Señalan que mecanismos que proyectan naciones legalizan la biopiratería

Piden ONG a países megadiversos consultas sobre el manejo del capital natural y la biotecnología

 ANGELICA ENCISO L

Organizaciones No Gubernamentales enviaron una carta al Grupo de Países Megadiversos, del cual México forma parte, para que se realicen consultas nacionales sobre el manejo de la biodiversidad y el uso de la biotecnología en los recursos naturales.

En febrero de este año en Cancún se reunieron representantes de los 12 países con mayor biodiversidad en el mundo para constituir el citado grupo. Estas naciones concentran 70 por ciento de la biodiversidad del planeta y 45 por ciento de la diversidad cultural.

La convocatoria de esa reunión se debió a que los gobiernos consideran que el uso de la biodiversidad es una oportunidad para el desarrollo. Estiman que tiene un "valor estratégico, económico y social, que ofrece una oportunidad de desarrollo de nuestra gente y la comunidad internacional".

En el documento, las organizaciones -entre las que se encuentra la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Amigransa de Venezuela, el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y Acción Ecológica de Ecuador- sostuvieron que la biodiversidad ha cobrado valor económico por el uso que le ha dado la biotecnología y con esto se ha dado valor agregado a los recursos genéticos.

Respecto a la distribución equitativa de beneficios por el uso de la biodiversidad, de la que participarían las comunidades indígenas, los gobiernos han identificado la necesidad de establecer términos mutuamente acordados como prerrequisito para otorgar patentes, pero dan especial importancia a la iniciativa privada en las acciones que se puedan adoptar para alcanzar los principios del convenio de biodiversidad y manejar el "capital natural" de los países megadiversos.

Entre las naciones que cuentan con esta riqueza genética se cuentan Brasil, Venezuela, Costa Rica, Colombia, India, Ecuador, Indonesia, México, Kenia y Perú. Estos países también se proponen la promoción de mecanismos para salvaguardar la repartición equitativa de beneficios que surjan del uso de la biodiversidad y sus conocimientos asociados, así como la promoción de "regímenes sui generis" para la protección del conocimiento tradicional.

Las ONG estiman que aunque esto se maneje como una forma de frenar la biopiratería -fenómeno que se ha presentado en México con la sustracción ilegal del frijol enola, que fue patentado en Estados Unidos por el agricultor Larry Proctor- en realidad se trata de una forma de legalizarla.

Las agrupaciones consideran que frente a esto es necesario que los gobiernos cumplan con los compromisos internacionales: el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Bioseguridad, los derechos colectivos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Además los gobiernos deben emprender amplias consultas nacionales, antes de tomar decisiones sobre la diversidad genética de las naciones, y estos procesos deberán estar dirigidos a los pueblos indígenas y campesinos.