Pasa Suiza a México el caso Raúl Salinas

Determina un juez que su indagación al hermano incómodo llegó "al límite"

KYRA NUÑEZ CORRESPONSAL

Ginebra, 15 de mayo. El juez Paul Perraudin, encargado de la investigación judicial sobre Raúl Salinas en la que se le inculpa de blanqueo de dinero y asociación delictuosa con el narcotráfico, notificó a la fiscalía ginebrina ''haber llegado al límite de lo que es posible investigar''. Por ello recomienda que el caso ''sea trasladado a la Procuraduría General de la República de México'' para la última parte del proceso: indagar la procedencia de 130 millones de dólares confiscados en Suiza en varias cuentas bancarias del acusado y de su esposa, Paulina Castañón.

El llamado ''hermano incómodo'' del ex presidente Carlos Salinas fue notificado personalmente por el juez Perraudin (dado que las autoridades mexicanas desistieron de hacerlo) el 23 de julio de 2001 de las acusaciones por lavado de dinero y asociación con las redes del narcotráfico.

En los hechos, mientras las autoridades mexicanas no culminen la parte de ese proceso, el dinero atribuido a Salinas seguirá confiscado por la justicia suiza.

La decisión final sobre si el expediente es trasladado a México deberá ser emitida por la Oficina Federal de la Policía de Suiza, la que no ha dado a conocer su postura ni reacción a la demanda del juez ginebrino.

La información difundida hoy en grandes espacios de dos medios periodísticos suizos fue confirmada por el juez Perraudin.

Es la segunda ocasión en que el affaire Salinas es objeto de decisiones que, a final de cuentas, siguen sin dar resolución al caso. La primera vez fue en 1998, cuando la entonces procuradora general helvética, Carla del Ponte, reveló la maquinaria del narcotráfico en la que se involucraba al hermano del ex presidente mexicano, pero no logró dictar una sentencia debido a la falta de pruebas contundentes.

Esta segunda ocasión no deja sino el camino para las reminiscencias de la época de Del Ponte. Perraudin, encargado del caso desde 1999, logró conformar lo que llama "la trayectoria" del dinero depositado en efectivo en México y asignado a las cuentas de Raúl Salinas en bancos de tres cantones suizos: Ginebra, Berna y Zurich, pero hasta ahí.

El archivo pone al descubierto la relación con los cárteles del Golfo, Tijuana, Cali y Medellín y, gracias a las declaraciones de testigos protegidos, el funcionamiento del narcotráfico, de Colombia a Estados Unidos pasando por México, donde el Ejército, la policía o las aduanas no tuvieron sospechas sobre los ilícitos negocios del hermano del entonces presidente.

Perraudin se desiste del caso, no sin mostrar su pesar sobre el asesinato, aún inexplicable, de Rafael Dueñas, uno de sus testigos claves, a fines de noviembre del año pasado. Su impacto influyó sobre otros testigos, aún bajo protección, que se negaron a rendir testimonio.

Decisión in extremis

Luego de dos años y medio de investigación judicial en Ginebra, durante los cuales las autoridades mexicanas lo orillaron a una verdadera carrera de obstáculos, el juez Perraudin dice haber llegado al límite de su función.

El fallo que emitió el pasado 30 de abril, y que no ha sido oficialmente trasmitido por las autoridades judiciales suizas a la opinión pública, fue comunicado a la fiscalía de Ginebra y a André Béguin, el abogado suizo de Raúl Salinas.

Curiosamente, el fallo de Perrudin coincidió luego de un encuentro, discreto, que sostuvo con la subprocuradora de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, quien vino a Ginebra a entrevistarse con el juez.

Un testigo clave, Rafael Dueñas, identificado por unos como Ramírez y por otros como Pedro -asesinado-, era esperado en Ginebra a finales de noviembre por el equipo de Perraudin, pero nunca llegó a su destino. Esperado para ofrecer testimonio directo de la forma de funcionamiento de los cárteles mexicanos de la drogas, resultaba para el juez ginebrino una pieza capital para entender el caso en manos de la justicia suiza desde 1995.

Para el juez, ''se ha llegado al límite de la instrucción'' según el comunicado transmitido a la Oficina Federal de la Justicia de la Confederación Helvética, con fecha 30 de abril pasado. En la carta, Perraudin delega la continuación del proceso criminal de Raúl Salinas a las autoridades mexicanas.

