Rechaza que el combate a la corrupción se haya convertido en un "ajuste de cuentas"

La aplicación de la ley es ajena a cálculos políticos, asegura Fox

Inaugura en Cancún la séptima Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas

JESUS ARANDA, JUAN M. VENEGAS Y DAVID SOSA ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Cancun, QR, 27 de noviembre. En el marco de las críticas de priístas investigados en el caso Pemexgate, el presidente Vicente Fox sostuvo que "la aplicación de la ley ha sido ajena a cálculos políticos", y agregó que su gobierno ha asumido el combate a la corrupción como obligación legal y ética, "no como asunto de propaganda o ajuste de cuentas".

Como gobierno "hemos tomado el camino seguro de restaurar el imperio de la ley, de erradicar la corrupción y terminar con la impunidad", aseguró el Ejecutivo, quien añadió que se están dando pasos esenciales en esa dirección de manera conjunta y coordinada con las instancias de procuración e impartición de justicia.

Al inaugurar la séptima Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas, envió también un mensaje a los actores políticos, al señalar que "la vitalidad de un país está en su capacidad de renovarse". También planteó que la división y equilibrio entre los poderes "no es fragmentación de responsabilidades, es congruencia de deberes".

En estos días en que no se vislumbra un acuerdo parlamentario en materia presupuestal, Fox señaló: "por eso hoy la cooperación democrática es la consigna, su relación ha de verse en términos de colaboración y de acuerdo en un amplio sentido de responsabilidad".

En presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel; del gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks, y de los presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica, el Presidente de la República mencionó que la "gran ausencia" del Poder Judicial de México en actos de este tipo -se integró a este sistema apenas el año pasado, al participar en la sexta cumbre en Tenerife, España- fue "reflejo" de un régimen que quedó en el pasado autoritario, el cual no permitía muchas libertades que hoy nos da "afortunadamente" la democracia.

Aseguró que como expresión de estos nuevos tiempos su gobierno "ha acatado y acatará sin vacilación ni demora" las resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Ahora el objetivo de consolidar nuestra democracia, sostuvo, subraya la necesidad de fortalecer el estado de derecho.

"No es por azar el papel que hoy juega el Poder Judicial en nuestra vida institucional. Su desempeño tiene una enorme relevancia en el proceso de cambio y su contribución es imprescindible para afianzarlo", dijo Fox.

El Ejecutivo federal exhortó a los juzgadores a tener muy presente que la democracia será proporcional a la calidad de la justicia, por lo que "es un imperativo de gobernabilidad democrática asegurar en nuestra región una administración de justicia eficiente y moderna".

Por su parte, el presidente de la SCJN, ministro Genaro Góngora Pimentel, evitó polemizar sobre la falta de presupuesto suficiente para el Poder Judicial federal y respecto a su petición ignorada de que se asigne a la Jjudicatura una proporción fija del producto interno bruto. Sin embargo, comentó: "me he percatado de las necesidades judiciales de nuestros países. He recibido noticias alarmantes en cuanto a los presupuestos judiciales".

Aceptó, por otra parte, que apenas en años recientes "la Corte había volteado a ver con discreción el entorno internacional al que pertenece", mientras "nuestros compañeros de la región, en consecuencia, volteaban a vernos disimuladamente. Actualmente hemos tomado el lugar que nos correspondía", apuntó.

Y recomendó a su sucesor -aunque deja el cargo en enero próximo, losalguno de los ocho ministros presentes puede ocupar su lugar-: "sería conveniente continuar este avance internacional del Poder Judicial de la Federación, ya que en un mundo globalizado las fronteras también han desaparecido en los aspectos judiciales y se debe cumplir con nuestra encomienda regional, la cual es congruente con nuestras tareas y responsabilidades nacionales".

Entrega pruebas de descargo en favor de Romero Deschamps, Aldana y Olvera

La defensa de líderes petroleros pide que comparezcan Labastida y otros

El abogado Juan Velázquez demanda el testimonio de Barrio y diversos funcionarios

CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO

La defensa del diputado federal Carlos Romero Deschamps, del senador Ricardo Aldana y del diputado local por Tamaulipas Jesús Olvera Méndez, presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados cinco legajos con las pruebas documentales que consideraron convenientes para sustentar la inocencia de sus clientes y evitar su eventual desafuero, además de demandar 93 comparecencias de diversos funcionarios públicos, entre otros la del ex candidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa; la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes; el ex presidente Miguel de la Madrid; el senador Manuel Bartlett, y el actual titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas.

