Comunicado No. 82

Compromiso Social por la Calidad de la Educación

AYER, 8 DE AGOSTO, suscribieron el Compromiso Social por la Calidad de la Educación la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de gobiernos estatales, universidades y diversas organizaciones sociales. Se trata de un documento muy general que consigna laudables propósitos de cuantos lo suscriben, y en el cual se anuncian futuros convenios específicos que precisarán las acciones que se piensa poner en marcha. Así y todo, su firma es un gesto simbólico que pretende transmitir dos mensajes: el logro de una concertación política, principalmente entre SEP y SNTE, y la convocatoria a un amplio consenso social.

La idea de impulsar un movimiento social convergente para mejorar la educación se ha venido expresando en diferentes oportunidades, desde hace casi dos años. El de ayer es un primer paso, aunque todavía es insuficiente para garantizar repercusiones eficaces.

En el documento del equipo de la transición educativa de noviembre de 2000 se propuso lanzar una campaña nacional, en los primeros días del nuevo gobierno, que promoviera una amplia participación a favor de la educación. En la presentación del Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, el pasado septiembre, el secretario del ramo convocó a todos los sectores a sumarse a un gran "acuerdo nacional", y esta iniciativa también se mencionó en los últimos párrafos del PNE (p. 241).

Pasaron los primeros 100 días de este gobierno, y nada se definió. Meses después, en las negociaciones de mayo de 2001 con el SNTE, se habló nuevamente de realizar "un gran pacto educativo", el cual contaría con el consenso del SNTE y estaría respaldado por una amplia consulta ciudadana. No hubo tal consulta y el sindicato, pese a que expresó su disposición a participar, reiteró que primero habría que atender algunas condiciones; las mesas de discusión previstas para el pacto educativo no se instalaron, aunque, se sabe, hubieron formas de negociación discretas.

Al cabo de dos años, se hace público el compromiso. El sindicato magisterial y las autoridades educativas federales figuran como sus actores principales, pero a la iniciativa se suman otros muchos firmantes.

¿Qué responsabilidades?

El documento contiene siete puntos. El primero justifica la razón de la iniciativa ("el sistema educativo que tenemos no es aún el que necesitamos") y destaca la importancia de generar una nueva cultura de revaloración de la educación y un nuevo esquema de participación social; señala que los firmantes asumen "responsabilidades individuales y comunes para transformar la educación en México".

En el segundo punto, a manera de diagnóstico, se puntualizan los principales problemas del sistema educativo, aunque sin ponderar responsabilidades ni jerarquizar obstáculos. Se admite que el sistema educativo tiene fallas de articulación, es rígido, con problemas de cobertura e iniquidades. También se advierte que la insuficiente calidad es resultado de factores como la falta de recursos, la escasa evaluación y rendición de cuentas.

Además el documento recupera, en el tercer punto, el esquema de las "transiciones" que se utilizó tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el PNE. El apartado "nuestra visión común", el número cuatro, es particularmente importante porque se prefiguran propósitos y responsabilidades como el de fortalecer el carácter laico y gratuito de la educación, preservar los derechos de los trabajadores, mejorar la formación y actualización de los profesores, y garantizar mecanismos de participación social. Lamentablemente no se establece con claridad cuáles son los ámbitos de responsabilidad ni cuáles los compromisos.

La parte más sustantiva del documento son los puntos cinco y seis, en los cuales se identifican los cambios y compromisos que se proponen. Respecto de los cambios, destaca el que se refiere explícitamente a la educación básica y particularmente al desarrollo de "comunidades de aprendizaje exitosas" para este nivel. Los cambios requeridos para impulsar tales comunidades, consigna el documento, implican el cumplimiento de los maestros con su trabajo, el aprovechamiento óptimo de la jornada escolar y el aprendizaje de un segundo idioma y de computación (como en su momento proponía el candidato del PRI a la presidencia). Además, se añade, se requiere mejorar la infraestructura, adecuar las condiciones de trabajo y transformar la gestión. Quizá lo más importante es que se acepta que en el futuro la movilidad de maestros y directivos se hará con base en el mérito y se desarrollará un nuevo sistema de evaluación.

Las "novedades"

En el apartado seis se anotan los retos que plantea el compromiso social y se identifica a una decena de firmantes del documento, entre ellos autoridades federales y estatales, empresarios, legisladores, padres de familia, legisladores, organizaciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y algunas agrupaciones ciudadanas. Sin embargo, entre todos los firmantes, destacan los compromisos de las autoridades educativas federales y del sindicato de profesores; el resto asume compromisos en los que no hay responsabilidades exigibles o demostrables.

