.
Primera y Contraportada
Editorial
Opinión
El Correo Ilustrado
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
CineGuía
Lunes en la Ciencia
Suplementos
Perfiles
Fotografía
Cartones
La Jornada en tu PALM
La Jornada de Oriente
La Jornada Morelos
Librería
Correo Electrónico
Búsquedas

P O L I T I C A
..

México D.F. Domingo 25 de mayo de 2003

Carlos Montemayor

Adiós al INI

En enero de 2001, en páginas de La Jornada, comenté que por vez primera después de 52 años, después de nueve directores "nacionales", se había nombrado como director general del Instituto Nacional Indigenista (INI) a un indígena, el antropólogo Marcos Matías Alonso, nahua de la sierra de Guerrero. Era un cambio importante a nivel burocrático. Señalaba que era imposible saber si a ese cambio sobrevendría también una transformación más profunda en la orientación esencial del INI.

La actitud de Marcos Matías Alonso ante el conflicto de Chiapas fue clara en varios momentos. Por ejemplo, cuando afirmó expresamente que su administración apoyaría los acuerdos de San Andrés y lucharía por "la defensa de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y la paz duradera y digna en Chiapas." También había asegurado que sus tareas se inspirarían en "el principio moral de nuestros pueblos: mandar obedeciendo, que ha vuelto a renacer en el sureste de México". Se propuso transformar esa institución con una diferente perspectiva: no ver a los pueblos indios como objetivos de la caridad pública, sino como actores políticos plenos.

Me parece oportuno reiterar algunos señalamientos del hoy extinto Instituto Nacional Indigenista, porque fue el más notable organismo oficial encargado de promover la política en la materia en México durante el siglo XX. En efecto, a partir de su creación, en 1948, el INI se propuso no reducirse a un enfoque meramente cultural, sino aplicar programas de promoción económica, agricultura, caminos y planeación de tierras, bosques y aguas. Sus bases organizativas fueron los llamados centros coordinadores, que iniciaron proyectos regionales de desarrollo para abarcar a los núcleos indígenas marginados y a las vecinas poblaciones mestizas que se hallaban igualmente en situación de subdesarrollo. Entre 1950 y 1969 se crearon 11 centros coordinadores.

El incremento del poder adquisitivo fue considerado en ese momento un prerrequisito indispensable para la aculturación de los pueblos. También la restitución de tierras a las comunidades despojadas. Igualmente, las mejoras a la tecnología agropecuaria y el consecuente aumento de la producción. Se creó un sistema de cooperativas y crédito rural. Comenzó a construirse una red de caminos para facilitar el transporte. Se extendió el sistema educativo y se difundieron conocimientos médicos y sanitarios. Trataron de aplicarse todos los programas en forma integral, como proyectos regionales en las cuencas del Papaloapan y del Tepalcatepec, o mediante los centros coordinadores en los Altos de Chiapas y en la sierra Tarahumara; o mediante otras agencias gubernamentales en el valle del Mezquital y en la zona indígena del río Yaqui.

Para modernizar la economía indígena, los centros coordinadores desarrollaban diversos programas de comunicaciones, salubridad, educación, agricultura, ganadería y silvicultura. Las secretarías de Estado vinculadas con esas tareas depositaron en los centros coordinadores, al menos formalmente, la dirección y a veces la administración de estos programas, previendo que la coordinación aseguraría el logro de los objetivos, lo que fue en verdad uno de los puntos débiles del indigenismo institucional del pasado siglo.

He comentado ya que en pleno crecimiento de los centros coordinadores, Alfonso Caso leyó una optimista conferencia en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, en la Universidad de París, el 20 de octubre de 1956, donde afirmó lo siguiente:

"...esperamos que el problema indígena como tal desaparezca en los próximos 20 años. Pero eso no implica naturalmente que los valores culturales indígenas habrán muerto entonces; por el contrario, seguirán incorporándose, como ha sucedido hasta hoy, en la vida mexicana..."

Desafortunadamente, cuando los 20 años se cumplieron, comenzó en México a reconocerse y analizarse el "fracaso" del indigenismo, que Caso había proclamado. He dicho en varios momentos que uno de los mejores trabajos de evaluación y análisis lo escribió en 1971 Alejandro Dagoberto Marroquín. En la sección de consideraciones críticas situó en primer lugar, precisamente, la dispersión de la acción indigenista. Varias secretarías de Estado, como las de Agricultura, Salubridad y Asistencia y Recursos Hidráulicos, y diversas oficinas públicas como el Departamento Agrario, el Banco de Crédito Ejidal, la Comisión del Yaqui o el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital realizaban otras acciones indigenistas a veces con mayor presupuesto y menores responsabilidades que el INI, el cual nunca tuvo poder para obligar a dependencias estatales o federales a cumplir sus decisiones. Su autoridad era moral y su coordinación sólo formal. Los cambios que impulsó requerían de un indigenismo más vigoroso y eficaz. Las campañas sanitarias redujeron la mortalidad y la explosión demográfica fue notable en algunas zonas indígenas. Este crecimiento tuvo tres principales consecuencias: una fuerte presión sobre la tierra, procesos migratorios a zonas selváticas no colonizadas y éxodos importantes hacia las ciudades.