Este último porque, aseguró el abogado Juan Velázquez, no sólo avaló la auditoría a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que se encuentran los convenios por los cuales le fueron transferidos al sindicato recursos, sino que sugirió al nuevo consejo de administración que también los aprobara.

En la lista están también el titular de Pemex, Raúl Muñoz Leos; Rodolfo Echeverría Ruiz, Rogelio Montemayor, el ex diputado César Nava, Manuel Gómezperalta Damirón, Jorge Díaz Serrano, Mario Gabriel Budebo, así como el ex titular de la Secretaría de Energía en el sexenio de Carlos Salinas, Luis Téllez; el actual titular del IMSS, Santiago Levy, y el ex titular de la Secodam Arsenio Farell Cubillas, así como Enrique Provencio. Se habla de 500 pruebas por indiciado, es decir, mil 500 en total.

El abogado pide además que se lleven a cabo los careos que resulten del desahogo de las declaraciones o ampliaciones de éstas de los 93 mencionados, además de solicitar una ampliación del plazo para el desahogo de pruebas "en la medida que resulte necesaria" y permita la defensa adecuada de los tres implicados.

Las pruebas documentales y los nombres de las personas que de acuerdo con la defensa deberán ser citados para sustentar los argumentos en favor de los líderes petroleros fueron recibidos por la Sección Instructora alrededor de las 18 horas. A partir de ahora deberán determinar si serán aceptadas o no, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente que proponga al pleno el desafuero o no de Romero Deschamps, Aldana y Olvera.

La Sección Instructora no tendría la obligación de citar a las personas sugeridas por la defensa ni éstas tendrían la obligación de asistir a un eventual citatorio, por lo que la ampliación del plazo solicitada por la defensa podría no concederse.

En conferencia de prensa, el abogado Juan Velázquez afirmó que la acusación en contra de sus defendidos, contenida en más de 80 mil fojas, "es la más pobre -y me atrevería a calificarla de miserable- que yo he conocido. Lamentaría que la decisión de desaforar a mis clientes se basara exclusivamente en condicionantes de orden político. Lo hicieron ya con Jorge Díaz Serrano, un hombre honorable, porque entonces el PRI tenía la mayoría; hoy lo quieren hacer en contra de mis defendidos porque juntos PAN y PRD tienen mayoría, pero habría que preguntarse si esto mismo no se lo harán en un futuro al PAN y al PRD", dijo.

Acompañado de la abogada del sindicato petrolero, Odette Mobarak, Velázquez explicó que la acusación en contra de los líderes petroleros pretende trasladar una eventual falta de carácter laboral al terreno de lo judicial, y sostuvo que está absolutamente convencido de que no hay delito ni responsabilidad penal de sus defendidos.

Condenó el hecho de que la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado haya utilizado un "criterio tan rígido" y pretenda convertir el acuerdo entre el sindicato de Pemex y la empresa en un delito bajo el argumento de que los recursos que ésta entregó a los trabajadores "no estaban comprendidos dentro del contrato colectivo de trabajo".

El abogado dijo que la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos suscritos por México permiten la negociación para que los empleados consigan mejores condiciones de trabajo en cualquier momento del año, de tal suerte que un minuto después de haberse firmado el contrato cualquier trabajador está en condiciones de pedir a la empresa algún tipo de incremento o beneficio adicional.

Mencionó que en este supuesto se encuentran los convenios mediante los cuales Pemex entregó al sindicato más de mil millones de pesos y que las autoridades judiciales señalan como un delito por no encontrarse dentro del contrato colectivo de trabajo.

"Esto es un asunto por demás grave, ya que cualquier negociación que cualquier empresa y cualquier sindicato lleven a cabo al margen de su contrato podrá ser calificada por la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada como delito, convirtiendo al trabajador, por pedir, y al empleador, por otorgar, en delincuentes."

A su vez, Odette Mobarak intentó explicar que los recursos pagados por Pemex para resarcir diversos incumplimientos al contracto colectivo de trabajo y como parte de préstamos solicitados por el sindicato no son recursos públicos, por lo que son operaciones entre particulares que la ley protege.

"Existe jurisprudencia que sostiene que los recursos de Petróleos Mexicanos no son públicos hasta en tanto la paraestatal no los entere a la Secretaría de Hacienda como impuestos", aseguró, aunque haya opiniones en la Sección Instructora que contradicen a la abogada del sindicato.

I