Los acusan de eludir sentencia de indemnización en favor de clientes de Diego Fernández

Analiza ministro cese de titulares de SHCP y SRA

El tribunal del caso desoyó los argumentos de ambas dependencias

ANDREA BECERRIL

El presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, José Vicente Aguinaco, analiza el cese y la consignación de los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Reforma Agraria (SRA), Francisco Gil Díaz y María Teresa Herrero Tello, "por tratar de eludir la sentencia de la autoridad federal" para pagar mil 214 millones de pesos a los herederos de Gabriel Ramos Millán, que representa el despacho de Diego Fernández de Cevallos.

El ministro Aguinaco debe decidir en torno a la solicitud que le formuló el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, para que con base en el artículo 107 constitucional se separe de su cargo y se consigne ante el juez de distrito que corresponda a los secretarios de Hacienda y de la Reforma Agraria, Francisco Gil Díaz y Teresa Herrero Tello, por no cumplir la resolución del 10 de septiembre de 2001.

En descargo de ello, los representantes jurídicos de la SRA hicieron notar al ministro Aguinaco que la dependencia "no ha sido contumaz en el cumplimiento de la ejecutoria" y la realidad es que no cuentan con los recursos para pagar la indemnización a los herederos de Ramos Millán.

Además, agregaron, aunque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya turnó a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados la solicitud del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado, para que el Congreso autorice una partida especial -superior al presupuesto que este año ejerce la dependencia- el Congreso se encuentra en receso.

De todo ello se da cuenta en un escrito que las autoridades hacendarias hicieron llegar a los senadores, en el que se precisa el estado que guarda el proceso judicial, en el cual resaltan las presiones a la SRA para que pague a los representados de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia los más de mil 214 millones de pesos por concepto de indemnización por un predio de mas de 33 hectáreas en el ejido de Santa Ursula Coapa, expropiado en 1984 a los descendientes de Ramos Millán.

Aunque la SRA ya había argumentado antes que el Congreso reanudará sesiones hasta septiembre, y la petición del subsecretario Hurtado de que "se determine qué programas o metas de la Reforma Agraria pueden afectarse o bien qué mecánica puede seguirse para acatar el fallo judicial" ya está siendo analizada por los legisladores, esas razones no fueron consideradas de peso por el tribunal colegiado, que "ordenó la remisión de los autos a la SCJN para los efectos precisados en la fracción 16 del artículo 107 constitucional".

Es decir, el tribunal pidió ya al ministro Aguinaco que proceda a separar del cargo y consignar a los titulares de Hacienda y de la Reforma Agraria como autoridades responsables de eludir la sentencia que favorece a los clientes de Fernández de Cevallos.

Los representantes jurídicos de la SRA y de la SHCP comparecieron el día 20 ante Aguinaco para demostrar que "no ha habido rebeldía en el cumplimiento de la ejecutoria". Argumentaron que el 10 de septiembre del año pasado, aun cuando todavía la SRA no había sido notificada de la resolución que confirmó la sentencia del 7 de marzo de 2001, por la que se obligó a la dependencia a pagar esa indemnización millonaria, la SRA solicitó un presupuesto suficiente para pagar esa suma.

En esa fecha, la dependencia solicitó al subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, su intervención "con el fin de considerar recursos adicionales por la cantidad de mil 445 millones, 800 mil pesos, al considerar que son esenciales para compromisos que por disposiciones jurídicas resultan ineludibles. En esa cantidad se encontraba contemplada la de mil 214 millones 174 mil 40 pesos" para los clientes del panista.

No se atendió la petición y el Poder Judicial siguió presionando. El 24 de marzo de este año, el tribunal colegiado determinó que no era posible restituir las 33 hectáreas a los herederos de Ramos Millán. Los apremios continuaron hasta pedir a la Corte la remoción de Gil Díaz y Herrera Tello.

Mientras, Diego Fernández se niega a hablar del asunto y lo más probable es que no trate el tema de su doble papel de senador y litigante ante el la Comisión Permanente.