Por determinar, el origen del dinero

Toca a México, determinar el origen exacto de los 130 millones de dólares depositados en seis bancos helvéticos por Salinas y confiscados desde diciembre de 1995. La única condición, según la ley suiza, para que el dinero bloqueado sea restituido al país o a Raúl Salinas es que las autoridades judiciales mexicanas dictaminen que el dinero tiene origen ilícito o que es lícito.

''México, para ser franco, no ha sido el cooperante deseado'', opinó una fuente confidencial esta noche. Ni en tiempos de Carla del Ponte al frente de la Procuraduría helvética, cuando el régimen presidencial en el país era priísta, ni tampoco, como pudo haberse creído, con el cambio al panismo. El caso Salinas ha sido pesado para los suizos. Una saga en la que se mezclan esposas ofendidas, hermanos justicieros, amantes, funcionarios de gobierno, millonarios salidos de la nada, empresarios de reputación dudosa, barones de las drogas y hasta un presidente en ejercicio.

Según las informaciones trabajadas conjuntamente por dos medios suizos (L'Hebdo y Tribune de Geneve), la investigación mexicana había descartado hace medio año la pista del narcotráfico para privilegiar aquélla de la ''cuenta secreta'' del presidente Salinas, de la cual nunca tuvo que dar datos a nadie de su manejo. Así, el testigo de cargo vendría siendo el ahora ex presidente. Según los mexicanos, entre 1989 y 1993, unos 400 millones de dólares fueron sacados de esta cuenta presidencial; 70 millones fueron depositados en efectivo en México para las cuentas en Suiza. A la que se le añadieron otros 60 millones de dólares, también en efectivo, que el inculpado clama le fueron ''prestados'' por amigos empresarios.

Las autoridades suizas, sin embargo, tanto en 1995 como en 1999, en que se abrieron los ficheros en Berna y en Ginebra, se enfilan por la línea del narcotráfico.

Perraudin deja el campo libre a los mexicanos, a su gobierno, a su procuraduría, para investigar la parte que falta. Las más de 40 mil hojas que componen los 370 archivos en el despacho del juez ginebrino deberán ser enviados a México por conducto de la embajada de ese país en Berna. A menos que el procurador general helvético tenga otra solución a la mano.

Investigadores consultados esta noche coincidieron en indicar a este diario que la decisión del juez ''es un acto magistral''. Se explican, uno desde París, el otro en Berna: México deberá hacer lo que hasta ahora no ha querido hacer: investigar no solamente qué pasó en las cajas presidenciales, sino en las relaciones de Los Pinos con -por citar tan sólo un caso- el cártel del Golfo. Solamente mediante esa investigación, la hipótesis preferida de la actual Procuraduría mexicana, la de que estos 400 millones de dólares fueron ''desviados'' de los fondos públicos, podrá ser comprobada o, por el contrario, la hipótesis suiza, de que ese dinero es ilícito y vino aquí a ser blanqueado.

La primera investigación se dio en Suiza desde la Procuraduría General a cargo de Carla del Ponte -actual procuradora del Tribunal Criminal en La Haya-, luego de la versión compartida por la DEA. En el pequeño banco Pictet, en pleno corazón de Ginebra, el 15 de noviembre de 1995, Paulina Castañón, esposa de Raúl, fue sorprendida cuando intentaba retirar más de 87 millones de dólares de su cuenta, en efectivo, que pensaba trasladar en un veliz.

En 1998, Del Ponte anuncia que los nexos del sospechoso con los cárteles de Colombia eran obvios, pero no pudo confirmarlos. Meses después, el Tribunal Supremo de Suiza le retiró el mandato de la investigación a Del Ponte, aduciendo abuso de autoridad.

''Fondo para el desarrollo''

El caso Salinas fue turnado al cantón de Ginebra, por ser sede del banco donde el dinero fue confiscado, en primer lugar, gracias a la reputación del procurador Bernard Bertrossa, quien nunca ha creído el reclamo de Raúl Salinas de que esos 400 millones de dólares despositados en efectivo en sucursales bancarias mexicanas (Cremi, Somex, Probursa, Bancomer, Serfin, Bancrecer, Comermex, Atlántico, Banamex) iban a conformar un ''fondo de inversiones para el desarrollo de México''.

