Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 17 de junio de 2002
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Política
Pide que se respete el derecho de la población a elegir

Plantea BBVA-Bancomer un cambio en la provisión de servicios de salud pública

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El marco legal que sustenta la prestación de los servicios gubernamentales de salud propicia que ''los errores financieros se trasladen al erario; premia con menores asignaciones presupuestales los ahorros generados'', y la multiplicidad de objetivos asignada a las instituciones ''aumenta los costos de operación y conlleva el crecimiento de la burocracia'', señala un análisis de este sector elaborado por el grupo financiero BBVA-Bancomer.

Desde esta perspectiva afirma que los problemas de cobertura y calidad en los servicios de salud pública ''se derivan de un modelo que, por una parte, al subsidiar la oferta no da los incentivos adecuados para una asignación eficiente de los recursos, y por otra, no define ni protege claramente los derechos de los usuarios''. El marco legal del sector, precisa, ''no permite la minimización de los costos y el uso eficiente de los recursos''. De tal manera que, apunta, las únicas alternativas para los usuarios de los servicios públicos de salud en México son ''aceptar el servicio médico tal y cual se proporciona o acudir a la medicina privada''.

No obstante, la prestación de los servicios de salud por parte del Estado ha significado importantes avances en medicina preventiva y en la incorporación de nuevos medicamentos y tecnologías que han permitido reducir la mortalidad y elevar la esperanza de vida al nacer.

Apoyado en datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), el análisis puntualiza que entre 1950 y 2000 la tasa de mortalidad pasó de 16 a 4.5 por ciento, mientras la esperanza de vida al nacer se elevó de 49.6 a 75.3 años. Pero también indica que el sistema de salud mexicano adolece de deficiencias en materia de cobertura y calidad de los servicios, que lo ubican en el numeral 61 entre 191 países, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En términos oficiales, agrega, la cobertura legal del sistema es de 89 por ciento, pero en realidad el sistema de salud pública mexicano ''deja sin atención hasta un tercio de la población'', sobre todo en las zonas rurales, donde es más notoria la falta de recursos.

Por ejemplo, precisa, ''el promedio nacional de camas y médicos por cada 100 mil habitantes es de 77.5 y 141.2 respectivamente'', pero para los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas el promedio es de 47.6 camas por cada 100 mil habitantes y de 102.2 médicos. En contraste, en entidades como el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, el promedio de camas es de 125.9 y 209.4 médicos por cada 100 mil habitantes.

El análisis de BBVA-Bancomer pone especial énfasis en la baja calidad de los servicios de salud prestados por el sector público. A este respecto afirma: ''La calidad del sistema nacional de salud pública es en promedio baja y heterogénea. La Secretaría de Salud estima que entre 1997 y 2000 la calidad, en una escala de 0 a 100, fue de 68.5 para hospitales y de 52.2 para los centros de atención ambulatoria''. Los usuarios, apunta, consideran la mala calidad de la atención como uno de los principales problemas del sistema, y señala que ''sólo 12.7 por ciento de los hospitales públicos está certificado con normas de calidad''.

Pero además, ''el desabasto promedio de medicamentos en el país es de 25 por ciento'', y ''los usuarios de población abierta y seguridad social esperan en promedio 30 y 40 minutos más que las instituciones privadas para ser atendidos en una consulta''.

En opinión de los analistas de BBVA- Bancomer, ''el país requiere de un cambio sustantivo en su marco institucional de provisión de servicios de salud pública'', para lo cual ''es necesario permitir al consumidor elegir su plan de salud y que, con la competencia en los mercados de servicios, se generen incentivos para que los proveedores médicos brinden una atención de alta calidad''.

Finalmente, desde esta óptica afirman: ''No existe una mejor forma en que el Estado pueda garantizar a la población la protección de su salud, que respetando el derecho de elección de los individuos para que ellos mismos puedan sancionar la calidad en la atención médica que reciben''.

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