Consejeros del tricolor advierten que no permitirán imposiciones del CEN

Espera a la cúpula priísta intenso debate por la convocatoria para candidaturas

ENRIQUE MENDEZ

La directiva del PRI llegará hoy al consejo político nacional (CPN) con la intención de cumplir una sesión de trámite, pues pretende que el punto de más interés para los priístas, la emisión de la convocatoria para elegir a los 300 candidatos a diputados federales, no sea sometido a debate y buscará apelar a la facultad que le concede el estatuto para emitirla sin consultar al pleno de los consejeros.

Todavía la semana pasada la expectativa de los integrantes del CPN era que se discutiera la forma en que el tricolor debe conciliar la alianza que busca con el Partido Verde Ecologista y cómo cumplir con la obligación estatutaria de entregar 30 por ciento de las posiciones a mujeres y jóvenes, con el acuerdo de la Comisión Política Permanente de que habrá 300 consultas internas a militantes y simpatizantes para designar a sus candidatos.

A pesar de que la cúpula pretende que la decisión sobre la convocatoria no tenga punto de debate, algunos consejeros adelantaron que no permitirán una imposición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y tomarán el micrófono en asuntos generales para que la discusión se abra.

Un instituto bien portado

El argumento del CEN para saltarse el tema es el acuerdo de la comisión política y el visto bueno que le dieron los comités políticos estatales, y pretende que el principal punto de la sesión sea la discusión y aprobación de la plataforma electoral priísta 2003, en la que, después de un año envuelto en el escándalo por el denominado Pemexgate, el partido ofrece "portarse bien".

En el documento preliminar de la plataforma, el Revolucionario Institucional afirma que su principal "misión" será "alcanzar las metas que nos manda la sociedad. Este esfuerzo pretende generar mayor confianza en los electores para que consideren al partido como la mejor opción, como resultado de su actuación seria, responsable, racional y con gran sentido nacional y compromiso social".

Para ejemplificar que el partido en efecto sí quiere cambiar, ofrece impulsar un acuerdo político en el Congreso de la Unión y ante el Poder Ejecutivo para construir una política indígena de Estado, a partir de una reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, que fue aprobada por la mayoría de los legisladores priístas e impugnada después no sólo por los pueblos indios, sino por congresos y gobiernos estatales.

La oferta se hace después de que en 2002 el Revolucionario Institucional tenía listo un proyecto para impulsar la defensa de los indígenas, pero que se quedó en la congeladora.

Esta vez que se acercan las elecciones intermedias, el priísmo voltea a las etnias, y en una amplia lista de promesas afirma que defenderá "las causas indígenas". Argumenta: "nada puede ser más justo que comprometerse a eliminar la miseria en los pueblos fundadores de México; nada puede ser más revolucionario que devolverles su protagonismo en la historia nacional; nada más transformador ni necesario que conciliar la forma de organización del Estado con la pluralidad y la diversidad étnica" del país.

También afirma que promoverá el acceso pleno de las comunidades a la procuración e impartición de justicia, pero nada dice respecto de la autonomía que reclaman los indígenas.