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Vía Campesina: ante la cumbre alimentaria en Roma

A fines de mayo, la organización internacional Vía Campesina emitió un boletín de prensa para puntualizar su posición ante la Cumbre de la FAO que tuvo lugar a principios de junio en Roma y para mostrar su solidaridad con "compañeros y compañeras, líderes de nuestros movimientos, que están ahora en la cárcel o que sufren la represión en su país. Algunos de estos últimos, a su vez, emitieron un manifiesto en el que fijaron su postura en torno a la citada cumbre.

En su boletín, Vía Campesina puntualiza su exigencia por la libertad inmediata de dichas personas: "Esperamos que los gobiernos nacionales respondan de manera positiva y muestren su voluntad política liberando a los campesinos y campesinas presos, paren la persecución contra otros y castiguen con todo el peso de la ley a los responsables de violar los derechos humanos de los campesinos (as)".

La Vía Campesina también retoma las tres demandas centrales que fueron comunicadas a los gobiernos el 17 de abril, Día Mundial de la Lucha Campesina.

1. Una prohibición total de la tecnología "terminator" (producción de semillas estériles) y tecnologías similares (Tecnologías para el Uso Genético Restringido) que controlan las características de las plantas y los animales,

2. Una investigación bajo competencia de la FAO sobre la contaminación transgénica en los bancos genéticos internacionales y sobre la contaminación genética en los centros de diversidad, y la aplicación de medidas concretas para evitar esta contaminación.

3. Pasos concretos a nivel nacional e internacional hacia una abolición total de patentes y otros Derechos a la Propiedad Intelectual (IPRS) en organismos vivos. La Cumbre de la FAO debe prohibir las patentes en recursos genéticos y sus partes y componentes, y debe llamar a los gobiernos nacionales a prohibir el patentamiento de los recursos genéticos.

Reproducimos el manifiesto, titulado "Tierra y dignidad", de quienes presos en defensa de la vía campesina, indígena y ambiental se pronunciaron ante la Cumbre de la FAO:

No perdemos nuestra memoria --no perdemos nuestro futuro-- tengamos Soberanía Alimentaria para Todos.
Nosotros --que no podemos venir a Roma para la Cumbre Mundial de la Alimentación-- cinco años después les saludamos.
Nosotros --campesinos, pueblos indígenas y líderes de trabajadores agrícolas que somos cazados en nuestros campos, perseguidos y ahora encerrados-- queremos estar cerca de ustedes porque ustedes sostienen nuestras razones.
Nos encontramos en prisiones, sin futuro, en las Filipinas o en Bolivia, enterrados bajo montones de mentiras en prisiones de Brasil o de Indonesia, forzados a escondernos como ladrones solamente por haber dado nuestra voz a la esperanza de aquellos, en Asia, en África, donde quiera, que desean una tierra donde puedan vivir y donde no padezcan hambre.
Somos detenidos y perseguidos solamente porque defendemos nuestro derecho a vivir con dignidad y a producir alimentos adecuados y suficientes para todos, fuera del control y la explotación de algunas corporaciones transnacionales y algunos gobiernos que tienen la pretensión de imponer sus reglamentos a todo el mundo.
Luchamos por la soberanía alimentaria, una producción sustentable y diversificada a nivel de agricultores, una moratoria sobre los Organismos Genéticamente Modificados, OGMs, alimentos sanos, precios que recompensen el trabajo de los agricultores, una nueva puesta en marcha de programas verdaderos de reforma agraria, una alimentación y agricultura sin Organización Mundial de Comercio, OMC.
Queremos sostener con toda nuestra fuerza nuestros mil días de resistencia, las miles voces que se levantan de cada rincón del mundo para dar ánimo y espíritu a nuestras esperanzas.
Es por esta razón que nosotros les rogamos marchar en las calles de Roma el 8 junio 2002 apoyando nuestras razones y gritando a voz alta: tierra y dignidad. Para que todo el mundo nos escuche y para que nos sintamos menos solos en nuestras prisiones.

