El alto mando, cómplice de abusos de Acosta y Quirós

"LO IMPORTANTE ES EFECTUAR UN AJUSTE DE CUENTAS CON EL PASADO"

Para Oscar González, las violaciones a garantías fundamentales por parte de elementos del Ejército durante la guerra sucia no fueron obra exclusiva de un puñado de oficiales que actuaron por su cuenta. En el caso de los desaparecidos, dice, existió una especie de contubernio silencioso que funcionó de arriba hacia abajo

VICTOR BALLINAS

En el Ejército hubo complicidades de arriba hacia abajo en el caso de los desaparecidos y otros crímenes del pasado, asegura el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), Oscar González. No se puede pensar que dos generales que en el tiempo en que se cometieron esos delitos ya eran mandos medios pudieran actuar por sí mismos sin que lo supieran las altas jerarquías militares y el propio Presidente de la República.

En entrevista, sostiene que el silencio guardado durante largos años por la institución castrense, a pesar de las denuncias contra esos dos generales, lleva a sospechar de complicidad. Es momento, dijo, de que se debata la reforma de las instancias militares. Cabe recordar que la AMDH fue distinguida -el pasado 14 de noviembre- por la UNESCO con el Premio de Educación para los Derechos Humanos.

-Las fuerzas armadas negaron siempre su participación en la guerra sucia. Ahora juzgan a dos militares. ¿Con esto se solapó la impunidad?

-Diría que no se puede imaginar que en un área como la de defensa nacional se mueva la hoja de un árbol sin que lo sepan, lo decidan, lo ordenen desde los más altos escalones de la jerarquía militar, que llega hasta el Presidente de la República. Esto habla de una manipulación por parte de la clase política y de la estructura militar.

-¿Pudieron actuar solos y sin ayuda Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo?

-No es posible suponer que dos oficiales, o en todo caso generales de medio nivel, que en aquel tiempo eran mandos medios, pudieran actuar por sí mismos, y después de tantas décadas, si había sospecha por las imputaciones que desde hace muchos años se les hacían, se mantuvo el silencio oficial por largos años. Ello habla de que ahí había complicidades.

-¿Complicidades sólo en los mandos inferiores?

-Había complicidades de arriba hacia abajo, más que de abajo hacia arriba. Esas antiguas modalidades de guardar silencio, de echarle tierra o poner debajo de la alfombra la basura ya cada vez va siendo más difícil que subsistan, pero ahora queda la experiencia del chivo expiatorio.

-¿Es momento de que el Congreso legisle sobre la justicia militar?

-Hay que darle un alto nivel a ese tema en la agenda de los asuntos públicos y llevar a los espacios de debate nacional esta discusión. Ahí, en esos espacios, hay gente conocedora, experta, que puede elaborar iniciativas de propuesta de ley que impliquen una revisión de fondo de todo el estatuto jurídico de las fuerzas armadas en el país. Debe revisarse desde la Constitución hasta las leyes ordinarias y reglamentarias.

-¿Las fuerzas armadas deben participar en ese debate?

-Desde luego, hay que llevarlas a escena, que participen en el debate, pues el punto de referencia debe ser la estructura y la función militar, pero a estas alturas ya no puede haber disciplina que valga por encima de los derechos humanos fundamentales de cualquier persona. En un país como México, que no ha tenido que inmiscuirse en conflictos externos y que no ha desarrollado mayores capacidades militares -digamos que apenas tiene lo indispensable para cuidar sus fronteras e instalaciones estratégicas-, ahora el combate al narcotráfico convierte al Ejército en rehén de fuerzas e intereses externos, tanto de los grandes poderes de narcotraficantes, como del gobierno de Estados Unidos.

-¿Qué propuestas o ejemplos se pueden retomar para reformar el Ejército?

-Teniendo un Ejército para la paz, más que para la guerra, entonces reglamentemos su conducta para la paz. Si queremos una policía eficaz, busquemos fórmulas equivalentes a las de Costa Rica, donde gran parte de la ciudadanía se puede transformar en parte de un ejército con relativa facilidad, o donde los profesionales de las armas son instructores u organizadores de la policía nacional.

-¿Podría enjuiciarse a los ex presidentes después de esta confesión de mea culpa del Ejército?

-Como lo ha dicho el propio fiscal especial para desaparecidos, Ignacio Carrillo Prieto, nadie puede quedar exento de antemano de responsabilidades que sean fundadas, una vez que se tengan todos los elementos. La manera de avanzar de la justicia tiene que pasar en que por lo menos lleguen a los tribunales los presuntos responsables. Ya los jueces tomarán sus decisiones, pero lo importante es efectuar un ajuste de cuentas con el pasado, que se conozca la verdad.

-Hace unos días el presidente Vicente Fox dijo que los responsables de los crímenes del pasado probablemente no puedan ser sancionados.

-Eso no es materia del Ejecutivo, en todo caso serán los jueces los que tomen la decisión y valorarán las consignaciones y los expedientes, y sólo ellos determinarán si hay elementos o no para consignarlos, pero hay compromisos en el ámbito internacional, como son los acuerdos y los tratados; pero si los casos no proceden en el país, se pueden trasladar a instancias internacionales como la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional.

-Hace unos meses, el presidente Fox dijo que las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército son sólo "historias".

-Habría que ver en qué se funda su dicho, porque si no hay explicaciones pudiera ser una ocurrencia más, pues ya sabemos que hay investigaciones, incluso listas de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos con testimonios de familiares de desaparecidos y familiares de personas que han padecido violaciones a sus derechos por parte de militares.

-¿Qué se requiere para juzgar a los militares?

-Hay que constituir comisiones de la verdad. Estas deberían ser el mecanismo más adecuado, porque puede haber verdad sin justicia, pero no justicia sin verdad. La verdad histórica es lo principal, más que la sanción y el castigo. Queremos llegar a saber qué pasó realmente, quiénes y cómo actuaron. La creación de una comisión de la verdad todavía se puede plantear para evaluar el informe del fiscal especial, para que analicemos la credibilidad y la viabilidad de ese informe.

-¿No le parece que se desvirtuó el origen de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado?

-De alguna manera es una especie de barbaridad no definir y delimitar con mayor precisión la competencia y los alcances de una fiscalía como ésta. Tenemos la experiencia de los crímenes políticos del pasado; las fiscalías especiales han registrado hasta cinco cambios de titular para un solo caso y todavía se sigue discutiendo el resultado de su trabajo.

-¿La apertura del gobierno a los relatores de Naciones Unidas abona en el sentido de querer acabar con la impunidad?

-Son los primeros pasos para ir cancelando los espacios cerrados desde siempre. Es un paso adelante para obligar al gobierno mexicano a presentar informes, que se revisen los expedientes de casos graves. Es un avance que vengan relatores de la ONU o de instancias internacionales, es un paso adelante, pero en el mejor estilo mexicano, al mismo tiempo que se da ese paso de apertura se establece un candado o muchos candados que parecen destinados a frustrar los resultados de esas visitas.