Por capitalización, Bancomer y Banamex no necesitaban apoyo, según el informe Mackey

Rompen Hacienda e IPAB por la revisión del rescate bancario

El gobierno quiere evitar la auditoría, el instituto la considera indispensable; niegan funcionarios de este último avalar pagarés

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El abierto interés mostrado por el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada por proteger a cuatro bancos privados para evitar que sean sujetos a una nueva revisión que reduzca el costo del saneamiento financiero, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades en el rescate bancario, provocó una ruptura entre la Secretaría de Hacienda y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), revelaron fuentes cercanas al organismo.

El IPAB, que dirige Julio César Méndez, y cuya junta de gobierno encabeza el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, rechazó avalar pagarés por 45 mil millones de pesos que amparan operaciones irregulares realizadas durante el rescate bancario de 1995 y que el gobierno federal pretende que sean cargados al erario público.

En tanto, el gobierno federal realiza desde hace un par de meses gestiones legales ante la Suprema Corte de Justicia para evitar que los cuatro bancos involucrados -Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte--sean sujetos de la nueva revisión recomendada por la Auditoría Superior de la Federación y que el IPAB considera indispensable para que sean canjeados los pagarés de rescate bancario, emitidos durante la administración del ex presidente Ernesto Zedillo.

En el programa de capitalización y compra de cartera abierto en 1995, los banqueros transfirieron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) créditos irregulares, como autopréstamos, financiamientos sin garantía e intereses moratorios, que la ASF detectó en la última revisión de la cuenta pública y recomendó al IPAB rechazar esas operaciones, que amparan un monto por 45 mil millones de pesos. Los bancos buscaron el amparo de la justicia en contra de esa revisión.

Maquillaje del arqueo

Extrañamente, en el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que concluyó el 30 de abril pasado, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (del PRI) buscó la aprobación de un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda para que, en su calidad de miembro de la junta de gobierno del IPAB, someta al acuerdo la firma de un convenio con los bancos a fin de realizar las auditorías que ordena el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB.

Sin embargo, las fuentes cercanas al IPAB que conocen de este proceso consideraron que los términos del acuerdo representan un maquillaje del arqueo y permitirían a los bancos sólo reducir el costo del rescate bancario en cuando mucho 500 millones de pesos, cifra claramente inferior a los 45 mil millones en que el IPAB considera que puede disminuir ese costo.

De acuerdo con los comentarios de estas mismas fuentes, el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, expresó su abierta oposición a esta maniobra, que significaría un golpe más a los contribuyentes, que ya cargan con una deuda derivada del rescate bancario que, de acuerdo con la ASF, alcanza 920 mil 270.8 millones de pesos.

Auditorías minuciosas a empresas del titular de la ASF

Según estos mismos reportes, el choque también se dio entre el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, cuyas empresas relacionadas con la radiodifusión y la distribución de automóviles, fueron objeto de auditorías fiscales minuciosas. Esto motivó la filtración de los informes sobre la empresa Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), contratada sin licitación por el Servicio de Administración Tributaria (SAT, dependiente de Hacienda). Recibió un contrato por 2 mil 500 millones de pesos que no fueron reportados al gobierno federal.

Las irregularidades en el rescate bancario, que encontró la ASF y que el gobierno federal pretende pasar por alto, fueron documentadas por el órgano de fiscalización del Congreso en el informe de la Cuenta Pública de 2001, primer año de la administración del presidente Fox.

En ese documento, en el que se recomienda la revisión de los pagarés, la ASF señala que en los programas de apoyo a ahorradores la instrumentación careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en las decisiones, falta de transparencia en las operaciones y ambigüedad en las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas.

En particular, encontró que instituciones como Bancomer y Banamex, las dos más importantes del país, transfirieron de manera irregular al Fobaproa intereses moratorios, algo que no estaba considerado en las bases para la capitalización emitidas durante el proceso de saneamiento financiero.

En otra observación, señala que Banamex, Bancomer, Banorte y Bital fueron incluidos en el programa de capitalización y compra de cartera, no obstante que sus índices de capitalización eran superiores al 8 por ciento señalado en la normatividad.

Los funcionarios encargados del proceso de saneamiento que ahora la ASF considera irregular, fueron: Guillermo Ortiz, entonces secretario de Hacienda; Miguel Mancera, ex gobernador del Banco de México; Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Martín Werner, ex subsecretario de Hacienda; Javier Gavito y Javier Arrigunaga, quien fungió como director del Fobaproa. La ASF tiene facultades legales para requerirlos.

