Abogados presentan solicitud para juzgar a los responsables del Plan Cóndor

Piden en Argentina la inconstitucionalidad de las leyes Punto Final y Obediencia Debida

La marina amenaza con acuartelarse si no ascienden a un militar acusado de varios delitos

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 16 de junio. Diversos organismos humanitarios exigieron al gobierno una respuesta ante el reciente ataque al alumno de una secundaria nacional Mariano Moreno, a quien le grabaron con un objeto cortante las siglas de la triple A en el pecho, en momentos en que se conoció que la marina habría amenazado con acuartelarse si el gobierno no asciende a un militar acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Por lo pronto, los abogados Alberto Pedroncini, David Baigún y Carlos Zamorano presentaron un escrito solicitando se declare también para el caso del juicio contra los responsables de la llamada Operación o Plan Cóndor la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de 1987, ante el "carácter de crímenes de lesa humanidad que inviste los hechos que ya están en investigación y los que el Tribunal Superior manda investigar".

El escrito fue presentado ante el juez Jorge Urso y si hay respuesta positiva esto se agregaría al precedente sentado por el magistrado Gabriel Cavallo el 6 de marzo de 2000, cuando declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes para juzgar a dos conocidos represores de la última dictadura, ahora procesados.

También en octubre de 2001 el juez federal Claudio Bonadío anuló ambas leyes para juzgar otro caso emblemático y recientemente esta medida anulatoria se ejerció en Salta por el magistrado Miguel Antonio Medina. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, votadas bajo el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), dejaron sin castigo a miles de responsables de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983).

Los abogados que llevan adelante el juicio por el Plan Cóndor -una coordinadora entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70- presentaron su escrito basándose en la reciente resolución que firmó la sala 1 de la Cámara Federal a finales de mayo de este año, al confirmar que el ex dictador Jorge Rafael Videla quedaría bajo proceso en esta causa, donde está imputado con otros altos militares argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. El tribunal ordenó que se investigue a los responsables en distintas líneas de acción de las desapariciones forzadas que figuran en la querella de los familiares y otros en este juicio.

Mientras, el periodista Horacio Verbitsky (Página 12) informó hoy sobre el tema de las amenazas de acuartelamiento que habrían surgido en la marina en conciliábulos militares y en algunos casos con participación de civiles.

En la marina existe malestar por la negativa a ascender al capitán de fragata Julio César Binotti, quien es señalado por Víctor Basterra, secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de haberlo obligado a fotografiarlo con uniforme de policía.

Como se recordará Basterra, quien colaboró fuertemente durante los juicios a las juntas militares después del retorno democrático, también fue clave en el caso del ex marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en aquella temible escuela naval. Binotti se negó a formular su descargo ante la Comisión de Acuerdos del Senado por las acusaciones de Basterra, sobreviviente del centro clandestino de la ESMA.

Como señala el periodista, la marina vuelve a repetir sus amenazas de acuartelamiento como hizo en 1984 en 1987 en defensa del ex marino Alfredo Astiz, entre otros. "Vestido de civil y sin poner en evidencia su función ni su rango, (Binotti) escuchó el testimonio de Víctor Melchor Basterra, quien fue secuestrado en 1979 y permaneció como rehén de la ESMA hasta 1984. Junto con él habían sido raptadas su esposa y su niña de dos meses, a quienes usaron para quebrar su voluntad. Luego de provocarle dos paros cardiacos mediante el paso de corriente eléctrica le dijeron que lo volverían a torturar con la criatura sobre su pecho desnudo.

"Así consiguieron servirse de sus habilidades como fotógrafo y obrero gráfico para forzarlo a realizar documentos falsos, entre otros el pasaporte argentino con el que fue detenido en Francia el ex jefe de la logia P2, Licio Gelli. Cada vez que revelaba un foto en el cuarto oscuro Basterra escondía una copia en las cajas de papel fotosensible, que los marinos nunca abrían para no velarlo. En 1985 suministró el testimonio más extenso y documentado del juicio a los ex comandantes", señala Verbitsky.

Según Basterra, Binotti usaba los nombres de Fernando o Ciscardo y llegó a la ESMA después de la rendición en la guerra de las Malvinas y entre 1982 y 1983 integró el grupo de Operaciones Especiales dedicado a secuestros, torturas y desapariciones.

También existe preocupación por la posibilidad de que nuevamente se asigne al ejército el tema de seguridad interna, lo que ha movilizado a numerosos organismos humanitarios, así como también la posibilidad de que se retorne al Servicio Militar Obligatorio, justo cuando otras amenazas y hechos aislados del mismo tipo de ataques como el sufrido por el estudiante de secundaria Mariano Moreno preocupan a la población.