Acuerdo político, decisión de la PGR de no seguir el caso

Gordillo y Jonguitud deben ser enjuiciados: disidentes

Presentarán recurso de inconformidad basado en irregularidades cometidas por la fiscalía especial en el caso de Núñez Acosta

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Los profesores que denunciaron a Elba Esther Gordillo y a Carlos Jonguitud como presuntos culpables del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta anunciaron que van a agotar los recursos legales a su alcance para dar marcha atrás a la decisión de la PGR de no investigar a los ex dirigentes magisteriales.

Germán Aguilar, José González Figueroa y Teodoro Palomino explicaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cometió irregularidades que les servirán para presentar un recurso de inconformidad contra la determinación de no ejercer acción penal en contra de la secretaria general del PRI y de Jonguitud.

Mencionaron, entre otras anomalías, el hecho de que la fiscalía no citó a declarar a testigos clave en la investigación, no agotó las diligencias necesarias ni dio oportunidad a los denunciantes de aportar mayores pruebas para sustentar su acusación.

"Son irregularidades que hacen pensar que esta resolución fue un acuerdo político por encima de la ley", explicó Palomino, quien era uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuando se perpetró la ejecución de Nuñez Acosta.

El mentor fue asesinado el 30 de enero de 1981 cuando salía de la escuela donde laboraba, en el pueblo Loma de Tulpetlac, municipio de Ecatepec, estado de México.

Aguilar y González Figueroa indicaron que tanto ellos como los actuales integrantes de la CNTE aportaron numerosas pruebas de la supuesta autoría intelectual de Gordillo en este homicidio.

En los nueves meses que duró el proceso presentaron varios testigos, entre ellos a la madre y al hermano de Núñez Acosta, así como documentos y notas periodísticas que daban cuenta de las amenazas de muerte que el mentor había recibido por parte de enviados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo, refirieron que la fiscalía "no hizo nada" con los elementos que aportaron los cinco denunciantes. Aunque llamó a declarar a Jonguitud, la diligencia no se cumplió, con el argumento de que el ex dirigente magisterial estaba enfermo. Tampoco citó a una nueva comparecencia a Gordillo, una vez que en la anterior no respondió el interrogatorio.

La otra omisión de la fiscalía, dijeron, es que no llamó a declarar a Ramón Martínez Martín, ex dirigente del SNTE, ni a Leonardo González Valera, secretario general de la sección 36 del valle de México en la época del homicidio. Tampoco solicitó a la Procuraduría del estado de México el expediente del caso, no obstante que ahí constaban las declaraciones de los autores materiales del crimen, señalando que el SNTE les había pagado 300 mil pesos para que cometieran este delito.

Palomino, quien además se queja de no haber recibido notificación alguna de esta resolución, explicó que los denunciantes ya no fueron convocados para que ampliaran sus declaraciones.

En torno a la decisión de la fiscalía de declararse incompetente para investigar este caso y turnarlo a la PGR, dijo que no tiene sustento, porque el asesinato de Núñez Acosta no fue un delito del fuero común, sino de carácter político.

Expuso que en aquella época los dirigentes del SNTE se valían de pistoleros para reprimir al magisterio disidente, y fue de esa forma como se ultimó a este profesor que militaba en la CNTE. "Todos estos argumentos son engañifas legaloides para evadir la responsabilidad histórica de Gordillo y Jonguitud en la represión contra el magisterio disidente", afirmó el docente.

González Figueroa consideró que a partir de esta resolución la credibilidad de la fiscalía se "derrumbó y quedó claro que se trata de una instancia inútil que sólo ha servido para lavar la cara a los represores del pasado".