Operaciones irregulares de dos bancos

ROBERTO GARDUÑO

De los 24 bank reports que forman parte del informe Mackey y que se encuentran en manos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los de Bancomer y Banamex señalan que esos bancos no necesitaban de apoyos gubernamentales para ser rescatados porque su índice de capitalización era más elevado de lo que exigía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). No obstante, la principal razón que los dueños de esas instituciones y las autoridades financieras pusieron en la mesa para ingresar al Programa de Compra de Cartera fue que era necesario prevenir un riesgo, y de no haber participado de esos beneficios hubieran enfrentado una desventaja competitiva con el resto de los bancos.

Esa ilegalidad costó al país a precio actual 149 mil millones de pesos, porque al día de hoy el pagaré de compra de cartera de Banamex asciende a 76 mil millones de pesos y el de Bancomer asciende a 73 mil millones de pesos. Si el IPAB hubiese dado a conocer a la opinión pública el contenido de los bank reports la conclusión sería que toda la operación de saneamiento y de Banamex y de Bancomer es irregular.

Además, en el artículo quinto de la Ley del IPAB se establece que en caso de encontrar irregularidades se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica.

Ese resultado pone en evidencia que aún existen temas que el Congreso federal desconoce en torno al costoso rescate bancario que asciende, a la fecha, a un monto de 920 mil 270.8 millones de pesos.

El elemento más importante que ofrecen los papeles de trabajo (bank reports) es que muestran y detallan la "ingeniería financiera" con la que se llevaron a cabo las operaciones a las que el auditor Mackey calificó de "transacciones reportables". De la lectura de éstos se desprenden los beneficios adicionales que obtuvieron los bancos como consecuencia de los "ilegales e inoperantes" programas de capitalización y compra de cartera".

Empresarios y banqueros se beneficiaron

Por lo que corresponde a Banamex, se detallan diversas operaciones, entre las que destacan aquellas donde destacados empresarios y banqueros se beneficiaron.

José Madariaga Lomelín -ahora directivo del BBVA Bancomer- se benefició con un crédito cuando era presidente del Grupo Financiero Probursa mediante el fideicomiso 12155-8, constituido en Bancen a nombre del banquero. El objeto de aquel préstamo fue comprar 76.3 millones de acciones del Grupo Financiero Probursa.

José Creel Cobián, primo de Santiago Creel, secretario de Gobernación, recibió de Banamex un crédito por 34 millones de dólares que fue utilizado para comprar acciones de la Casa de Bolsa Bursamex, institución posteriormente relacionada con el Banco del Sureste, de Eduardo Creel Cobián, y cuyo director de inversiones fue el actual presidente de la CNBV, Jonathan Davis. Ese banco fue intervenido en marzo de 1995 y el crédito fue vendido al Fobaproa en diciembre de ese mismo año.

En el caso de Bancomer, los beneficios para los banqueros y empresarios fueron muy redituables. En el working paper respectivo se señala que el Fobaproa adquirió 10 créditos de Luis Roberto Mazón López, dueño de diversas compañías del Grupo Mazón, por un monto de 194 millones de pesos y debido a que su padre, Enrique Mazón López, no sólo era accionista de Bancomer sino que pertenecía al consejo de administración de ese banco.

También está el caso de Abraham Silberstein Toiv, asesor de Bancomer y que controlaba las siguientes compañías: Consorcio Habitacional Lomas del Sol, Desarrollo Promotor Juansil, Exclusivas Orientales, Promotora Inmobiliaria Jardines de la Mesa, Racine, SA de CV y Universo de Regalos, quien recibió préstamos de Bancomer -ninguno fue pagado- y el 31 de diciembre de 1995 fueron transferidos al Fobaproa con valor de 225 millones de pesos.

Los préstamos irrecuperables

La calificación "E" es aplicada a los créditos que son irrecuperables, es decir aquellos de los que "nada" se va a obtener. El working paper de Bancomer ilustra que fueron transferidos al Fobaproa aproximadamente 138 millones de pesos "producto de 31 créditos, en diciembre de 1995".

Esto es una muestra de la ilegalidad de esas operaciones de compra de cartera, porque en el momento en que el Fobaproa adquiría un crédito irrecuperable equivalía a "comprar una deuda" que el gobierno federal debía aceptar previa autorización del Congreso federal. Esa autorización jamás se solicitó.

