Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 23 de noviembre de 2002
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Política

Establecen fondo de $15 millones para ayudar a productores afectados por la sequía

Analizarán demandas de campesinos que bloquearon carreteras de Morelos

En situaciones similares "ningún grupo nos pondrá en jaque", anuncia Altamirano Dimas

LA JORNADA MORELOS, ANGELES CRUZ Y RENATO DAVALOS

Sin claridad sobre el monto del apoyo económico que recibirán los campesinos y únicamente con el ofrecimiento de instalar mesas de diálogo que analizarán la viabilidad de cada una de las demandas de los inconformes, el gobierno federal dio por concluido el conflicto que involucró el cierre de la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca durante 27 horas.

A las dos de la mañana del viernes, Gonzalo Altamirano Dimas, jefe de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, informó sobre los acuerdos alcanzados. En principio se estableció un fondo de 15 millones de pesos para ayudar a los productores afectados por la sequía. De esa cantidad, 6 millones son aportación del gobierno estatal y nueve del federal.

Hectáreas afectadas

Debido a que las partes no lograron un acuerdo sobre la cantidad de hectáreas siniestradas, acordaron que el gobierno, junto con los comisarios ejidales y los representantes del movimiento campesino, verificarán las superficies afectadas y con base en sus resultados se distribuirán los recursos. Mientras los campesinos insistieron en que están involucradas 25 mil hectáreas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo reconoce 9 mil 700 hectáreas.

La minuta establece que se considerará pérdida total los rendimientos menores a dos toneladas y que a través de la Secretaría de Gobernación se solicitará a la Comisión Nacional del Agua reconsidere el dictamen de precipitación pluvial para que Morelos sea beneficiario del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

El documento no fija un monto económico, pero los funcionarios gubernamentales mencionaron que se utilizará el fideicomiso "hasta donde alcance". Durante la mañana se originó una confusión con estos datos, pues mientras en las estaciones de radio local se dio como un hecho que los productores recibirían 2 mil pesos por hectárea, el secretario Javier Usabiaga Arroyo se empeñaba en "aclarar", en radio y televisión, que el acuerdo con los inconformes contiene los mismos elementos que la oferta planteada por el gobierno desde el 19 de noviembre, ratificada el lunes pasado, es decir, que se dará a cada agricultor mil pesos por hectárea perdida.

Tras las negociaciones, la diputada federal Maricela Sánchez Cortés afirmó que entre 8 mil y 10 mil campesinos resultarán beneficiados con el acuerdo y que la situación más preocupante se registra con los productores de sorgo. Por otra parte, lamentó que ni el gobierno federal ni el estatal hayan mostrado interés en resolver el conflicto porque la carretera fue desalojada por los campesinos antes de que se les ofreciera alguna solución.

Otro de los acuerdos tiene que ver con la condonación de 700 pesos de los mil 300 otorgados en préstamo por el gobierno del estado mediante el Programa de Crédito a la Palabra. Lo anterior se aplicará hasta un máximo de cinco hectáreas y conforme al nivel de daños.

También hay el compromiso de crear un fideicomiso de garantía por 5 millones de pesos durante los primeros meses de 2003 para la adquisición de insumos por 500 pesos para cada agricultor.

La Sagarpa asesorará el diseño de 173 proyectos productivos que no han sido aprobados para su desarrollo. Los campesinos también solicitaron que las autoridades agropecuarias asumieran el costo de un taller de capacitación para mil mujeres. El acuerdo señala que Sagarpa apoyará los cursos que le corresponden, de acuerdo con su programación.

En relación con la solicitud de indulto del campesino Alfredo Aragón Medina, preso por portación de arma de fuego, se acordó que la Secretaría de Gobernación analizará el caso y coadyuvará en la gestión ante la autoridad correspondiente.

La cartera vencida que los jitomateros de Atlatlahuacán tienen con Banrural, así como el adeudo de productores con el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (Fonaes) formarán parte de la agenda de trabajo de las mesas de diálogo que se instalarán en Morelos.

En la minuta los representantes del gobierno federal, encabezados por Altamirano Dimas, se comprometieron a no ejercer acción penal contra los participantes en el movimiento y sobre las demandas anteriores que hayan sido interpuestas por el bloqueo carretero, en particular la entablada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Procuraduría General de la República, "se gestionará ante las autoridades competentes la consideración de los casos, dado el ánimo conciliador y los acuerdos alcanzados para lograr la posible solución" del conflicto.

En las oficinas de Gobernación, Altamirano Dimas anticipó que en futuras situaciones como el bloqueo en Morelos "habrá medidas más enérgicas; ningún grupo nos pondrá en jaque". Tenemos que replantear, admitió, algunas acciones del "gobierno en general", pero cualquier grupo que pretenda canalizar las demandas así "tendrá una respuesta" de la autoridad.

En entrevista, refirió que en la secretaría se reciben "muchas denuncias y amenazas a diario", en alusión a que el subsecretario Ramón Martín Huerta recibió con antelación la llamada del delegado priísta y diputado federal Florentino Castro advirtiéndole del bloqueo. Hay algunos casos de llamadas "intimidantes" u otros en los que se reclama el privilegio o chantaje para el trato a ciertos grupos.

No sé si la llamada se hizo en ese sentido, añadió.

-ƑNo le creyeron?

-Estoy dando una interpretación, aquí llegan muchos mensajes y la secretaría tiene que evaluar.

Respecto del bloqueo hay denuncias presentadas por Caminos y Puentes "contra quien resulte responsable", citó. La Secretaría de Gobernación es el último eslabón cuando se agudiza un conflicto.

"Estuvimos frente a un caso concreto y la radicalización de ciertos grupos, sin que ello signifique que no hubiera causas legítimas, aunque ningún grupo que pretenda provocar o poner a prueba a la autoridad nos pondrá en jaque. Hemos privilegiado el diálogo, pero tendremos que tomar medidas más enérgicas frente a grupos empeñados en provocar al gobierno", añadió.

Se le preguntó a qué se refería.

Los que bloquean carreteras o toman secretarías. No nos van a provocar ni a intimidar, "ni blandos ni flexibles. Hemos sido prudentes pero no debe confundirse con debilidad. No es la primera vez que se incurre en esas provocaciones".

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