PEMEXGATE
Los recursos desviados deberán ser reintegrados al patrimonio, señala Creel
Los líderes petroleros chantajean al país con la huelga, sostiene Fox
Pretenden eludir los cargos por corrupción, asegura el Presidente El secretario de Gobernación plantea que los tribunales determinen la naturaleza, los alcances y las consecuencias de los posibles delitos Llama al STPRM a desvincular las negociaciones contractuales de los procesos judiciales
REUTERS
Enfrentando amenazas de una devastadora huelga en la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Vicente Fox Quesada acusó este martes a los líderes sindicales de extorsionar al gobierno para eludir cargos por corrupción.
El gobierno de Fox alega que tres líderes sindicales participaron en el desvío de al menos 150 millones de dólares en recursos públicos de Pemex hacia la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México hasta 2000.
La investigación, que involucra por lo menos a tres líderes sindicales, ocurre en el marco de una disputa salarial. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha advertido que irá a la huelga la próxima semana, a menos que Pemex cumpla sus demandas.
Fox dijo este martes que esto es un caso absolutamente judicial contra la corrupción, y que los líderes sindicales chantajean al país con la amenaza de huelga, que no tendría precedentes en México.
"Esto tiene que ver con corrupción y con el compromiso de este gobierno para erradicarla", dijo Fox en entrevista con Reuters.
"El acuerdo laboral es diferente y está aparte. No deberíamos tener problemas en resolver eso, pero nos están chantajeando", agregó.
El STPRM acusó el martes al gobierno de confundir en forma deliberada el caso legal contra los líderes sindicales con la disputa laboral. "En plena negociación salarial, el gobierno amenazó con meter a la cárcel a nuestros líderes nacionales, sabedores de que esta decisión necesariamente impactaría el proceso de revisión contractual que llevábamos a cabo", dijo el sindicato en un comunicado.
"Es un acto de torpeza y de ceguera del gobierno federal el cerrar las puertas al diálogo, como pretende hacerlo", agregó.
Una huelga en Pemex -la primera desde que México nacionalizó su industria petrolera en 1938- tendría consecuencias fatales en la economía mexicana, justo cuando lucha por salir de una recesión: se interrumpiría el abasto de crudo a Estados Unidos y otros países, inyectando más presión a los precios internacionales del petróleo y amenazando a los débiles ingresos del gobierno mexicano.
México es el octavo mayor productor del mundo y uno de los tres principales abastecedores de Estados Unidos, y Pemex contribuye con más de una tercera parte de los ingresos del gobierno.
El gobierno de Fox pidió el desafuero de Carlos Romero y de otros dos dirigentes, pues gozan de inmunidad para enfrentar cargos judiciales por ser legisladores del PRI.
El ex director de Pemex, Rogelio Montemayor, también ha sido acusado del desvío de recursos y está en Estados Unidos defendiéndose contra el caso.
La dirigencia del PRI en el Congreso ha prometido bloquear la investigación contra sus miembros y acusó al gobierno de utilizar el caso para motivar el descrédito del partido, incluso si ello da origen a una costosa huelga en Pemex.
"Lo único que van a hacer es desbarrancar la economía mexicana, están jugando con fuego", dijo el diputado priísta Oscar Levín, presidente de la Comisión de Hacienda.
Fox dijo el martes que no culpa a los miembros ordinarios del sindicato o del PRI por la amenaza de huelga, pero insistió en que "estamos siendo chantajeados por las personas que están acusadas. No tenemos reclamos contra el sindicato ni contra el PRI. Esto es contra personas específicas que participaron en el desvío de fondos".
El martes, por primera vez en lo que va de su mandato, Fox Quesada canceló su presencia en varios actos que tenía programados para sostener reuniones por separado con miembros de su gabinete.
Entre los periodistas que estuvieron afuera de la residencia oficial de Los Pinos corrieron versiones de que el Presidente sostenía una reunión con su gabinete para evaluar el llamado Pemexgate.
Sin embargo, en un comunicado, Presidencia señaló que el mandatario "continúa pendiente del desarrollo de las negociaciones de Pemex".
ALONSO URRUTIA
Al fijar la posición del gobierno de la República sobre el conflicto con el sindicato petrolero, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, advirtió que el Ejecutivo federal rechaza absolutamente "cualquier forma de amenaza, presión o chantaje", y llamó al sindicato a desvincular las negociaciones contractuales de los procesos judiciales contra sus dirigentes.
Creel sostuvo que el gobierno tiene claro que serán los tribunales los que determinen la naturaleza, los alcances y las consecuencias jurídicas de los presuntos delitos cometidos, y formalizó su exigencia de que los recursos públicos indebidamente desviados "sean reintegrados al patrimonio del país".
A continuación, el mensaje íntegro del titular de Gobernación:
Muy buenas noches tengan todos ustedes, me permito dar lectura a un comunicado del gobierno de la República sobre el caso de Pemex:
México atraviesa por un momento de definiciones: la impunidad o el estado de derecho.
El gobierno federal considera indispensable precisar ante la opinión pública nacional que el caso Pemex tiene dos vertientes:
Una de ellas se refiere al convenio de revisión salarial entre Petróleos Mexicanos y su sindicato. En este ámbito el esfuerzo de las partes por conciliar las demandas de los trabajadores con las posibilidades financieras de la empresa y la situación económica del país, han avanzado de manera satisfactoria.
La otra vertiente consiste en el expediente enviado por la Procuraduría General de la República a la H. Cámara de Diputados, solicitando la declaratoria de procedencia para poder llevar ante los tribunales federales a personas cuyas conductas puedan constituir la comisión de diversos ilícitos.
Por lo anterior, el gobierno federal no puede aceptar que se mezclen asuntos de naturaleza diversa. Esto es, uno de ellos eminentemente laboral entre Pemex y su sindicato, y el otro claramente jurisdiccional por conductas denunciadas como ilícitas, consistentes en desvíos de recursos públicos de manera indebida.
Ante esta situación, el gobierno de la República manifiesta lo siguiente:
1. Su indeclinable compromiso con el estado de derecho y con la aplicación de la ley. Por ello, los recursos públicos, indebidamente desviados, deben ser reintegrados al patrimonio del país.
2. Su convicción de que sean los propios tribunales los que determinen la naturaleza, los alcances y las consecuencias jurídicas de los presuntos delitos que se hayan cometido.
3. Su disposición al diálogo para cerrar cuanto antes y en beneficio de los trabajadores y la empresa la negociación en el orden salarial.
El diálogo de Petróleos Mexicanos y del gobierno con los trabajadores petroleros no debe interrumpirse jamás.
4. Su respeto a la autonomía, a la libertad y a la independencia sindicales.
5. Su rechazo absoluto a cualquier forma de amenaza, presión o chantaje.
La acción de la justicia, sin atropellos ni venganzas que la deformen, es compromiso firme del gobierno.
6. Su decisión de impedir que intereses particulares puedan colocarse por encima de las instituciones.
Para el gobierno federal está claro que Pemex no es patrimonio de personas ni de grupos, es patrimonio de la nación y soporte fundamental de su soberanía.
