Denuncian presión y amenazas; su lucha data de 1970

Ejidatarios exigen pago justo por tierra expropiada en BC

El aeropuerto internacional de Tijuana ocupa la superficie

MATILDE PEREZ U.

Tres décadas después de la expropiación de 320 hectáreas para la construcción del aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez en la mesa de Otay, Tijuana, los beneficiarios del ejido Tampico esperan el pago justo por sus tierras. Desde entonces los ejidatarios, y después sus hijos y nietos, han acudido al Poder Legislativo y a los gobiernos estatal y federal "en busca de justicia".

El caso lo presentaron a Vicente Fox durante su campaña presidencial, quien les prometió que sería uno de los primeros asuntos que atendería si llegaba a Los Pinos. En efecto, el presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin), Juan Pablo Gómez Morín Rivera, respondió el 18 de octubre de 2001 que era imposible atender la resolución del magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Ensenada de realizar un avalúo con valor comercial referido a ese año, porque "afectaría de un modo irreparable al erario federal".

A la fecha los ejidatarios esperan que Cabin se apegue a la resolución del magistrado del TUA con sede en Ensenada y no insista en pagar sólo un millón 165 mil pesos, avalúo que, según el organismo, corresponde a valor de 1991 y es una "cantidad inferior a la dictaminada" en 1970. "Estamos ante un galimatías de intereses", apuntó Julieta Pérez Soledad, secretaria del ejido.

El ejido Tampico se fundó durante la época del reparto agrario de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas les entregó mil seis hectáreas de temporal a los campesinos, quienes seis lustros después sufrieron los primeros problemas por la quita de poco más de la tercera parte de sus tierras. En 1972 les impusieron un nuevo recorte, por 655 hectáreas.

Las tierras que fueron sembradas con maíz, sorgo, cebada y frijol fueron engullidas por la mancha urbana de Tijuana. Decididos a continuar con su actividad productiva, los ejidatarios ?a quienes oficialmente sólo les restaban 31 hectáreas de la superficie original? se negaron a entregar 79 hectáreas de las 320 expropiadas para el aeropuerto.

"La exigencia de un pago justo por la tierra entregada no es un capricho ni un abuso contra el erario", asentó la secretaria del ejido Tampico. Acompañada por el abogado Cándido Sánchez Vargas para poner de nuevo sobre la mesa del gobierno federal el asunto, Julieta Pérez Soledad comentó que durante los más de 30 años de lucha los ejidatarios, sus hijos y nietos han enfrentado cercos policiacos, intentos de desalojo, amenazas y diversas presiones para que se desistan del reclamo de su derecho.

En 1970 el gobierno federal consideró que las tierras expropiadas para el aeropuerto internacional de Tijuana tenían un costo de sólo 43 centavos el metro cuadrado, por lo que ofreció un millón 370 mil 559 pesos a los ejidatarios. Sin embargo, dijo Pérez Soledad, nunca hubo una notificación oficial a los propietarios de la tierra, se pretendió omitir el derecho a inconformarse jurídicamente. En cambio, las autoridades interpusieron tres denuncias por despojo contra los ejidatarios.

La ejecución legal de la expropiación de las 320 hectáreas no se aplicó hasta el 28 de julio de 91. A partir de entonces se reavivó la lucha legal, los ejidatarios interpusieron los amparos 223/91 y 205/93, y por este último el TUA del distrito 2 ordenó a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales actualizar el cálculo de 1970.

Cabin respondió en enero de 2000 que el avalúo lo actualizó a 1991 y los trabajos correspondientes los había concluido el 13 de julio de 1999, al fijar el monto de indemnización en un millón 165 mil 921 pesos, por lo que el organismo estaba pagando 36 centavos por metro cuadrado a los ejidatarios.

En ese informe Cabin reconoció que el terreno está en el centro geográfico de la ciudad de Tijuana, clasificado con usos mixtos, y cuenta con equipamiento urbano. La mayor superficie la ocupa el aeropuerto internacional y una proporción de la tierra ?no especifica cuánto? es utilizada por los ejidatarios, quienes tienen granjas porcinas, estacionamientos de tráiler, unidades deportivas y casas habitación.

Frente a la actitud de Cabin, los ejidatarios pidieron la intervención de la titular del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, Lorena Martínez Rodríguez. El presidente de Cabin, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, insistió en que la solicitud del magistrado del TUA con sede en Ensenada es improcedente porque rebasa los alcances de la sentencia del tribunal con sede en Mexicali, el cual estableció que la actualización del avalúo debería realizarse a julio de 1991.

"Practicar el avalúo referido a valor comercial de 2001 implica valuar los terrenos expropiados con la plusvalía que han adquirido con la construcción del aeropuerto de Tijuana y la dotación de los servicios públicos introducidos por el gobierno federal (...) eso afectaría de modo irreparable al erario federal", expuso el presidente de Cabin en el oficio P/366/01, del 24 de octubre de 2001.

Así, los ejidatarios siguen luchando para que se les pague "lo justo" por sus tierras que, de acuerdo con el avalúo que realizó para ellos Miguel Manuel Miranda Ibarra, tienen un precio de 2 mil 808.4 millones de pesos.