En sus primeros años el indigenismo mexicano fue considerado como vanguardia en el continente. Los principios fundamentales que lo sustentaron y la proyección metodológica del tratamiento regional coordinado fueron acogidos por los congresos indigenistas interamericanos como experiencias que debían estudiarse e imitarse. La acción del INI logró sensibilizar a sectores importantes de la población civil frente al problema indígena. Rompió el aislamiento de muchos grupos y redujo actitudes discriminatorias. Promovió cambios socioeconómicos en la vida de las comunidades, como el mejor aprovechamiento de los recursos naturales mediante el cultivo a base de terrazas, la explotación racional de los bosques, la introducción de frutales, el cultivo de flores y el mejoramiento de semillas y especies pecuarias. Luchó contra el enganchamiento abusivo de los indígenas y por la liquidación de este sistema. Mejoró la vivienda indígena y difundió la luz eléctrica y las comunicaciones telegráficas y telefónicas. Realizó campañas sanitarias con la consiguiente reducción de la mortalidad infantil. Esto quedó en su haber como una labor sumamente positiva.

Pero el análisis de Marroquín concluyó así en 1971:

En resumen podemos decir que la labor del INI presenta aspectos muy positivos pero, desgraciadamente, también negativos que necesitan ser corregidos a la mayor brevedad; por otra parte, la mayoría de los aspectos positivos se ubica en el pasado del instituto, pues a partir de los últimos seis años se inicia en el INI un periodo de franca declinación, cuya caracterización simbólica nos la da el retorno de familias chamulas y de otros grupos indígenas a la selva lacandona, después de haber vivido más de 20 años bajo la protección del INI. Este retorno a la vida silvícola bajo la presión de la miseria y el hambre expresa el fracaso de una política indigenista que, bien orientada teóricamente, fue lentamente carcomida por la herrumbre burocrática.

El "retorno a la selva lacandona" era una confusión significativa. Los tzotziles y "otros grupos" (no las "familias chamulas", que corresponden tan sólo al poblado de San Juan Chamula) habitaban en los Altos y en el norte de Chiapas, pero no necesariamente en la selva. Más que un retorno, se trataba de una migración hacia la selva. Esa migración formaba parte ya en ese momento de un proceso social más amplio, que desde 1972 fue incubando el levantamiento armado de los pueblos indígenas en el corazón de la selva lacandona y que he explicado ampliamente en mi libro Chiapas, la rebelión indígena de México.

En la década de los 70, pues, fue posible entender que la política indigenista representada y encomendada al INI había entrado ya en un proceso irreversible de inoperancia y estancamiento. En diversos momentos se planteó al gobierno federal la transformación radical del instituto, con el fin de superar primordialmente su carácter asistencialista y burocrático. En décadas recientes resultó evidente que las políticas indigenistas iban a la zaga de la realidad social de los pueblos indígenas y que era necesaria otra concepción social para impulsar y reconocer el desarrollo de estos pueblos, porque a lo largo de su vida el INI impulsó proyectos fundamentalmente "externos", que se dirigían desde la "sociedad nacional" hacia los pueblos indios, pero no se propuso fortalecer vectores culturales "internos" de esos pueblos. Pero la transformación del INI se fue posponiendo. La institución siguió contando con una información abundante y especializada sobre numerosos aspectos sociales, jurídicos, económicos, demográficos y educativos de las poblaciones indígenas del país.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de Naciones Unidas, por otra parte, suscrito por México en 1989 y ratificado por el Senado de la República en 1990, proporcionaba un marco renovador para impulsar el cambio de la institución y de las políticas indigenistas en México. Por desgracia la firma y ratificación del Convenio 169 habían sido solamente un gesto demagógico. Después también fue demagógica la firma de los acuerdos de San Andrés, que constituyen la formulación social más avanzada de los cambios que podrían haber sobrevenido a la transformación del INI.

Ahora el gobierno de Vicente Fox, que había prometido resolver en 15 minutos el conflicto de Chiapas, liquida finalmente el INI y crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios. El presidente Fox, que tiene un incontenible deseo de aplaudirse a sí mismo a todas horas, no ha sido capaz de entender la importancia histórica del INI y mucho menos los alcances y limitaciones de las políticas indigenistas. Por ello ha creado la nueva comisión nacional con los mismos principios asistencialistas y burocráticos que marcaron la decadencia de la anterior institución. Además, esta nueva comisión hace a un lado los avances que contiene el Convenio 169 de la OIT y reitera la posición asistencialista del indigenismo tradicional. No hay un cambio en la concepción social para avanzar en la relación del Estado con los pueblos indios. Hay más burocracia, retroceso y demagogia. El presidente Fox cree que está haciendo historia con las políticas indigenistas. Y así es, pero como los cangrejos: hace historia caminando hacia atrás.

Números Anteriores (Disponibles desde el 29 de marzo de 1996)
Día Mes Año
La Jornada
en tu palm
La Jornada
Coordinación de Sistemas
Av. Cuauhtémoc 1236
Col. Santa Cruz Atoyac
delegación Benito Juárez
México D.F. C.P. 03310
Teléfonos (55) 91 83 03 00 y 91 83 04 00
Email
La Jornada
Coordinación de Publicidad
Av. Cuauhtémoc 1236 Col. Santa Cruz Atoyac
México D.F. C.P. 03310

Informes y Ventas:
Teléfonos (55) 91 83 03 00 y 91 83 04 00
Extensiones 4445 y 4110
Email