Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedentes 322 de las 330 controversias constitucionales presentadas por otros tantos municipios -de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz- contra el procedimiento seguido por el Congreso al aprobar las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas aprobadas el año pasado. Con esta resolución -el máximo tribunal determinó por mayoría de ocho votos a tres declararse incompetente para atender estas demandas-, se cierra para los pueblos originarios de México la última instancia que el Estado ofrece para hacer cumplir sus legítimos reclamos. Se sienta así un inquietante precedente para el futuro de las etnias del país, en lo general, y para la resolución pacífica del conflicto de Chiapas, en lo particular.

Hasta el día de ayer, la SCJN era la última puerta a la que los pueblos indios podían acudir para que el Estado mexicano atendiera su demanda de reconocimiento legal pleno. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo escucharon adecuadamente en su oportunidad ese mismo reclamo. La decisión del Poder Judicial cierra las puertas del Estado mexicano a los reclamos indios.

Más allá del tema de las competencias de la Suprema Corte, lo cierto es que su determinación pospone, una vez más, la atención de la deuda histórica que la nación tiene con sus pueblos originarios. No debe olvidarse que fueron, precisamente, municipios con un alto índice de población indígena los que interpusieron las controversias ayer rechazadas, un claro síntoma de la inconformidad y el desasosiego que las reformas constitucionales, ahora jurídicamente validadas, han producido a sus destinatarios inmediatos. Por otro lado, es claro que, más allá de su procedencia legal, las modificaciones a la Carta Magna y la ley secundaria en materia de derechos y cultura indígenas tuvieron dos defectos de origen: no tomar la opinión de los pueblos indígenas, tal y como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y no incluir a cabalidad las premisas contenidas en la iniciativa formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación y, por tanto, en los Acuerdos de San Andrés. Tales omisiones suscitaron la decepción en amplios sectores de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas, y mantienen en suspenso el importante proceso de paz entre el gobierno federal y el EZLN.

Muchas voces se han levantado en el mundo indígena, las ONG y la comunidad intelectual advirtiendo las graves consecuencias que para el país arrojará el fallo de ayer de la Suprema Corte.

La decisión de la SCJN coincide en el tiempo con la intensificación del hostigamiento paramilitar contra las comunidades zapatistas y los movimientos de tropas en Chiapas. El abandono político en el que la administración de Vicente Fox ha mantenido el conflicto chiapaneco, evidente en la nula referencia que hizo hacia éste en su segundo Informe presidencial, es otro inquietante indicador de la política oficial hacia el drama que diariamente se vive en esa entidad del país.

La gravedad de la situación es evidente. Cerrados en el plano nacional los cauces judiciales para revertir las reformas en cuestión, resulta necesario realizar una rectificación de fondo a la legislación aprobada, que enmiende sus errores y carencias. Al mismo tiempo, es urgente que el gobierno de Fox coloque el problema de Chiapas como una de sus prioridades, pues la pasividad que ha manifestado en este asunto en los meses recientes sólo contribuye a incrementar el desamparo, el miedo y la tensión que padecen las comunidades indígenas chiapanecas.

El fallo de ayer de la Suprema Corte aleja la paz en el Sureste mexicano y refrenda el trato dado a los indígenas como ciudadanos de segunda. Inevitablemente esta decisión agravará aún más la frágil situación que se vive en la entidad. Hoy, más que nunca, se requiere de un compromiso claro por parte del Estado para restablecer el proceso de diálogo y para atender con convicción y solidaridad los justos reclamos de las etnias del país. Mientras los pueblos indígenas no vean reconocidos plenamente sus derechos y su cultura no podrá consolidarse un genuino desarrollo democrático en México.