La política de "oídos sordos" desencadenó violencia, dice

Insta Rosario Robles al gobierno a retomar diálogo con ejidatarios

Se agudiza el conflicto por la cerrazón de autoridades: ONG  Madrazo llama al consenso y a evitar más confrontaciones

ISRAEL DAVILA Y CARLOS CAMACHO ENRIQUE MENDEZ Y CLAUDIA HERRERA CORRESPONSALES, ENVIADO Y REPORTERA

La dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Robles Berlanga, exhortó ayer a la administración federal a actuar con responsabilidad para reanudar el diálogo con los campesinos de San Salvador Atenco, opositores al proyecto aeroportuario de Texcoco, mientras su homólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, lamentó que se hayan roto las negociaciones, y consideró que la advertencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, pondrá en alerta a la administración de Vicente Fox para que utilice la política, el acuerdo y el consenso y evite la confrontación que genera víctimas.

Por su lado, organismos defensores de derechos humanos coincidieron en que la actitud de cerrazón del gobierno federal está provocando que el conflicto se agudice, por lo que señalaron que el mejor camino para resolver este problema es que las autoridades se abran al diálogo y corrijan procedimientos jurídicos que pasaron por alto desde que tomaron la decisión de construir el aeropuerto.

En Metepec, estado de México, Robles Berlanga afirmó que "todos los mexicanos hemos sido testigos de la falta de sensibilidad social de los gobiernos federal y estatal en el conflicto de Atenco", a quienes acusó de establecer una política de "oídos sordos" y "falta de diálogo" que propiciaron acontecimientos como los del pasado 11 de julio, donde se enfrentaron los ejidatarios con la policía estatal.

Al acudir al congreso local del PRD, donde tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo estatal, Rosario Robles hizo un llamado para que la sociedad reconozca que gracias a la dignidad y la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco se abrió la puerta del diálogo, "y esta puerta tan importante no puede cerrarse; por eso hoy volvemos a levantar nuestra voz, a exigir que se reanude el diálogo y a que se respete la decisión de los pobladores de esa zona del estado de México".

Apuntó que una muestra de la falta de sensibilidad con la que se han conducido los gobiernos federal y estatal en este asunto, es la de deslindarse de las causas de la muerte de José Enrique Espinoza, por eso recalcó "que el gobierno de Arturo Montiel tiene que asumir la responsabilidad. José Enrique Espinoza murió por los golpes que le propinaron producto de la represión contra los campesinos de San Salvador Atenco.

"Aquí las víctimas son quienes están luchando por sus tierras y en este caso no puede haber confusión. Toda nuestra solidaridad y la exigencia de que el gobierno no rehuya su responsabilidad; sobre sus espaldas carga la muerte de un poblador de esa región".

Entrevistado en Pachuca, Hidalgo, el dirigente del tricolor dijo que hasta ahora ha faltado previsión por parte del gobierno federal "respecto de un tema tan delicado para lograr una inversión importante para el país". Ojalá, agregó, se restablezca la comunicación entre las autoridades y los ejidatarios, para bien del país y se eviten los conflictos que generan violencia.

Para Madrazo, el conflicto se puede politizar y también respaldó la versión de que detrás del movimiento en contra del decreto de privatización hay "grupos ajenos al interés de los pobladores de San Salvador Atenco".

Caso cerrado, la opción Tizayuca, afirma Núñez Soto

A su vez, el gobernador de Hidalgo, Manuel Angel Núñez Soto, insistió en que para su estado el tema de la construcción del aeropuerto en Tizayuca es un caso cerrado, luego de calificar como preocupante "en todos los sentidos" la situación que se vive en Atenco. En este contexto, aseguró que de su parte sólo desea que el gobierno federal tenga suerte en sus negociaciones con los campesinos.

Mientras, Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el gobierno tiene una actitud de desprecio por los derechos humanos de los ejidatarios y no ha contribuido a crear un clima de distensión para que las pláticas puedan llevarse a cabo.

Georgina Sandoval, experta en derecho a la vivienda, dijo que en el caso de Atenco, el gobierno tomó la decisión de expropiar de manera unilateral, violando derechos elementales que están contemplados en instrumentos internacionales.

La directora de la organización Casa y Ciudad indicó que la Organización de las Naciones Unidas tiene reglas básicas para la realización de expropiaciones en beneficio público que consisten en la entrega de información a los afectados, en permitir su participación y en la aplicación de una serie de procedimientos que le dan legalidad al proceso.

Por último, consideró que el gobierno le apuesta al desgaste del movimiento y a hacer ver a los campesinos como radicales, cuando ellos han sido víctimas de la violación de sus derechos, en particular de su derecho a la información.