Francisco Gil Díaz y Diego Fernández han descalificado a la comunidad de pensadores

Antintelectualismo, característica del grupo que ganó el poder el 2 de julio

De la Madrid, Salinas y Zedillo no se atrevieron a revelar desprecio alguno hacia los creadores

JESUS RAMIREZ Y JENARO VILLAMIL /I

C. Wright Mills, sociólogo estadunidense, declaró en 1960, en un curso impartido en la UNAM, que envidiaba la influencia política de los intelectuales en América Latina, incluido México, y la tenía por único factor decisivo de transformación social en los países subdesarrollados.

Otro ciudadano de Estados Unidos, Roderic Ai Camp, destacó en La política en México esta misma influencia, y subrayó que si este sector ejerce un poder en el sistema político es porque difunde sus ideas en los medios editoriales y mantiene una relación estrecha con el gobierno.

A dos años del triunfo de Vicente Fox, el 2 de julio de 2000, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, no sólo desdeñó las consideraciones hechas hace más de cuatro décadas por Wright Mills, autor de La imaginación sociológica, y de Roderic Ai Camp, sino que sentó un precedente único en la historia de las relaciones entre el gobierno y los intelectuales con una auténtica confesión de antintelectualismo y la entronización de la ignorancia como línea fundamental de la política hacia los editores.

El desplante pretendió ser una explicación a la desaparición de la tasa cero del IVA a la industria editorial mexicana.

Pornografía y terroncitos de azúcar

"En cuanto a la industria editorial -dijo Gil Díaz el jueves 20 de junio-, todos sabemos que con excepción de algunas revistas que son semipornográficas, que son las de mayor circulación, prácticamente no leemos en nuestro país" (La Jornada, 21 de junio de 2002, p. 3).

Al día siguiente, distintos representantes de la comunidad intelectual no escatimaron en adjetivos para descalificar al responsable de las finanzas públicas del foxismo. "Ignorante", "arrogante", "inculto", "irresponsable", "analfabeta", víctima de un "hundimiento cerebral" y responsable de una declaración "pornográfica" fue lo menos que se le dijo.

El jefe Diego, como se conoce al líder moral del PAN y cabeza de la bancada en Xiconténcatl, agregó leña al fuego. Diego Fernández de Cevallos lanzó un nuevo epíteto contra los críticos de Gil Díaz que hubiera avergonzado al mismo fundador de su partido, Manuel Gómez Morín, el intelectual que abogó por una "patria generosa":

"No veo por qué los intelectuales consideren que su talento no se va a difundir sólo porque hay impuestos. Ellos pueden decir lo que quieran del Presidente de la República y de los políticos, y nosotros no los podemos tocar, porque se deshacen como terroncitos de azúcar. ¡Eso no me parece! El intelectual es como yo, como ustedes, nada más que a veces no tienen un modo honesto de vida" (La Jornada, 22 de junio de 2002, p. 11).

Como mancuerna, Gil Díaz y Diego Fernández hicieron explícito su fervor antintelectual, convicción que con su silencio avalaron tanto Acción Nacional como el Presidente de la República. Esta descalificación a la comunidad artística e intelectual es algo que ninguno de las administraciones anteriores, priístas, hicieron en 71 años de estar al frente del gobierno federal.

En el pasado hubo, sí, muchas amenazas veladas, medidas de coerción contra los críticos, presidencialazos, como la renuncia de Arnaldo Orfila al Fondo de Cultura Económica por publicar la novela Los hijos de Sánchez, que molestó a Gustavo Díaz Ordaz por difamar la idiosincracia del mexicano y "el alma nacional".

Luis Echeverría intentó seducir a creadores y pensadores con su "apertura democrática". Enfocó sus ataques contra el sector más crítico al que calificó de antinacional. Son célebres sus elípticas referencias despectivas contra Daniel Cosío Villegas, premio Nacional de las Letras en 1971, que en el ocaso de ese sexenio se convirtió en un lúcido crítico del presidencialismo desde su columna semanal en Excélsior, entonces dirigido por Julio Scherer.

Los mandatarios surgidos de la ortodoxia financiera -Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo- nunca se atrevieron a mostrar abiertamente algún menosprecio del poder político contra la investigación y la creación artística.

Por el contrario, hicieron gala pública de sus buenas relaciones con intelectuales y artistas y los aprovecharon para responder y descalificar las críticas que provenían del sector contra el régimen.

De la Madrid creó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El propio Salinas se alaba en sus memorias, Un paso difícil hacia la modernidad, por haber logrado incorporar a su causa a los dos grupos de pensadores más influyentes -los de las revistas Nexos y Vuelta- y relata las medidas adoptadas en favor de la comunidad artística e intelectual del país: la creación en 1990 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

En 1993 se instituyó el Sistema Nacional de Creadores del Arte, y ese mismo año se creó el Canal 22, primera concesión televisiva dedicada a la cultura.