Las responsabilidades asumidas por la SEP se identifican parcialmente con los puntos problemáticos mencionados en la parte de diagnóstico y repiten casi literalmente las metas ya anunciadas en el PNE. Son ocho compromisos y algunos de los más sobresalientes son: establecer estándares de aprovechamiento para evaluar el aprendizaje (una meta del PNE que se pensaba cumplir en este año, p. 138); "orientar la asignación de recursos con un sentido de equidad", transparencia y con base en indicadores de desempeño (propósito que también se anotó en el programa sectorial, p. 95); mayor participación de las entidades federativas en la definición de los contenidos educativos; redefinir su estructura "con dimensiones reducidas" y mejorar "radicalmente" la gestión del sistema educativo (todo un apartado del programa sectorial).

Los compromisos para las autoridades educativas federales y estatales se refieren básicamente a la promoción de la innovación, la evaluación y la rendición de cuentas; el mejoramiento de las condiciones laborales, y el fortalecimiento del federalismo educativo. Aunque no figura en el texto, es novedad el anuncio de que se impulsará un número importante de "escuelas de jornada completa", parte de las cuales probablemente serán las inscritas en el Programa de Escuelas de Calidad.

Respecto del magisterio, y particularmente el SNTE, se asume como principal compromiso que se impulsará "una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad educativa, de las formas de organización y de gestión escolar". Un aspecto que en realidad no debiera ser motivo para firmar un compromiso especial, sino característico de un gremio magisterial que cumple con su trabajo. El término "nueva cultura laboral" no es quizás el más afortunado porque, en otros contextos, ha funcionado como un eufemismo para la promoción de nuevas reglas y condiciones de trabajo, generalmente desfavorables para los trabajadores. Además, como algunos analistas interpretan, el acuerdo corre paralelo con las nuevas alianzas partidarias (simbolizadas en la cercanía de la maestra Elba Esther Gordillo con el Presidente) y no pone en riesgo las tradiciones corporativas que se esperaba modificara el "gobierno del cambio".

En todo caso, el compromiso menos notorio pero más importante es que el SNTE se compromete a que el mecanismo de acceso a la cadena de dirección, supervisión y jefaturas de sector sea "mediante exámenes de ingreso al servicio y concurso de oposición para la promoción" y se establezca un examen de conocimientos para el ingreso de maestros. Si se establecen las condiciones para cumplir a cabalidad este acuerdo, sobre todo si se considera la experiencia con el programa de carrera magisterial, ello será lo realmente novedoso del compromiso social. Todavía es una promesa y habrá que esperar su puesta en operación.

Las omisiones

Los compromisos para el resto de firmantes son más bien retóricos o parte de la actividad que ya desempeñan. Por ejemplo, para las instituciones de enseñanza superior, bajo la representación de ANUIES y FIMPES, se enumera el mejoramiento de las actividades que se supone ya realizan, pero al final se agrega que "nuestra disposición es plena y no tiene más límites que el respeto a los ordenamientos normativos..."

Es el mismo caso para los legisladores, quienes se comprometen "a seguir impulsando con responsabilidad nuestra tarea..."; los padres de familia a "ejercer su derecho a participar", o las organizaciones ciudadanas a formar redes de apoyo en varios campos...

La carencia más notable en el documento es que no se advierte qué acciones se emprenderán para impulsar la real participación de los sectores. Es importante recordar que las mismas autoridades han reconocido los problemas de los consejos de participación social y han prometido su reforma. Es muy lamentable que se omita mencionar a los consejos, cuyo correcto funcionamiento garantizaría, además del cumplimiento de la ley, un amplio esquema de participación ciudadana en la gestión educativa. Tampoco se menciona cómo se articulará la iniciativa en curso con la reforma pendiente del Programa de Carrera Magisterial o la reforma de las escuelas normales; no se aclara, además, cómo se harán los concursos de oposición para directivos, supervisores o jefes de sector ni el alcance que tendrán las propuestas de evaluación.

En este sexenio se ha avanzado muy poco en dirección del cambio educativo. Para un gobierno que se comprometió a impulsar como nunca la calidad de la educación pública es una pésima nota. Pero está bien que se busque el acuerdo social para promover las políticas, aunque es claro que la demora en iniciar este camino milita en contra de las intenciones que puedan tener los protagonistas.

Por ahora los compromisos solamente están anunciados. Un signo alentador es que se establecerá un comité consultivo que dará seguimiento a los compromisos. Observatorio, acorde con sus objetivos de vigilancia crítica de las políticas educativas, aceptó participar en este comité, por lo cual nos comprometemos a informar a los lectores del avance y de las viscisitudes de dicho compromiso.

La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa será objeto de nuestro próximo comunicado

Nuestros comunicados aparecen en el primer y el tercer viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación a: La Jornada Observatorio Ciudadano de la Educación, Apartado Postal 20-423, San Angel, México, D.F. C.P. 01001. Fax: 55 54 86 55. Correo electrónico:

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