La Jornada y Casa Lamm organizaron mesa
redonda para analizar la ley respectiva
La radio pública necesita independencia económica
para no depender del régimen
Quince familias controlan las frecuencias comerciales;
hay sólo 6 concesiones ciudadanas
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión
(LFRT) "es inaplazable" para librar a la radio pública de la subordinación
política al régimen en turno, y así convertirla en
un medio de servicio público con acceso a patrocinios y donativos
que le permita salir de la asfixia económica en que se encuentra,
coincidieron investigadores y promotores.
En la mesa redonda La radio de servicio público
en México, organizada por La Jornada y Casa Lamm, Aleida
Calleja, directora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias,
afirmó que los gobiernos prácticamente han excluido a la
sociedad mexicana de la radio. Muestra de ello es que sólo 10 por
ciento de las frecuencias son explotadas por el sector público y
90 por ciento restante por empresas privadas.
Los
números que dio Calleja reflejaron la desigualdad en el acceso a
los medios de comunicación de la que dieron cuenta los participantes.
En 40 años el gobierno sólo ha concedido seis permisos de
radio ciudadana, mientras que ha permitido la concentración de la
radio comercial en 15 familias.
También expresaron esta preocupación Alma
Rosa Alva de la Selva, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM; Angel Diez, coordinador de Radios Indígenas
en el Instituto Nacional Indigenista, así como Hilda Saray, secretaria
general del sindicato de trabajadores de Radio Educación, quienes
participaron el viernes pasado en el foro México después
del 2 de julio y el mundo actual.
Alva de la Selva señaló que la radio estatal
se encuentra alejada de la sociedad y más a la orden de proyectos
partidistas. Esta situación ha provocado, aseveró, que la
radio estatal tenga públicos muy reducidos y escasa notoriedad.
Hace falta, dijo, una reforma a fondo de la Ley Federal
de Radio y Televisión que reconozca a este medio de comunicación
como de servicio público, que le dé una personalidad jurídica
propia y que garantice la participación social y le posibilite conseguir
ingresos vía patrocinios, prestación de servicios o donativos.
Sin embargo, expresó su preocupación de
que esta meta no se consiga pronto, pues la mesa de trabajo que por primera
vez promovió el gobierno para analizar una reforma legal "avanza
con lentitud", sobre todo porque los representantes de los partidos políticos
no han acudido a las discusiones. "Parece que para los partidos el tema
no es rentable", señaló.
Para que la radio se convierta en un medio público,
agregó, hace falta que la sociedad mexicana reclame su participación
en estos espacios radiales, ya sea buscando tener representación
en los órganos de gobierno, interviniendo en la elección
de contenidos o en el propio manejo de las estaciones.
Aleida Calleja señaló que en México
las concesiones de radio y televisión se manejan como propiedad
privada, lo que afecta un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos.
Indicó que las condiciones para dar un servicio
de radio comunitaria son muy desventajosas. El permisionario tiene que
depositar al gobierno un millón de pesos para la creación
de un fideicomiso, dar 52 mil pesos por el costo del trámite y comprometerse
a no difundir comerciales ni aceptar ningún patrocinio.
La concentración de las frecuencias de radio en
unas cuentas manos, dijo, atenta contra la libertad de expresión
y el derecho a la información de los mexicanos, además de
que limita la pluralidad informativa. El problema de fondo, refirió,
es que en México la información se sigue viendo como una
mercancía y no como un derecho humano.
Angel Diez informó que en la actualidad 24 emisoras
integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, las cuales
transmiten en 31 lenguas indígenas y en español para un auditorio
potencial de 6 millones de radioescuchas indígenas y casi 16 millones
no indígenas.
Consideró que es preciso revisar la legislación
en la materia. Las radiodifusoras indígenas, afirmó, pugnan
por el establecimiento de un programa de acceso a los medios que fomente
la creación y facilite la elaboración de programación
pluricultural independiente.
Proponen además que se defina el concepto de idioma
nacional, y se incluya expresamente a las lenguas de los diferentes grupos
indígenas dentro de este aspecto. Por ejemplo, que los mensajes
de emergencia o de interés general se traduzcan a las lenguas de
la población indígena a la que están destinados.
Hilda Saray, secretaria general del Sindicato de Trabajadores
de Radio Educación, refirió la situación de sobrevivencia
en la que se encuentra esta emisora. Desde los años 90, añadió,
los directivos no han tenido un proyecto sólido, las instalaciones
se han ido deteriorando, lo mismo que los salarios, lo que ha provocado
el éxodo de profesionales de la comunicación a estaciones
comerciales.
En estas condiciones, dijo, Radio Educación no
puede continuar. "Es imperativo darle un nuevo giro a la historia de estos
medios de comunicación para que retomen el papel protagónico
que les toca jugar en el proceso democratizador de la cultura".
Coincidió con los otros ponentes que, para alcanzar
ese propósito, es indispensable una reforma legal que reconozca
el derecho de los ciudadanos a tener voz en las estaciones del Estado y
también para que tengan la posibilidad de operar sus propios medios.
