Estarían consideradas en un plan B para el aeropuerto

"Poca posibilidad" de resistencia en Xochiaca a la expropiación de tierras

Por ignorancia, miedo o necesidad, algunos cedieron a Raymundo Olivares, El Lobo, los derechos de las 247 hectáreas que en 1959 les concedió el gobierno federal, y algunos hasta piensan que los ayuda cuando les lleva cubetas y escobas con propaganda del PRI; ¿cree que van a oponerse si deciden hacer aquí el aeropuerto?, pregunta Pablo Arrieta, dirigente de los comuneros en lucha

FABIOLA MARTINEZ

Junto a un canal hediondo y montones de excremento que rodean los tiraderos de basura de El Bordo de Xochiaca se alcanza a distinguir un letrero tricolor que dice: "Vamos juntos con el PRI"...

Son los caminos de la incipiente colonia "Arturo Montiel", en Chimalhuacán, estado de México, que se levanta a toda prisa sobre las últimas tierras de los comuneros del barrio de Xochiaca; 247 hectáreas que -según consta en denuncias penales promovidas por los campesinos- fueron arrebatadas por Raymundo Olivares Díaz, sexto regidor de Chimalhuacán, y a quien la tradición caciquil de la zona le ha puesto el mote de El Lobo.

Mientras avanza la investigación de la PGR (1030/Fesple/2001) en contra de Olivares por el presunto despojo de estas tierras colindantes con los basureros, y donde ya se habla del "plan B" para la construcción del nuevo aeropuerto, cientos de personas intentan librar la fetidez y el hervidero de moscas que invade las casas y acecha a los niños que juegan en predios arenosos, mismos que el gobierno mexiquense legalizó rápidamente en favor de El Lobo, uno de sus operadores políticos en la zona.

Ahora ya se ocupan los últimos tramos de las hectáreas que el gobierno federal concedió desde 1959 a más de 500 comuneros, quienes por "ignorancia, necesidad económica y miedo" fueron cediendo poco a poco sus derechos en favor de Olivares, y más tarde a particulares. A cambio de las 247 hectáreas, El Lobo regaló a cada uno de los comuneros dos predios de 120 metros cuadrados, enclavados en las mismas tierras fétidas de la región.

Una vez más se repite la historia de las colonias marginales de Chimalhuacán. Es decir, familias de ínfimos recursos pagan en abonos a los "gestores" políticos del PRI -que se presentan como representantes de los comuneros- predios asentados en áreas insalubres, donde la única esperanza es que en un par de años, quizá, el gobierno meta servicios básicos. Y es que en la "Arturo Montiel", limítrofe con el canal de aguas negras de la colonia Saraperos, no hay nada: ni drenaje, ni agua, ni luz, mucho menos clínicas, escuelas o comercios.

"¡Ahora está bello!, hubiera visto antes, cuando me vendió el lote un tal ingeniero Zurita Buendía... ¿Que si nos iríamos de aquí para que construyan un aeropuerto?, pues si me dan lo que he invertido, más de 60 mil pesos, tal vez, pero... ¿será por eso que los líderes andan cobrando 2 mil pesos para meter la luz?", se pregunta una mujer, analfabeta y pionera del terreno arenoso que los vecinos insisten en convertir en una cuadra.

Los colonos enciman cartones, piedras, madera, tabiques o lo que sea para construir viviendas en el área que hace décadas fue refugio de patos, chichicuilotes y otras especies en el ex lago de Texcoco, asunto ya de un pasado lejano, memorias sólo de los comuneros más viejos del barrio, quienes aún tienen "fe" en que Olivares les pague, les devuelva sus tierras o por lo menos el gobierno autorice una indemnización por el "atraco" del que fueron víctimas. Por eso también se mantienen en lucha para impedir "un segundo despojo", ahora a criterio del gobierno federal, que considera aplicar en estas tierras los planes B, C u otro, para la construcción del nuevo aeropuerto.

