Saquearon viviendas el jueves 21, con el pretexto de detener a miembros del EPR, aseguran

Denuncian campesinos incursión de militares y judiciales en Palos Grandes, Guerrero

JESUS SAAVEDRA Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES

Chilpancingo, Gro, 25 de noviembre. Campesinos de la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso en la región de Tierra Caliente, denunciaron la incursión arbitraria de elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes, según expusieron, robaron de sus viviendas parte de sus pertenencias con el pretexto de buscar a integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Pascuala Santana Bahena, familiar de Omar Guerrero Solís, preso en el penal Acapulco, acusado de tener vínculos con grupos armados, indicó que el jueves anterior cerca de 150 elementos, entre militares y elementos de la PGR, arribaron al poblado de Palos Grandes para saquear las viviendas.

El motivo, explicaron, era lograr la captura de Matías Díaz Olivares y otras cinco personas que supuestamente participaron en el secuestro del empresario Rodrigo Borja.

Sin embargo, Pascuala Santana indicó que el cateo de las ocho viviendas que hay en ese poblado fue realizado de manera arbitraria, porque los elementos no presentaron orden judicial alguna, los amedrentaron con las armas de fuego y al retirarse cargaron con animales y comida.

Aseguró que el mismo jueves se llevaron bajo engaños al señor Matías Díaz Olivares a la ciudad de Altamirano, donde supuestamente cobraría su cheque de Progresa. Empero, a la entrada de la ciudad lo esperaban elementos de la Policía Judicial, quienes lo condujeron a un lugar desconocido, donde fue golpeado y obligado a firmar diversos papeles cuyo contenido desconoce, porque no sabe leer ni escribir.

"Mi cuñado me contó que él ni siquiera conoce al señor que reportaron como desaparecido; si el fuera secuestrador no viviera en una casita de madera y cartón" dijo Pascuala.

Ante ello, adelantó que acudirá al Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG) para que interponga una queja ante la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por el hostigamiento y arbitrariedades de militares y judiciales.

Por otra parte, no obstante que la Coordinadora Comandante Lucio Cabañas (CCLC) hace los preparativos para depositar los restos del dirigente del Partido de los Pobres (PDLP) en el zócalo de Atoyac de Alvarez, el ayuntamiento no ha autorizado la construcción de un obelisco ni la inhumación anunciada para el próximo 2 de diciembre, fecha de su asesinato.

El secretario general del ayuntamiento, Oscar Bello Rivero, aseguró que la mayoría de la población de Atoyac está en desacuerdo con las obras que se realizan en el zócalo, además de que los organizadores "no han presentado el permiso correspondiente".

Informó que la solicitud para inhumar los restos del guerrillero fue presentada ante el ayuntamiento el 28 de octubre por el representante legal de la CCLC, Marco Antonio del Valle Cabañas, quien le aseguró que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había intervenido con el gobernador René Juárez Cisneros para que se realizara la inhumación.

"Sin embargo, nos comunicamos a la CNDH y ellos dijeron no tener injerencia en ese asunto. Lo mismo sucedió en la Secretaría General de Gobierno, donde aún no se ha tramitado el permiso", indicó el funcionario del ayuntamiento.