Con el paro pretenden obtener lo que no han ganado en las urnas, reitera Aznar

Rompen diálogo en España para fijar un mínimo de servicio de transporte en la huelga

Invaden campesinos una finca de 5 mil hectáreas en protesta por el decretazo

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 16 de junio. Después de más cinco horas de negociaciones, el gobierno español, del conservador José María Aznar, y los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), convocantes de la huelga general del próximo 20 de junio, rompieron el diálogo que pretendía fijar los servicios mínimos en el transporte.

El gobierno fijará esta cuota el lunes vía decreto, mismo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y será recurrido por los sindicatos ante el Tribunal Supremo.

Mientras, Aznar, en entrevista con el diario ABC, reiteró que la huelga general no tiene justificación. "No hay causa ni razón para ello" sostuvo.

"Me parece que se quiere utilizar el instrumento de la huelga para obtener lo que las urnas han negado. Y eso es una profunda equivocación", señaló Aznar, en alusión a la oposición socialista que apoya la huelga de los sindicatos en protesta por la reforma del sistema de prestaciones por desempleo. "Nosotros seguimos teniendo un mandato desde marzo de 2000, avalado por más de 10 millones de votos, que consiste en gobernar y aplicar un proyecto político y un programa profundamente reformista."

Así, la mesa formada entre representantes del ministerio de Fomento y de los sindicatos CCOO y UGT no llegó a un acuerdo sobre los servicios mínimos que tendrán que cumplir los trabajadores en el sector del transporte público durante el paro nacional del próximo jueves, la víspera de la cumbre de jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea (UE) en Sevilla, la última que presidirá Aznar como presidente de turno de Los Quince.

Una vez que todas las fuerzas sindicales del Estado español decidieron movilizarse contra la reforma a la ley de protección al desempleo, aprobada vía decreto por el Ejecutivo y que reduce drásticamente los derechos laborales de cerca de 2 millones de personas sin trabajo; se iniciaron las negociaciones entre comunidades autónomas y delegaciones sindicales para fijar los servicios mínimos en sectores públicos como educación, transporte, salud y seguridad privada.

Sin embargo, las negociaciones que entabló el Ejecutivo con los sindicatos para establecer la cuota del transporte público, sobre todo el aéreo, fracasaron tras la rigidez de la propuesta de los representantes del gobierno, que incrementaron sensiblemente los servicios mínimos en este sector respecto de la última huelga general, en enero de 1994, al ser inflexible en garantizar el flujo aéreo habitual.

El ministerio de Fomento exigió a los sindicatos que todas las compañías puedan fletar al menos un vuelo de ida y vuelta con origen en cada aeropuerto español y con destino al resto del mundo, propuesta que fue justificada por la variación "sustancial" del sector, que de estar en 1994 monopolizado por Iberia, hoy cuenta con numerosas compañías.

En el transporte ferroviario sí hubo acuerdo y de no haber alguna variación, el servicio quedará en 25 por ciento, el mismo que se ha aplicado en prácticamente todas las comunidades autónomas.

En todo caso, los sindicatos anunciaron que presentarán un recurso contra el decreto de los servicios mínimos ante el Tribunal Supremo que, sin embargo, no tendrá ninguna incidencia en la huelga general, ya que resolverá la interpelación judicial en al menos un mes. Los delegados sindicales criticaron que el gobierno los haya convocado a la reunión hasta hoy, un día antes de la fecha límite para fijar estos criterios, cuando recibió la propuesta sindical desde el pasado 6 de junio.

Por parte de CCOO, el responsable de organización de la Federación de Comunicación y Transporte, Florentino Rodríguez, resaltó que las mayores discrepancias se dieron en el transporte aéreo, pues "el gobierno no pretende dictar servicios mínimos, sino que más bien se pliega a las peticiones de las empresas".

Desde la convocatoria de la huelga general se han realizado en todo el país protestas, manifestaciones y actos de solidaridad con los trabajadores, a las que se sumó hoy la ocupación de una finca de un miembro de la realeza española, la duquesa Cayetana de Alba, en protesta por el decretazo.

Cerca de mil jornaleros del campo, uno de los sectores más afectados por la reforma, en la que se suprime una ayuda vital para el sostenimiendo de miles de familas campesinas del sur de España, decidieron plantarse en la finca de 5 mil hectáreas en Córdoga. La familia De Alba tiene cerca de 34 mil hectáreas en todo el país, con lo que la selección del rancho a ocupar fue estudiado por las fuerzas sindicales. Los jornaleros, que pasaron su primera noche en la finca, llegaron en autobuses desde pueblos limítrofes, ocuparon pacifícamente el terreno y desplegaron las pancartas con sus reivindicaciones, como el reclamo de tierra para los campesinos.