Deben regresarse créditos irregulares a bancos, dice
El Barzón pide al Congreso cancelar la partida por $30 mil millones al IPAB
ANTONIO CASTELLANOS
Militantes de El Barzón demandaron ayer que la Cámara de Diputados suspenda la partida de 30 mil millones de pesos para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 2003, en tanto no se resuelva la investigación de créditos irregulares por 38 mil millones de pesos, que deben ser asumidos por Banamex, Bancomer, Banorte y Bital.
Su dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió también se esclarezca la transferencia al PRI de 25 millones de dólares para campañas políticas, y anunció que este es el primer paso de una movilización nacional el próximo 10 de diciembre, para denunciar a todos los funcionarios que protegieron y que actualmente también solapan acciones de los banqueros que perjudican a los contribuyentes.
Ramírez Cuéllar pidió a los diputados también revertir la compra de cartera de Banamex y Bancomer por un monto total de 70 mil millones de pesos. Los diputados simplemente no deben aprobar ninguna partida para el IPAB en tanto su junta de gobierno no responda a los compromisos que hizo con los deudores de la banca.
Otro punto sin cumplir, agregó, es la creación de una fiscalía de delitos financieros. El primero en ser llamado para que responda a las acusaciones de haber beneficiado a los banqueros es el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández.
Según el dirigente de El Barzón, las autoridades federales han permitido a los banqueros la creación de empresas paralelas para comprar carteras de crédito en cifras ridículas. Se les han vendido pesos en un centavo. Esa situación viola la ley, porque los banqueros no pueden participar en las subastas, pero lo hacen por una vía alterna, que es la creación de empresas.
Por último, dijo que insistirá ante las autoridades del IPAB para que cumplan sus compromisos, y solicitará al Poder Legislativo que no autorice la partida que hay en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2003 y que actualmente está a discusión en la Cámara de Diputados.