El despojo

De acuerdo con testimonios de los comuneros y documentos notariados de los que La Jornada posee copia, en 1959, el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (actualmente Secretaría de la Reforma Agraria) concedió 247 hectáreas del ex lago de Texcoco a 529 comuneros. Al paso de los años, cuando de manera súbita y desordenada la mancha urbana invadió esta área, los líderes políticos del municipio de Chimalhuacán, gran parte de ellos de apellido Buendía -"los quemados y otros que no lo somos", expresa un comunero-, vieron esta zona como lugar fértil para la compra y venta de terrenos.

La tarea para los lobos (encabezados por Guadalupe Buendía, actualmente presa en la penitenciaría de Santiaguito, Almoloya de Juárez) fue fácil, pues la mayoría de los comuneros, desconocedores de que la ley prohíbe la venta, el embargo o la alienación de los terrenos comunales, fueron cediendo sus derechos.

Otros prefirieron "no meterse en líos", luego de que en 1987 dos campesinos -Joaquín Ochoa García y Armando Ochoa Alfaro- fueron encarcelados por intentar defender la propiedad colectiva. Años después, en 1991, el gobierno del estado de México, durante la gestión de Ignacio Pichardo Pagaza, con el aval del entonces titular de la SRA, Víctor Cervera Pacheco, en calidad de testigo de honor, redactó un convenio en el que "reconoce y trasmite a título gratuito como propiedad particular" una superficie de 123 hectáreas para su regularización definitiva, es decir, alistó el camino para proceder a la escrituración.

Ese convenio también incluyó un pago por 2 mil 400 millones de pesos, emitido por el gobierno del estado de México en favor de los comuneros, constituidos en una supuesta inmobiliaria de copropietarios en solidaridad del barrio de Xochiaca, donde Olivares funge como presidente, pero hasta ahora no se ha informado al resto de los comuneros del destino de esa inmobiliaria, y mucho menos de tal fortuna.

La cesión de los derechos comunales se sustentó en las firmas de 15 campesinos, incluido Raymundo Olivares, quien de inmediato -el 17 de septiembre de 1992- promovió la escrituración de las 247 hectáreas, aunque en este último documento sí están los nombres -pero no las firmas- de todos y cada uno de los 529 comuneros. Una lista en la que predominan los apellidos Buendía, Arrieta, Chavarría y Olivares, cuyos descendientes o los viejos que sobreviven se han dispersado. Sólo un centenar de ellos sigue luchando por la devolución de las tierras por las que ahora ni siquiera se les permite pasar, y en cambio ya forman una hilera de colonias terregosas y predios insalubres.

Aun con la prohibición de ley para vender o embargar los predios comunales, la operación antes descrita podría tomar cauces legales si tuviera el respaldo colectivo; hasta la fecha, Olivares (ex amigo de Guadalupe Buendía, La Loba, según cuentan los lugareños) no ha mostrado el acta de alguna reunión en la que los campesinos hubieran cedido la copropiedad de la tierra. La razón es simple: esa asamblea nunca existió.

Con el tiempo, los que luchan parecen ir en contra de la corriente, porque algunos de sus compañeros se han convertido incluso en veladores a sueldo -pagados por Olivares- para custodiar la escasa área libre que es asediada por los pepenadores de El Bordo y, ahora, hasta en la mira como tierra susceptible de expropiación.

Otros, expresa Pablo Arrieta, dirigente de los comuneros en lucha, siguen apoyando a Olivares a cambio de un sueldo miserable, y hasta le agradecen que les haya hecho el favor de darles dos lotes de 120 metros, cuando en realidad, aun si los comuneros hubieran aceptado la venta de las hectáreas, ¡nos corresponderían 4 mil 696 metros cadrados! A mí me dicen, expresa con impotencia, que para qué me meto con Raymundo, si él está bien parado con el gobernador del estado de México y el 'trinquete' ya nos jodió.

Pero lo más triste de todo -agrega- es que muchos de mis compañeros afirman que El Lobo sí los apoya, cuando los llena de cubetas y escobas con la estampa del PRI. ¡Eso, de verdad, sí duele! ¿Usted cree que en esas condiciones de ignorancia, ceguera y miedo alguien se opondría a la venta de sus lotes a siete pesos el metro cuadrado si los del gobierno se animan a construir el aeropuerto por acá?