Miguel Concha
Pobreza ignorada
Con el título Foro Pobreza Ignorada acaba de editarse la memoria del encuentro nacional que tuvo lugar en esta ciudad a finales del año pasado, y que reunió tanto a organizaciones civiles, sociales y miembros de la academia, como a integrantes del Poder Legislativo y representantes de los gobiernos federal y del Distrito Federal, para reflexionar sobre el alcance, las implicaciones y las medidas ante la pobreza que se vive en las ciudades del país. Para todos estos actores, y particularmente para las 17 organizaciones convocantes, estaba clara la existencia de políticas muy definidas para la pobreza en las pequeñas localidades rurales, quizás bajo el supuesto de que sólo ahí se enfrenta la pobreza extrema, ignorando la dimensión del problema en ciudades como Guadalajara y el Distrito Federal, u otras de menor tamaño, como Tijuana. El rico debate que recupera la memoria del foro indica que si bien no se ignora del todo el problema, sí hay dificultades, y aun diferencias, para dimensionarlo, y sobre todo políticas tímidas para atenderlo. Durante dos días de trabajo más de 60 participantes debatieron sobre un tema que logró colocarse en la agenda de los grupos sociales y de algunos sectores de gobierno, pues como se afirma en la memoria, "el asunto de la pobreza en México tiene expresiones, comportamientos y causas diversas, ligadas a una compleja geopolítica, a un modelo económico cuestionado y a los cambios en la demografía, que requieren nuevas explicaciones, para impulsar políticas adecuadas". La convocatoria al foro recuerda también que durante las últimas décadas la población ha registrado una recomposición importante, pues en la actualidad tres cuartas partes viven en localidades urbanas. La dinámica combinada de esta distribución poblacional y las políticas económicas han llevado a que amplios sectores de la población urbana carezcan de recursos suficientes para una vida digna.
En una reunión previa de especialistas sobre la medición de la pobreza, cuyas conclusiones aparecen en la memoria, se coincidió en que la información estadística que se usa en México para estimar la pobreza, proveniente de hogares y censos de población, es insuficiente y no cumple los estándares de calidad necesarios para hacer frente a un problema fundamental. Ante ello se plantea la necesidad de mejorarla sustancialmente, tanto en términos de frecuencia, como de oportunidad y calidad. Por otro lado se reconoce que no se está planteando dejar de ver la profundidad y magnitud de la pobreza en zonas rurales, sus dificultades inherentes y su relación con la pobreza urbana. El propósito es comenzar a equilibrar los esfuerzos específicos para ocuparse también, creativa y eficazmente, de los problemas de la pobreza en las ciudades y zonas metropolitanas.
El foro tuvo la virtud de inaugurar un diálogo plural y respetuoso, en el que se presentaron distintas concepciones sobre la dimensión del problema, y sobre todo se debatieron los programas gubernamentales y las experiencias sociales que lo atienden. La pobreza -se dijo en uno de los paneles- es un concepto relativo, si se considera que hay pobreza en la medida en que hay riqueza. Se trata de un problema de distribución equitativa de recursos. Las sociedades urbanas están cada vez más confrontadas y padecen problemas cuyo origen está en la polarización que provoca la desigual distribución de ingresos. Se puso por lo mismo en cuestión la política social de los últimos gobiernos, y se responsabilizó al modelo económico asumido desde hace décadas, que priorizó simplemente las medidas para corregir los macroindicadores.
Por eso entre las propuestas se destaca la construcción de políticas de Estado que partan del consenso entre los principales actores sociales, políticos y económicos de la nación, que impliquen la revisión y corrección del modelo económico y adopten como eje articulador el cumplimiento e instrumentación de los derechos sociales consagrados en la Constitución, así como el diseño jurídico e institucional que permita garantizar su pleno acceso. Se habló de promover la evaluación de los instrumentos y acciones sociales del gobierno, para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos, medir el cumplimiento de metas y corregir errores y desviaciones. Se apoyó la descentralización del gasto y se recuperó la idea de fortalecer la legislación, impulsando una ley de desarrollo social. Hubo un reconocimiento a las experiencias de las organizaciones sociales y civiles, que se han llegado a constituir en propuesta de política pública.
