se las negaron bajo el argumento de que no estaban contempladas en la Constitución. No fue sino hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino, que el gobierno comisionó a cuatro elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) para su custodia.

Para Abel Barrera esta medida está lejos de solucionar el problema: "Hemos insistido en que se averigüe de dónde vinieron las amenazas. Sin embargo en las mesas de trabajo con las autoridades del estado queda claro que no están investigando. En varias ocasiones han puesto en duda las amenazas, incluso la documentación legal de la primera amenaza está perdida."

Por ahora Abel Barrera sigue acompañado de cuatro custodios. Estos hacen reportes diarios que mandan a la PGR: "Son reportes basados en mi vida privada, que no dan sustento a mi protección. Eso me pone en un mayor indefensión, porque se está armando un expediente que más adelante podrá ser usado para desacreditar mi trabajo como defensor de los derechos humanos".

Aunque fuera de la región de La Montaña, Xochistlahuaca representa otro de los llamados "focos rojos" del estado de Guerrero. En la larga lista de agresiones que ha sufrido este proceso autonómico, ahora tocó la ocasión al saqueo de los archivos del registro civil del municipio. El foco de Xochistlahuaca sigue prendido gracias a la animosidad que ha despertado entre los caciques de esta zona la creación de un municipio autónomo.
calderonvazquez
 


Oaxaca

Avanza la marcha

Está recorriendo las carreteras oaxaqueñas la Marcha Caminata por la Dignidad y la Esperanza de los Pueblos Indígenas de Tehuantepec. Más de 30 comunidades zapotecas, mixes, huaves y chontales partieron el pasado 15 de junio de la ciudad de Juchitán con rumbo a la capital oaxaqueña.

Convocada por las asociaciones cívicas e indígenas de Unión Hidalgo y la Coordinadora Democrática de Pueblos esta marcha tiene como uno de sus objetivos obtener la libertad de los presos políticos Carlos Manzo, Francisco de la Rosa Gómez y Luis Alberto Marín López, que participaron en el movimiento por la democracia y transparencia en Unión Hidalgo.

Sin embargo, la marcha-caminata está convocando a su paso la participación de numerosas comunidades que han van sumado y potenciando sus demandas para incluir la liberación de recursos económicos para los proyectos productivos y la solución a los problemas municipales en Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, San Pedro Huamelula, Santiago Astata y Santiago Laollaga, existentes en la región del Istmo.

El objetivo de la marcha es la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno oaxaqueño. Un diálogo que el gobierno de José Murat había prometido (e incumplido) al movimiento unihidalguense.

La nutrida participación en la marcha habla de una renovación del movimiento indígena. Una nueva generación de istmeños retoma las banderas donde las había dejado la Coalición Obrero Campesino y Estudiantil del Istmo (COCEI). (EB)
 
 


Alvarado, Veracruz. Foto: Ernesto Lehn
Cholula, Puebla. Foto: Víctor Mendiola
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