Bertrossa encargó el caso a Perraudin, quien en una carta rogatoria -según la terminología jurídica suiza- de noviembre de 2000, colocó en el banquillo de los acusados a Raúl Salinas y a su esposa, Paulina Castañón, por lavado de dinero e infracciones a las leyes de estupefacientes. Pensó, debido al cambio de gobierno, que la cooperación sería expedita. Se equivocó.

Por razones que hasta la fecha no le fueron explicadas, la justicia mexicana no transmitió a Salinas -encarcelado por sospechas de ser autor intelectual del asesinato de su ex cuñado, José Francisco Ruiz Massieu- la notificación de cargos hecha por Suiza. Tuvo que ser el propio Perraudin quien, luego de múltiples trámites, pudo llegar a México y hacer la notificación oficial de cargos en julio de 2001, más de seis meses después de haberle trasmitido a México la citada carta por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como fue la exigencia a la que debió corresponder y no como debió haber sido el caso -si hubiese sido tratado como regular- por medio de la PGR.

A partir de ahí, una decena de testigos rindió testimonio directo en Ginebra -con enormes medidas de seguridad y en la total discreción- sobre el organismo creado por Raúl Salinas y su funcionamiento para que la cocaína colombiana llegara a Estados Unidos sin que ni el Ejército, la policía o las aduanas mexicanas se dieran cuenta o sospecharan del vasto narcotráfico.

Según el artículo publicado en L'Hebdo, para confirmar los testimonios hubiese sido necesario confrontar a los testigos con el acusado, pero el juez, aparentemente, desechó la idea por considerarla arriesgada para la vida de sus testigos. Propuso a su contraparte mexicana una videoconferencia -en la que los rostros de los testigos serían velados para impedir su identificación por Salinas-, pero México adujo estar técnicamente incapacitado para tal labor. El juez ginebrino sacó entonces su última carta: pedir prestado a Raúl para que confrontara las acusaciones en Ginebra, pero de nueva cuenta México rechazó la sugerencia argumentando que un viaje al exterior sería ideal para que Salinas huyera o pidiera asilo político en Suiza.

La desaparición de Rafael Dueñas (alias Ramírez o Pedro) fue la gota que derramó el vaso del juez. Hasta donde llega su instrucción, el trabajo ha sido hecho; la trayectoria del dinero depositado en Suiza ha sido establecida; corresponde ahora a México determinar la procedencia de los fondos, tanto porque la soberanía nacional impide a los investigadores suizos el trabajar en el país, como porque los depósitos, en efectivo, fueron hechos en México.

Un hecho sí es claro: los 130 millones de dólares confiscados por Perraudin, seguirán provisionalmente en Ginebra.

A finales de diciembre de 1995, la justicia suiza bloqueó las cuentas de Raúl Salinas y de Paulina Castañón -y sus innumerables prestanombres- y confiscó 118 millones de dólares, suma que hoy, con los intereses acumulados, representa 130 millones de dólares.

Ello -de acuerdo con la legislación suiza sobre el uso de fondos confiscados-, hasta que la investigación tenga alguna de las tres salidas presumibles: si el dinero proviene del narcotráfico y el principal sospechoso es Raúl Salinas, será repartido entre los países que cooperaron en la investigación; si el capital fue desviado de fondos públicos del gobierno, el principal sospechoso será entonces el ex presidente Carlos Salinas, quien deberá ser investigado en México y el dinero reintegrado a las arcas nacionales, si se prueba que fue una acción ilegal.

Y si al final de cuentas -lo que se teme en esta nación helvética- la justicia mexicana decide que la procedencia de los depósitos en Suiza era lícita, Raúl Salinas de Gortari puede exigir y obtener la restitución de su dinero, incluso con todo y los intereses acumulados.

La decisión del juez Perraudin de dar por concluida la parte que le corresponde de la investigación judicial contra Raúl Salinas, no es el final del asunto. La decisión última, ya sea que el caso Salinas sea enviado a las autoridades mexicanas o que se desista de ello y se le dé carpetazo, vendrá de la Oficina Federal de Justicia, en Berna.

