Ayer, cuando se cumplieron diez días de la toma de las instalaciones de CNI Canal 40 por lo que fue descrito como un comando armado de Tv Azteca, el gabinete encabezado por Vicente Fox no tuvo más remedio que regresar de vacaciones y enterarse de un conflicto que representa una grave interrupción de la legalidad, una severa violación del derecho a la información y de la libertad de expresión, así como un episodio de impunidad que agravia el más elemental sentido de la ética empresarial, periodística y ciudadana.

La insólita y deplorable respuesta presidencial ("¿Yo por qué?") a las peticiones de reporteros de que abordara un asunto de evidente interés nacional; los diez días de autismo gubernamental ante el conflicto; los intentos de última hora por aparentar que las autoridades no se habían olvidado del todo de hacer respetar la ley, y la decisión parcial y tramposa anunciada anoche por el vocero de Los Pinos, Rodolfo Elizondo, son expresiones de desgobierno, de caos y, en último análisis, de tolerancia y complicidad para quienes cuentan con los medios económicos necesarios para hacerse justicia o injusticia por propia mano.

La determinación divulgada por Elizondo en el sentido de presionar a las dos partes en pugna para que lleguen a un acuerdo, con la amenaza de que en caso contrario el gobierno federal procederá a la requisa del bien en disputa, constituye una abdicación demagógica de la obligación gubernamental de preservar el estado de derecho y es, para todo efecto, una aberrante injusticia que favorece al agresor y perjudica a la víctima.

Independientemente de cuál de las dos empresas tenga razón en los procesos legales que las enfrentan, es de elemental sentido común que las resoluciones judiciales correspondientes tendrían que ser ejecutadas por una autoridad competente y no por un grupo paramilitar privado, como el que envió Tv Azteca a allanar las instalaciones de transmisión de CNI Canal 40 en el cerro del Chiquihuite.

La ocupación resultante aparece, en consecuencia, como un ilícito cuya flagrancia tendría que haber sido corregida desde un inicio por el Ejecutivo federal. El hecho de que éste se niegue a restituir la posesión de esos activos a la corporación de Javier Moreno Valle y la obligue en cambio a sentarse a negociar con Tv Azteca es tan insólito como si un policía preventivo atestiguara un asalto y conminara a la víctima a dialogar con su atacante para esclarecer la propiedad del objeto sustraído.

La actual administración debe enterarse de una vez por todas de que la preservación de la legalidad es su tarea central, fundamental e irrenunciable.

En el caso específico de la disputa por la señal de Canal 40, debe rectificar de inmediato y restablecer el estado de cosas que prevalecía hasta antes del 27 de diciembre del año recién pasado, a la espera de que las instancias judiciales correspondientes resuelvan en definitiva el diferendo y emitan los mandatos para que las autoridades públicas -y no grupos armados irregulares- establezcan el imperio de la legalidad.

Si no lo hace así, estará enviando a la opinión pública una señal inequívoca de ineficiencia e irresponsabilidad, un gesto de aliento a la impunidad, un guiño de complacencia y connivencia a Tv Azteca y un mensaje amenazante a los proyectos informativos independientes del Estado y del duopolio que hegemoniza el ámbito televisivo nacional.