Las autoridades de Estados Unidos parecen haber decidido explotar, hasta grados de irracionalidad extrema, la inseguridad y el sentimiento de vulnerabilidad generados por los atentados criminales del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

Ahora, las alertas sobre nuevos ataques terroristas se suceden sin ton ni son en esas ciudades: se señala la Estatua de la Libertad como posible blanco de atentados, se desaloja el edificio principal del Banco Mundial en Washington por supuestas amenazas de contaminación con ántrax y se habla de los puertos del Caribe --punto que atañe directamente a nuestro país-- como posibles puntos de infiltración y operación de integrantes de Al Qaeda, la súbitamente renacida organización terrorista en cuya eliminación Washington ha invertido decenas de miles de millones de dólares, arrasó un país y causó miles de bajas civiles.

Con la carga de amenaza militar directa que eso conlleva, el Departamento de Estado insiste en señalar a Irán, Sudán, Libia, Irak, Corea del Norte y Cuba como "promotores del terrorismo", aunque no exista el más tenue indicio para relacionar a alguno de esos países con los atentados del 11 de septiembre y, en el caso de Cuba, con ningún otro acto terrorista perpetrado en el mundo.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, advierte ante el Congreso que tarde o temprano los enemigos sin rostro ni nombre lograrán hacerse de armas nucleares; con ello desata una paranoia delirante y, de paso, distrae la atención sobre el dato inquietante de que tal clase de armamento no ha sido desarrollado por los regímenes del llamado "eje del mal", y sí, en cambio, por dos estrechísimos aliados de Estados Unidos: Israel y Pakistán, ambos responsables de documentadas acciones de terrorismo de Estado.

La desproporcionada histeria discursiva del gobierno de George W. Bush se presenta como la otra cara de la moneda de una historia de torpezas, fallas en seguridad y manejos de la información inaceptables según cualquier criterio de transparencia democrática: varias agencias gubernamentales tuvieron indicios sobre los atentados del 11 de septiembre, pero no les dieron importancia; a la misma Casa Blanca se le ocultaron datos cruciales que habrían podido llevar a la prevención de los ataques, y después de ellos el Ejecutivo se ha empeñado en no informar al Legislativo --no se diga a la opinión pública-- y ha diseñado estrategias para fabricar mentiras, llamadas eufemísticamente "operativos de desinformación".

El resultado de semejante accionar gubernamental ha sido, dentro de Estados Unidos, un estado de confusión e incertidumbre en la opinión pública. En el resto del mundo, el gobierno de Bush ha logrado generar un clima de tensión y zozobra y una dramática desarticulación de intercambios económicos, políticos y diplomáticos multilaterales.

Todo ello, al parecer, no en aras de una "seguridad nacional", cuyas amenazas no aparecen por ningún lado, sino en la búsqueda de un mejor posicionamiento de los republicanos de cara a las elecciones del año entrante. Pero cabe preguntarse si de aquí hasta entonces la sociedad estadunidense seguirá dejándose impresionar por los fantasmas, la paranoia y el belicismo del discurso oficial.