9 de mayo de 2002

Manolito Matricio (ex miembro del Consejo Nacional kmp), Ruben Balaguer, Gelito Bautista, Eduardo Hermoso, Mario Tobias y Joshua Ungsod: Filipinas. Daniel da Costa Albuquerque, Jose Carlos Pio y Miguel Serpa da Luz, miembros del mst del estado de Sao Paulo: Brasil. Rais bin Amsar, Yusup bin Marsa, Asgari bin Arwa, Sarhadi bin Wari, Samsyuri bin Usma, Usri bin Karsi, Jamali, Warta bin Alias, Ahmad Nurjali, todos miembros de Banten Peasant Union, todos en prisión en el pueblo Cibaliung, Sub-Districto Cibaliung, Pandeglang Regency, Banten: Indonesia. Laskar Mohammad Khalilur Rahman y Dactar Md. Kabir, de la Bangladesh Krishok Federation --que tienen que comparecer en tribunal con amenaza de ir a prisión--, Rahima Begum y Sipra Rani (dos mujeres líderes de Bangladesh Kishani Sabha, acosadas cada día por la policía): Bangladesh. José Bové, René Riesel, Bernard Moser, Christian Brousse, de la Confédération Paysanne: Francia. Silvia Lazarte, dirigente nacional de Bartolina Sisa, Margarita Terán, Seider Emilio V. CH, Eugenio, Abendano H., Lidio Julián Gomez, Ambrocio Amador: Bolivia. Leonard Peltier, activista lakota, encerrado durante más de 26 años por el gobierno estadunidense, acusado de un crimen que el mismo gobierno acepta no saber quién cometió. En una audiencia reciente le dijeron que moriría en prisión; tiene 57 años de edad y su salud está muy deteriorada: Estados Unidos.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En conferencia de prensa, los secretarios de Pueblos Indios y de Salud, Porfirio Encino y Ángel Estrada, reconocieron que hasta hace poco era incalculable el saqueo de sustancias y plantas utilizadas en la medicina tradicional, por lo que señalaron que el gobierno estatal determinó no permitir la entrada de organizaciones internacionales que realizan investigación sobre medicina tradicional, mientras la entidad no cuente con leyes que protejan a las comunidades de la biopiratería. Convocaron a las comunidades a que participen en diversos foros que se realizarán este año, de los que saldrán propuestas para realizar el plan estatal de desarrollo de la medicina tradicional y una legislación estatal que proteja el conocimiento sobre este tema. "Una vez que cubramos este frente se podrán abrir las puertas a nuevas investigaciones y grupos nacionales e internacionales, dando prioridad a las universidades del país. Nunca más permitiremos el saqueo", declaró Porfirio Encino (La Foja Coleta, 16 de abril).

Los investigadores de la Universidad de Minnesota están mapeando el genoma del arroz silvestre, en espera de que esa información pueda redundar en cultivos más nutritivos y resistentes a los plagas.

Sin embargo la decodificación de este genoma ha puesto en alerta a los pueblos indios de América del Norte --a los que les han impedido participar en la investigación-- y han advertido que hacerle alteraciones artificiales a la planta es un "genocidio cultural y espiritual".

Los pueblos de Minnesota, Michigan y Wisconsin han firmado acuerdos que declaran que la investigación genética y el patentamiento del arroz salvaje los amenaza, y el pasado 27 de mayo realizaron una manifestación frente a la conferencia anual del Consejo Nacional de la Biotecnología para la Agricultura.

La Universidad de Minnesota ha investigado el genoma del arroz salvaje desde 1993, en un trabajo que podría abrir el camino para mapear genomas más complejos como el del maíz y el trigo.

Los pueblos indígenas han solicitado a la universidad que haga del conocimiento público los logros y la información financiera de la investigación y que incluya a los pueblos en su realización y diseño.

Paul Schultz, de la reservación White Earth, ha declarado que lo único que quieren los indios es involucrarse en la investigación y que los científicos mantengan en perspectiva el papel que el arroz juega en la espiritualidad de su pueblo. "La respuesta de los científicos es que sólo la tradición intelectual occidental es capaz. Pero nosotros vemos una falta de sabiduría en todo el proceso", afirma Schultz.

Los investigadores se reunieron con los indios el año pasado en la Reservación White Earth para explicar las consecuencias de su trabajo y afirmaron que no harían nada que dañara el carácter sagrado del cultivo. Aún así los representantes de los indios de Minnesota dicen estar listos para presentarse a las cortes para defender su arroz.
 

Quito, Ecuador. Las 21 comunidades indígenas que conforman la Federacion de Centros Awa del Ecuador tienen un título legal sobre 120 mil hectares en el noroccidente ecuatoriano, conocido como el Territorio Awa, que contiene la última extensión de bosques chocoanos que quedan en Ecuador. Estos bosques han sido reconocidos a nivel internacional como uno de las áreas de más alta biodiversidad que quedan en el planeta. La Federacion Awa es socio del Proyecto Eco regional Choco del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Desde 1998, la Federación Awa viene desarrollando su propio proyecto de manejo forestal comunitario. Este proyecto ha sido visitado 2 veces por la ong Smartwood, y se encuentra en el proceso de conseguir la certificacion forestal del Forest System Certification, FSC. Mientras tanto, los awa han comenzado una extraccion de baja intensidad de 5 a 7 arboles por mes, utilizando sistemas innovadores de extraccion por cable aéreo y preparando y comercializando su madera directamante a una companía en Quito, capital del Ecuador, sin intermediarios. La Federacion Awa es también miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Certificacion Forestal en Ecuador.

