El plan busca "desmantelar la agricultura indígena y saquear los recursos biológicos", dicen

Campesinos tienden redes de cooperación contra el PPP

 CAROLINA GOMEZ Y GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Ante el compromiso de incorporar al Plan Puebla-Panamá (PPP), en un plazo no mayor de 60 días, lo relativo al desarrollo agropecuario y rural, organizaciones campesinas, indígenas y sociales, de México y la región empiezan a tender redes de cooperación para establecer planes de defensa.

Un ejemplo es el encuentro nacional Porque el pueblo es primero: no al PPP, en Jalapa, Veracruz, una de las reuniones preparatorias del tercer foro mesoamericano Frente al PPP, por la integración popular, que se efectuará en Managua del 16 al 18 de julio, que organiza el Consejo Latinoamericano de Organizaciones del Campo (CLOC).

Al concluir ayer este encuentro, en la Declaración de Jalapa, las organizaciones participantes, entre ellas la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), manifestaron su rechazo al "desarrollo excluyente y devastador del PPP", por lo cual se llamó a la consolidación de la "resistencia popular".

Para los representantes de las agrupaciones de Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz y Puebla, el PPP y el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) lo único que propiciarán será la consolidación de los proyectos neoliberales, lo cual atentará contra las soberanías y las economías regionales.

Entrevistados por separado, dirigentes campesinos, como Ignacio Irys Salomón, secretario general de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y Víctor Suárez Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), externaron la necesidad de formar espacios de resistencia contra las propuestas que pretenden "entregar nuestros recursos a las trasnacionales".

Aunque el PPP es todavía un instrumento "virtual" al cual no se ha destinado ningún presupuesto, el hecho de que esté apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que se haya convocado a invertir a empresarios estadunidenses y europeos es razón suficiente para pensar que el interés no está en el apoyo a los habitantes de la región, si no en el "desmantelamiento de la agricultura indígena, en el tránsito hacia la dependencia alimentaria y en el saqueo de los recursos biológicos".

Jacobo Femat consideró que el PPP "no es un proyecto acorde a las necesidades de desarrollo del país ni a la conservación de las formas tradicionales de trabajo ni de la cultura ni del cuidado de nuestra biodiversidad", por lo cual lo único que nos traerá será una "mayor profundización de la miseria en el sureste del país".

Para Irys Salomón, pese a que el compromiso de integrar al PPP los mercados y los agronegocios regionales, es un "sueño porque nuestra agricultura es particularmente de autoconsumo, por lo cual casi no hay excedentes y porque no tenemos la organización económica, la infraestructura y los recursos para almacenar y vender, no está demás globalizar la organización y la lucha en contra de los planes capitalistas".

En opinión de la ANEC, el PPP, aunque aún no se aterrice, sí es una "amenaza" porque que "busca aniquilar la agricultura de granos básicos -maíz, frijoles y arroz- en la región", con la intención de que las trasnacionales puedan "monopolizar" el comercio de estos productos.

En la Declaración se dejó en claro que se rechaza la "expropiación y privatización de tierras de propiedad social en donde se pretenda construir autopistas, corredores industriales, maquiladoras y presas", además que se "denunciará cualquier tipo de explotación laboral, de género y de trabajo infantil que viole los convenios de la ONU, por parte de las trasnacionales que pretendan instalarse en la región con motivo del PPP".

Pese a que para la Cocyp, de prosperar el PPP, éste "no tendrá una larga vida, y lo más que durará será lo que resta del sexenio", es un hecho que en el tiempo que opere --advirtió Jacobo Femat-- podría agudizar la pobreza en el campo y la importación de productos que actualmente es de "35 por ciento, lo que ha originado la pérdida de dos millones de empleos en el sector y la disminución del ingreso familiar campesino, al grado de que 80 por ciento de la población rural percibe menos de un salario mínimo".