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México D.F. Martes 3 de junio de 2003

Nora Patricia Jara

Secuelas del corporativismo sindical en el DF

Terminó mayo con altas temperaturas, marchas y plantones de cientos, y en ocasiones miles, de trabajadores que desquician el Distrito Federal por varias semanas. Algunos, luego de las protestas, regresarán a sus comunidades para volver el año próximo con las mismas demandas. Otros continuarán aprovechando la coyuntura electoral para disputar espacios políticos.

Frente a esto surge la pregunta: Ƒpor qué en México existen trabajadores de primera y de segunda? Desde hace más de una década, maestros de distintas secciones inconformes con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación arriban a la capital del país para exigir un salario digno y respeto a sus garantías laborales; sin embargo, la respuesta año con año es la misma: "Regresen a sus estados a negociar", lo que es imposible porque no son reconocidos por autoridad alguna.

Este cuento de nunca acabar evidencia la necesidad de reformar las estructuras de los sindicatos en el país. De dar solución a los añejos problemas generados por el corporativismo y la corrupción, a los que se suma la pobreza, la falta de preparación, que repercute en el desconocimiento de sus derechos, y a la carencia de representación o auténtico liderazgo.

En medio de estas realidades observamos también cómo organizaciones obreras, con aviesos fines políticos y lucrativos, toman en rehenes a los habitantes de la capital, deslegitimando la lucha de los trabajadores reconocida por la Constitución, como es el derecho a manifestarse o de huelga. Con presiones y hostigamientos, como el tradicional pase de lista, los trabajadores al servicio del Gobierno del Distrito Federal se apoderaron estratégicamente de las principales arterias de la capital, ahorcando el tránsito de vehículos y personas, cuyas pérdidas se calculan en cuatro millones de pesos diarios para los comerciantes del primer cuadro de la ciudad.

Encabezados por José Medel, aspirante priísta a una diputación plurinominal, los burócratas del gobierno capitalino amenazaron con una huelga que no tiene respaldo jurídico, ya que la ley en la materia dice que para aplicar la medida se requiere que las condiciones generales de trabajo se violen general y sistemáticamente; circunstancia que dista de ser un hecho, más allá de lo que digan los millonarios dirigentes sindicales.

En el conflicto se argumentan falsas premisas para hacer creer que las políticas laborales del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, son contrarias a las exigencias obreras y atentan contra sus derechos mediante la represión y la desatención de sus demandas, entre las que está el aumento de prestaciones fijas, ya negociadas en su mayoría ante las autoridades correspondientes, y otorgarlas implicaría la aprobación de un nuevo presupuesto.

Para remontar ésta y otras diferencias, como las que persisten con el Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, López Obrador propone que las prestaciones fijas se transformen en salario, o que las entregue la empresa o la institución y no los sindicatos. Se trata de situar a los trabajadores en una realidad: el dirigente obrero debe ser un gestor y no un dador de bienes, en especial en las empresas o instituciones prestadoras de servicios, con el fin de hacerlos llegar al verdadero beneficiario, el trabajador, y que esos bienes no terminen enriqueciendo a sus representantes o que les sirvan para impulsar carreras políticas, que se materializan lejos de los intereses de los trabajadores.

La respuesta de la dirigencia de los burócratas ha sido hostil y envía el mensaje de que se quiere dar marcha atrás a los logros de la lucha sindical en México y hasta la compara con la llamada ley Abascal, la cual sugiere que las prestaciones sean parte del salario, pero la diferencia es que las ubica dentro de un paquete que pretende eliminar el derecho de huelga o de libre sindicación.

Sin duda, actualmente el reto es desaparecer el corporativismo predominante y acéfalo heredado de una estructura de un solo partido político en el poder, donde los "representados" de las centrales obreras eran controlados por el gobierno en turno. Esta es una tarea del Legislativo y de todos los ciudadanos.

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