Mientras los awa siguen adelante con su proyecto forestal, varias empresas madereras que operan en la región de San Lorenzo, con intenciones de entrar al Territorio Awa, han incrementado sus intentos ilegales de presionar a los awa para que vendan su madera. Durante los ultimos seis meses, estas compañías han entrado al Territorio Awa ilegalmente varias veces. La Federacion Awa ha iniciado varios juicios penales contra de estas empresas, pero cada vez los juicios se pierden, por la capacidad de las empresas de corromper a funcionarios del Ministerio de Ambiente de la provincia de Esmeraldas y a los jueces locales. Varios de estos casos estan siendo investigados por la Comisión Cívica de Control de la Corrupción.

Desde hace años la Federacion Awa ha denunciado estas situaciones al Ministerio de Ambiente, que ha admitido abiertamente su incapacidad de controlar la corrupción de sus propios oficiales, y no ha ofrecido ningun apoyo concreto a los awa para terminar con la extraccion ilegal y las constantes presiones de las empresas madereras.

Si el gobierno ecuatoriano no interviene para controlar la corrupción y extracción ilegal de madera, difícilmente la Federacion Awa va a poder resistir las presiones de las empresas madereras por mucho tiempo más.

En estos momentos críticos, la Federacion Awa solicita a los miembros de la Cámara Social del FSC, y a cualquier otra persona o institución interesada en ayudarles a proteger sus derechos culturales y territoriales, que envíen cartas al gobierno ecuatoriano, con la esperanza de que esta presión internacional forzara al gobierno a tomar medidas efectivas para frenar la extraccion ilegal de madera y controlar la corrupción de sus propios funcionarios.
 

Bocoyna, Chihuahua. En un escueto comunicado, con fecha del 29 de mayo de 2002, la comunidad rarámuri de La Laguna, municipio de Bocoyna, Chihuahua, denunció una serie de órdenes de aprehensión contra once comuneros, en lo que consideran un nuevo episodio en la historia de la defensa de sus tierras, de las cuales han sido despojados por los particulares: Rosendo Rodríguez, de Creel, Jesús Soto Bautista y Leopoldo Paredes González de San Juanito, y Carlos González González de Sisoguichi.

La defensa de la tierra, señalan, "ha traído el hostigamiento y la provocación por quienes mueven la autoridad" y agregan que "el agente del Ministerio Público de San Juanito, gobierno del estado, Procuraduría General de Justicia, los ha citado como delincuentes del ramo penal y la juez de la misma localidad, licenciada Flor de los Ángeles Gutiérrez González, sin perder tiempo dictó orden de aprehensión y fianza de 10 mil pesos en un caso".

Los comuneros de La Laguna recuerdan que "estas violaciones del estado de derecho federales y estatales son de antaño y la rapidez para actuar contra los indígenas contrasta con la lentitud de años y décadas de las demandas que ha interpuesto la comunidad por despojos y talas de los bosques. Este terrorismo 'legal' ocurre en cada ocasión en que nosotros, tarahumares, defendemos nuestra tierra. No somos delincuentes y prueba de que nos motiva una situación agraria es que entre los demandados se encuentra nuestro comisariado de bienes comunales".

Las demandas de estos comuneros resuenan en muchos otros enclaves indígenas del país:
1. Resolución del conflicto de sus tierras.
2. No al hostigamiento de los comuneros por parte de particulares a través de la juez Flor de los Ángeles Gutiérrez y los agentes del Ministerio Público de Bocoyna.

Cierran su comunicado reafirmando: "contamos con toda la historia de nuestros ancestros y con todos los documentos legales que nos hacen poseedores de la tierra, por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena".
 

De acuerdo a información de Jason Ziedenberg y Vincent Schiraldi, del Justice Policy Institute de Washington, con datos actualizados al cierre del milenio anterior, en Estados Unidos hay más presos que agricultores.

Según estos investigadores, tales estadísticas inquietan pues si bien Estados Unidos cuenta con el 5 por ciento de la población mundial, tiene en prisión a la cuarta parte de los presos registrados en el mundo.

Según el último censo del pasado milenio, había en Estados Unidos 1.9 millones de granjas (definidas como sitios que venden mil dólares o más en productos agrícolas), un 2.5 por ciento de las cuales eran operadas por afroamericanos y personas de otras razas, y en pagos federales directos a los agricultores se invirtió, en 1999, un total de 23 mil millones de dólares.

En contraste, la población carcelaria en Estados Unidos sumaba 2 millones de personas de los cuales alrededor de la mitad de los presos federales y estatales son afroamericanos, pese a que en conjunto los afroamericanos son sólo 13 por ciento de la población del país. El costo de este encarcelamiento es de 40 mil millones de dólares anuales.