Silvia Gómez Tagle
Acuerdos políticos o consolidación democrática
En vísperas del segundo Informe de gobierno de Vicente Fox es conveniente recordar los hechos y valorar el momento, sobre todo hoy que aparecen Roberto Madrazo y Luis Felipe Bravo Mena, dirigentes del PRI y del PAN, respectivamente, dándose la mano en las primeras planas de los diarios. En estas páginas he defendido la idea de que los acuerdos políticos no sólo son válidos, sino necesarios en un proceso de consolidación democrática como el que atraviesa nuestro país desde el 2 de julio de 2000, pero también es importante puntualizar de qué tipo de negociaciones estamos hablando, ya que no son lo mismo los pactos que realizan los partidos, el gobierno y las demás fuerzas políticas estableciendo principios y compromisos a la luz pública, que los acuerdos en privado que ocultan complicidades e intereses particulares.
Un aspecto fundamental del proceso de consolidación democrática de México tiene que pasar por el esclarecimiento de acciones irregulares del pasado inmediato, y digo "irregulares" porque el IFE es la autoridad competente para establecer si hubo ilícitos en los financiamientos de las campañas presidenciales de Vicente Fox y Francisco Labastida, así como si sus respectivos partidos deben ser sancionados. Sin embargo, a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que autorizan al IFE a realizar las indagaciones pertinentes y mandatan a otras instituciones a proporcionar la información necesaria, las investigaciones han tropezado con enormes dificultades. En este contexto no resultan sospechosos los encuentros bilaterales que excluyen a otras fuerzas políticas: primero se acercó a Fox la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo, para avalar el sistema de evaluación educativa que atenta contra los intereses del SNTE, del cual es la dirigente de facto; ahora se trata de un acercamiento entre los presidentes de ambos partidos y el Presidente de la República.
El tema al que alude la prensa es la reforma eléctrica, poniendo en primer lugar el problema de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y no la reforma constitucional. Si eso fuera así, seguramente el PRD y otras fuerzas políticas (inclusive los sindicatos) se suma-rían al diálogo, pero es muy importante que no se oculte bajo estas apariencias el interés de esos dos partidos, y de Fox mismo, en poner obstáculos a las indagaciones sobre sus respectivos recursos de campaña en el pasado. De nada serviría haber logrado un sistema electoral "razonablemente confiable" que descansa en el IFE, como institución autónoma y en el Poder Judicial.
De los complejos procesos de cambio político que cristalizaron en las elecciones presidenciales de 1988, surgió un sistema principalmente con tres partidos políticos y varios pequeños que reflejan en su conjunto la diversidad social y política de México. Sin embargo, no hay que olvidar que ya en 1989 fueron los acuerdos entre las cúpulas partidarias del PAN y del PRI las que se sumaron para formar una "mayoría calificada" en el Congreso y que postergaron las reformas políticas que el país necesitaba para avanzar decididamente en la democratización.
En esa ocasión los protagonistas de los acuerdos fueron Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos, pero muchos dirigentes priístas y panistas finalmente sucumbieron ante el ofrecimiento de espacios de poder e intereses de corto plazo.
Hoy, otra vez son los dirigentes del PRI y del PAN, con el papel invertido, quienes pueden detener un proceso de democratización todavía inconcluso, al reducir la tan anunciada "reforma del Estado" a asuntos de conveniencia particular para cada uno, olvidando el compromiso que Fox y Acción Nacional adquirieron con la sociedad que los apoyó para llegar a la Presidencia de la República con una alianza que representaba "el cambio".
En México muchas cosas cambiaron después del 2 de julio, pero no existe un nuevo régimen político consolidado, porque esos cambios no se han traducido en nuevas relaciones sancionadas por la ley entre los partidos y el gobierno; entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y el federalismo, y en mecanismos para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso asuman colectivamente la responsabilidad de las políticas públicas en asuntos fundamentales, como el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte, los energéticos, el agua y la salud, entre otros, que no se han resuelto.
Uno de los pocos avances significativos para la consolidación de la democracia ha sido la Ley de Acceso a la Información Pública y la Transparencia, que podría permitir hacer un recuento crítico de nuestro pasado, sin el cual es imposible establecer plenamente la legitimidad del nuevo régimen político. Esto incluye necesariamente saldar las cuentas pendientes de los partidos con el pasado y sentar las bases para crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas de los gobernantes y de participación ciudadana.
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