Para 2005 el abono sumará 141 mil 662 millones, revelan senadores de ese partido

En 2003 se destinarán 70 mil millones de pesos del gasto público al pago de intereses del IPAB: PRD

La deuda del pueblo con los bancos rescatados se incrementará desproporcionadamente, indica

ROBERTO GARDUÑO

El año próximo se destinarán 70 mil millones de pesos del gasto público a los intereses y vencimientos de los pagarés del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). La deuda del pueblo mexicano con los bancos rescatados por Ernesto Zedillo se incrementará de forma desproporcionada, porque en 2005 el abono de intereses sumará 141 mil 662 millones de pesos, reveló un informe elaborado por la bancada del PRD en el Senado.

El Fondo de Protección al Ahorro bancario (Fobaproa), considerado la mayor deuda de los mexicanos, se instrumentó con dos tipos de programas: el de Capitalización y Compra de Cartera y el de Intervención y Saneamiento.

El primero consistió en proponer a los accionistas de los bancos la compra de los flujos de la cartera con problemas, por un monto equivalente al doble del aportado como capital. El pago quedó garantizado por la emisión de un pagaré a cargo del gobierno con vencimiento a diez años, y a una taza de interés capitalizable trimestralmente y equivalente a la de los Certificados de la Tesorería (Cetes).

Esa cartera adquirida se constituyó por créditos superiores a 200 mil pesos. Los créditos eran seleccionados por los propios bancos, revisados por un auditor y validados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En caso de que los flujos recuperados no fuesen suficientes para amortizar el pagaré, los bancos absorberían en promedio 25 por ciento de la pérdida y 75 por ciento sería para el gobierno. A este mecanismo se le llamó pérdida compartida.

La ilegalidad de ambos programas se manifestó porque los créditos seleccionados por los bancos fueron los de menores posibilidades de cobro. En 1996, mediante el llamado Acuerdo de Partes, el Fobaproa modificó sus criterios originales de compra de cartera, incluyendo la posibilidad de adquirir cartera irrecuperable, aquella denominada en Udi y la descontada por la Banca de Desarrollo. Otra violación a las leyes -documentada en el informe Mackey- fue la ausencia de revisión de gran parte de los créditos, como señalaba el programa, y no obstante todos fueron validados por la CNBV.

El fracaso del programa se observó a partir de que de las 13 instituciones beneficiadas con apoyos, solamente tres continúan operando, es decir, las otras diez fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas posteriormente.

Los Programas de Intervención y Saneamiento pretendían solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria, dejando a la CNBV el control de las instituciones, lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, porque a partir de 1994 la Comisión Nacional Bancaria intervino 12 instituciones financieras, la primera Banco Unión, el primero de septiembre de 1994, y la última Banca Confía, en agosto de 1997.

Paralelamente ocurrieron procesos de saneamiento de los bancos que consistían en otorgar líneas de crédito para cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Los bancos beneficiados fueron: Serfin (79 mil millones); Atlántico (22 mil); Del Centro (19 mil); Promex (7 mil 800); BBV (5 mil 900), y Santander (29 mil 500 millones). El monto total asumido por el IPAB, derivado de la banca intervenida y de aquella que participó en el Programa de Saneamiento Financiero, ascendió a 233 mil millones 172 mil pesos.

Los pasivos generados por los programas en cuestión ascienden -a la fecha- a 529 mil millones de pesos, y son los que dieron origen a los pagarés por los que el gobierno mexicano le tiene que abonar intereses a los bancos. Por ejemplo, la deuda que a la fecha tiene el IPAB con el grupo BBVA-Bancomer, de acuerdo a listado de pagarés del instituto a diciembre de 2001, es de 116 mil 193 millones de pesos, que resultan de la suma de los pagarés de Bancomer, BBV-Probursa y Promex. En el caso de Santander, la deuda del IPAB asciende a 78 mil 500 millones de pesos, producto de los pagarés de Serfin y de Banco Mexicano, que fueron absorbidos por el otro gigante español.

En el caso de Citibank, que adquirió el año pasado a Banamex, la deuda del IPAB asciende a 121 mil 517 millones de pesos, que fueron producto de la suma de los pagarés de la fusión. Entre BBVA-Bancomer, Santander y Citibank reciben, cada uno en promedio, entre 40 y 60 millones de dólares mensualmente.

Impacto en el presupuesto

De tal forma, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación el gobierno federal deberá incluir en sus previsiones el pago de los vencimientos.

El análisis del PRD sostiene que para el próximo año el IPAB deberá hacer frente, además de los intereses que paga a vencimientos de pagarés por 33 mil 281 millones de pesos, 30 mil millones de Serfin y 3 mil de Banco del Atlántico; por esa razón, sus requerimientos no podrán ser inferiores de 70 mil millones; 40 mil de intereses y 33 mil millones de vencimientos.

Se prevé que para el año 2005 los vencimientos sumarán 141 mil 662 millones de pesos. De esa sangría BBVA-Bancomer recibirá 55 mil millones y Banamex-Citibank sumará a sus arcas 50 mil millones de pesos.