Carlos Marichal
Investigando la corrupción: éxito en Perú / I
Uno de los problemas más graves que han experimentado las sociedades latinoamericanas ha sido la corrupción en sus distintos niveles. Una de las fuentes de mayor corrupción ha sido la negociación de contratos con el Estado, incluyendo la licitación de obras públicas, rara vez investigados a fondo. Sin embargo, hay una reciente y buena noticia: el Congreso peruano resolvió tomar el toro por los cuernos e iniciar una profunda investigación hace un año, cuyos resultados han comenzado a publicarse, dando pie a resoluciones legislativas para erradicar la corrupción, incluyendo medidas que realmente son inéditas en la historia de América Latina.
El vicepresidente del Congreso del Perú, Javier Diez Canseco, encabeza la Comisión investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos en ese país entre 1990 y 2001. En pocas palabras, se han realizado investigaciones sobre los enormes negocios turbios realizados bajo la administración de Alberto Fujimori, demostrando la relación entre políticos, tecnócratas y grupos económicos privados, buen número de ellos vinculados con la licitación de obras públicas y con las privatizaciones de empresas estatales.
Uno de los sectores de mayor expansión en los años de 1990 en el Perú fue el de la construcción. Durante esta década, el Estado peruano dedicó 10 mil millones de dólares a inversiones, de los cuales 25 por ciento estuvieron destinados a la ejecución de obras públicas. Estas fueron ejecutadas por entidades estatales en combinación con algunos de los mayores grupos privados de consorcios de la construcción del Perú. Entre los dueños de estos consorcios se encontraban numerosos políticos, incluyendo a Jorge Camet, quien fuera ministro de Economía (1993-1998) siendo, a su vez, dueño de una de las mayores empresas de construcción e ingeniería del país.
La investigación publicada documenta la estrecha relación entre uso de fondos de las privatizaciones y concesión de contratos de obras públicas a favor de los grupos privados. En el caso del ministro Camet, las detalladas investigaciones demuestran que hubo una correlación increíblemente estrecha entre el uso de los fondos de la privatización y las obras públicas contratadas con su empresa. Ello refleja de manera explícita las prácticas adoptadas por el régimen de Fujimori de favorecer intereses privados a costo del erario público. Pero a pesar de la proliferación de estos negocios ilegales -así como muchos otros que han ido saliendo a la prensa- los organismos de financiamiento internacional, como el Fondo Monetario Internacional, siguieron dando su beneplácito y su apoyo a un régimen autoritario y corrupto durante años. En pocas palabras, las investigaciones revelan el hilo de una madeja muy compleja, nacional e internacional, en la que las complicidades entre funcionarios, empresarios y banqueros van saliendo a la luz pública. Pero es necesario que se conozcan en mayor detalle las extensas investigaciones realizadas. Dado el interés que tienen éstas para un país como México, iremos comentando la metodología y los resultados concretos en artículos subsiguientes.
Lo fundamental que debe observarse es que es posible investigar la corrupción y también explicar sus orígenes y su dinámica. Para ello, sin embargo, se requiere de una voluntad política, de una gran moralidad y de un esfuerzo sistemático de explorar el tenebroso puente entre la política y los grandes negocios. Las consecuencias pueden ser importantes en la reducción de prácticas ilícitas: por ejemplo, el 18 de julio el Consejo Nacional de la Magistratura del Poder Judicial de Perú separó a 41 vocales y fiscales superiores de Lima y del interior del país por sus vínculos con las mafias políticas del presidente Fujimori y de su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. En breve, se abrirán numerosos juicios sobre una amplia gama de funcionarios del antiguo régimen en un proceso de enorme transcendencia no sólo para Perú sino para todos los países del continente.
La corrupción en América Latina siempre ha estado presente pero en los últimos decenios ha tenido una tendencia a aumentar en razón del creciente tamaño de los contratos de obras de infraestructura cada vez mayores y de las operaciones financieras vinculadas a las mismas. Por otra parte, ello no está desvinculado con el proceso de privatizaciones que también ha propiciado una cantidad enorme de transacciones ilícitas con grupos económicos privados. Por fin, un país y un gobierno -el peruano- han resuelto iniciar investigaciones serias para desvelar esta historia oscura que ha estado minando los cimientos básicos del desarrollo económico, social y político.
Sería de enorme importancia que en otros países como México -donde la corrupción no causa menos estragos- también se resuelva proceder a abrir investigaciones por parte del Congreso sobre los orígenes y las causas de los mayores delitos económicos y financieros cometidos en el país en los pasados decenios. Sin este esfuerzo, la nueva democracia seguirá cojeando indefinidamente y no podrá contar con la confianza plena de los ciudadanos.
