En su informe anual presentado ayer, referente a la situación de los derechos humanos en el planeta durante el año pasado, Amnistía Internacional (AI) formula señalamientos preocupantes sobre los abusos de poder en el mundo y en México.

En el ámbito internacional, la conclusión más alarmante del organismo humanitario es, sin duda, la falta de escrúpulos con que diversos gobiernos --comenzando por el de Estados Unidos-- capitalizaron los atentados terroristas del 11 de septiembre, utilizándolos como justificación para cometer violaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad pública.

No es nada reconfortante que este organismo, uno de los más autorizados y prestigiados del mundo, confirme las acusaciones que múltiples voces han formulado contra Washington y varios de sus aliados por haber convertido la tragedia de septiembre pasado en una coartada para conculcar garantías individuales, que debieran considerarse irrenunciables en un entorno democrático.

Por lo que hace a nuestro país, AI renovó su preocupación por la persistencia de la tortura, detenciones arbitrarias, inacción gubernamental ante el conflicto chiapaneco, agresiones a informadores y defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, ausencia de pesquisas en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez e impunidad para culpables de los delitos enumerados.

Con base en lo anterior, el organismo humanitario formula una conclusión alarmante e incómoda, pero ineludible: "Las propuestas electorales para reformar la administración de justicia no se materializaron y la presencia cada vez mayor de las fuerzas armadas en la Procuraduría General de la República (PGR) suscitaron serias dudas sobre la intención del gobierno de hacer frente al problema de la impunidad".

En particular, el documento de AI critica el nombramiento de Rafael Macedo de la Concha al frente de la dependencia, "un general del Ejército en activo que se desempeñó como procurador general de Justicia Militar y en cuyo historial destacan casos de miembros del Ejército acusados de violaciones de derechos humanos que no habían sido procesados".

Los severos señalamientos de AI tienen una significación doblemente negativa: reflejan realidades nacionales exasperantes e indignantes y constituyen un nuevo revés político para el gobierno actual, el cual se erosiona y desacredita, en lo interno y en lo externo, a un ritmo acelerado.

En lo inmediato, si la administración foxista pretende recuperar algo de la credibilidad y la imagen perdidas en los primeros 17 meses de su gestión, bien haría en olvidarse de presentarse como defensora de los derechos humanos fuera del territorio nacional y concentrarse en procurar su plena vigencia dentro del país.