El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se dividió entre republicanos y demócratas al aprobar por 24 votos contra 22 una resolución que propone un brumoso acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, pero sólo si nuestro país "reforma las operaciones de Petróleos Mexicanos para que sean transparentes y eficientes" pues, según los miembros de la comisión, "Pemex necesita una reforma sustancial y la inversión privada". De ahí que la segunda cláusula de la enmienda aprobada diga abiertamente, sin escrúpulos éticos o legales, que "cualquier acuerdo de migración entre Estados Unidos y México debe incluir un acuerdo para abrir Pemex a inversiones de empresas petroleras estadunidenses". Ante eso, el diputado demócrata por New Jersey, Robert Menéndez, llamó a este documento Resolución Halliburton, aludiendo a la empresa hasta hace poco dirigida por el vicepresidente Richard Cheney, también beneficiaria de contratos en Irak.

Aunque este proyecto de ley aún debe ser aprobado por los plenarios de ambas cámaras y se cree que los demócratas se opondrán al texto actual, el mismo refleja claramente la arrogancia imperialista de un partido y un gobierno que -tras pasar con su invasión de Irak por sobre Naciones Unidas, la legalidad internacional y la opinión pública mundial- cree posible establecer relaciones con todos los países sobre la base de amenazas, úkases, diktats, órdenes imperativas.

El hecho de que México sea un país independiente, en el que el funcionamiento de sus empresas fundamentales está garantizado en su forma y esencia por la Constitución, los deja muy sin cuidado. México debería conceder sus recursos naturales a empresas -ni siquiera extranjeras sino exclusivamente estadunidenses- reformando para ello, si fuese necesario, su Constitución. Además, el hecho de que la desfalleciente economía estadunidense necesite inmigrantes mexicanos para mantener con sus bajos salarios la tasa de ganancia de ramos económicos fundamentales y, con sus impuestos, a un fisco superendeudado, tampoco los inmuta. Según ellos, México debería proveer sin límite una mano de obra semiesclava, que en cualquier momento podría ser expulsada, a pesar de los acuerdos de Naciones Unidas, de las resoluciones de la Organización Internacional de Trabajo y de la propia moral cristiana con la que acostumbran llenarse la boca los gobernantes de Washington. La impudicia, el cinismo y el desprecio racista por nuestro país y sus ciudadanos se dan la mano en esta resolución que busca explotar aún más los recursos petroleros mexicanos.

Habrá que ver cuál es la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Seguramente sus funcionarios dirán que es necesario esperar una eventual aprobación de este proyecto amenazante, así como dijeron que habría que esperar el desembarco estadunidense en Cuba en vez de protestar preventivamente y de dar instrumentos jurídicos y apoyo moral a los estadunidenses que no quieren desempolvar la política del Gran Garrote. Esta duda surge sobre todo cuando el titular de dicha secretaría acaba de declarar, contra toda lógica y toda evidencia, pero muy en la línea exigida por Washington como señal de vasallaje, que "la lucha contra el terrorismo es prioritaria para México" (no la emigración, no la autodeterminación, no la paz, no la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte)...