De hecho, en las bases de capitalización de Banamex y Bancomer figura una cláusula que textualmente establece: "Este documento es de carácter confidencial, por lo que el gobierno federal determinará la forma en que deberá darse a conocer el esquema de capitalización a la opinión pública".

En el caso de dos bancos analizados, Banamex y Bancomer, que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera, el Fobaproa pagó con todo e intereses moratorios y, de acuerdo con las actas del Comité Técnico del Fobaproa, esto no estaba permitido para el caso de Bancomer, porque junto a Banamex fueron los dos únicos bancos a los que se les compró cartera hipotecaria.

Mario Di Costanzo, asesor económico del grupo legislativo del PRD en la Cámara de Diputados, manifestó que "adicionalmente los bank reports manifiestan que ni Banamex ni Bancomer requerían de apoyos gubernamentales, por ello toda la operación de capitalización de los bancos podría ser irregular. Si fuera así se tendría que dar marcha atrás y devolver la cartera a los bancos, con la consecuente reducción de los pagarés. Ese hecho podría reducir el costo del rescate bancario entre 75 mil y 149 mil millones".

Los beneficios para los bancos en cuestión fueron los siguientes: adquisición de la cartera con intereses moratorios; constitución de reservas preventivas, en el caso de Banamex y Bancomer la composición de la cartera adquirida a ambas instituciones por parte del Fobaproa estaba constituida en aproximadamente 50 por ciento por cartera vencida, por lo que en ese momento los bancos obtuvieron un beneficio potencial sobre la cancelación de reservas preventivas, esto se tradujo en un beneficio adicional de aproximadamente 4 mil millones de pesos en Banamex y de 3 mil 200 millones de pesos en Bancomer. Esas operaciones virtuales permitieron que contablemente los bancos modificaran sus estados financieros y retiraran de las instituciones reservas de capital.

De manera adicional y fuera del laxo marco jurídico ya establecido por el Fobaproa, se otorgó a estas instituciones un perdón adicional equivalente a 20 por ciento de la reserva que se requería de acuerdo con las valuaciones de la cartera que se efectuaron. Estos incentivos adicionales a valor actual ascendieron en el caso de Banamex a mil 753 millones de pesos y en de Bancomer, a 3 mil 277 millones de pesos.

Se identificaron créditos irregulares adicionales a los identificados por el auditor canadiense Michael Mackey por 7 mil 500 millones de pesos en Banamex y por 2 mil millones de pesos en Bancomer. Los beneficios adicionales obtenidos más allá de la compra directa de cartera en el caso de Banamex ascendieron a más de 20 mil millones de pesos, los cuales podrían ahorrarse en caso de que el IPAB asumiera las recomendaciones y se ajustara estrictamente la ley para hacer cumplir las auditorías en los bancos ordenadas por el Congreso con el fin de reducir el costo fiscal del rescate bancario.

En el caso de Bancomer se obtendrían ahorros por 16 mil millones de pesos, es decir, los ahorros potenciales en el supuesto de que se cumpliera con el mandato que le dio el Congreso al IPAB de realizar las auditorías correspondientes a esos dos bancos, se reduciría la deuda en aproximadamente 38 mil millones de pesos.

Además, el universo de las operaciones reportables es de aproximadamente 17 mil 815 créditos, que involucran 73 mil 775 millones de pesos. Del total de las operaciones, 97 por ciento (17 mil 352) se refieren al Grupo "Aa", es decir operaciones del Programa de Compra de Cartera que no cumplieron con los criterios establecidos por el propio Fobaproa, y cuyo monto es de 24 mil 778 millones de pesos.

Cabe destacar que en ese listado entregado por el auditor Mackey no se especifica la desagregación de 16 mil créditos por un monto aproximado de 13 mil 600 millones de pesos, y no es posible conocer el nombre o razón social de las personas físicas o morales que fueron involucradas en ese tipo de operaciones, que representan más de 90 por ciento de las operaciones y más de 50 por ciento de los recursos fiscales involucrados.

Por lo que toca a las operaciones relacionadas "B", es decir a créditos que fueron otorgados entre los mismos accionistas de los bancos, a pesar de haber sido identificadas sólo 378 operaciones, involucran 57 por ciento del total de las operaciones reportables y están concentradas en Banca Unión, Inverlat y Confía, quienes detentan 75 por ciento de los créditos relacionados.

Las operaciones ilegales (C), aquellas que violaron alguna ley, y que están consideradas como delitos, ascienden a aproximadamente 6 mil millones de pesos y se encuentran en Banca Unión, Confía y Banpaís.