La revelación: el asesinato de un testigo

De las informaciones difundidas hoy en Ginebra, el diario Tribune de Geneve se aboca a una revelación inédita hasta ahora, tanto en Suiza como en México o Estados Unidos: la desaparición de Rafael Dueñas, alias Pedro o Ramírez, en noviembre del año pasado, precisamente antes de abordar el avión que lo hubiese conducido a Ginebra para rendir testimonio ante Perraudin.

La sorpresa: la llamada desde la celda

La carta de Perraudin al procurador general dando por concluida su función y proponiendo que el caso sea enviado a México para la determinación final de cargos contra Raúl Salinas, fue sin duda filtrada al abogado de éste, y el sospechoso desde su celda tuvo la iniciativa de llamar por celular al autor del artículo, Jean-Noel Cuenod.

Se cita del diario: ''Hola, le habla Raul Salinas''. Eran cerca de las 21 horas de ayer martes. Le dice llamar para afirmar que el asesinato de Pedro no tiene nada que ver, que todas las inculpaciones son infundadas, que no son otra cosa que mentiras, que enviará una carta probando su inocencia.

La carta llega al mismo periodista vía electrónica en la madrugada, pero el destinatario de la misma es precisamente el juez Paul Perraudin, ante quien critica toda la investigación hecha en Suiza como plagada de falsedades y cita a tres empresarios que le dieron el dinero para integrar el fondo de inversiones para el desarrollo: Carlos Hank Rhon (10 millones de dólares), Carlos Peralta (50 millones) y Roberto González Barrera (20 millones de dólares).

La ''sorpresa'' del autor de la nota por la llamada telefónica y el correo electrónico de Salinas es evidente, sobre todo, como dice, porque éste ''se encuentra encarcelado'' en México.

El abogado Beguin ha interpuesto un recurso para que el caso Salinas sea dado por concluido en Suiza. Aduce que la acusación de narcotráfico nunca ha sido confirmada, la del uso indebido de fondos públicos sigue siendo una hipótesis sin fundamento, y el procurador general no ha dado evidencias de que iniciará un proceso penal contra Raúl Salinas en México.

Fuentes confidenciales estiman que con la amenaza o la acción del recurso ante la Cámara de Acusación de Ginebra, lo que en realidad intentan los hermanos Salinas de Gortari es bloquear la encomienda de que el gobierno de Vicente Fox Quesada ponga en el banquillo de los acusados nada menos que a un ex presidente de la República.

Sería un hecho histórico, pero nadie duda que no ocurrirá, pues las señales son evidentes, entre ellas se podrían citar los encuentros entre el canciller mexicano, Jorge G. Castañeda, y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en un lujoso restaurante de Bruselas, Bélgica, y los amarres entre Fox y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En suma ''será la continuación de lo vivido hasta ahora: el encubrimiento de un régimen a otro, de un gobierno a otro, independientemente de la filiación política'' que se tenga.

El recurso intenta, finalmente, que Suiza desbloquee las cuentas del sospechoso y le sean restituidas a Raúl Salinas de Gortari. La misma fuente añade que ''aun si el recurso fuera aprobado, tarde o temprano el caso Salinas será enviado porque sigue inconcluso, obligando a las autoridades mexicanas a investigar definitivamente la parte que le corresponde''.

Mientras no sea así, el dinero por lo pronto sigue en Suiza y la notificación hecha al hermano mayor del ex presidente seguirá siendo la rectora del eventual proceso: blanqueado de dinero y asociación delictuosa.

Siete años de investigación

De todo ello queda sin embargo la duda: cómo es posible que Suiza no haya sido capaz, en siete años, de llegar a un resultado concluyente -como lo ha hecho en innumerables casos judiciales del mismo tipo, en los que se enlista incluso a jefes de Estado. Suiza se defiende ennumerando, como se ha descrito anteriormente, los variados obstáculos, excusas y argumentos que han caracterizado la falta de cooperación de México.

Y mientras, como fue el caso de la ex procuradora Carla del Ponte, que al dejar el expediente penal fuera promovida y obtuvo la procuraduría del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en esta ocasión dejan sus puestos el procurador general de Ginebra, Bernard Bertrossa -al llegar a la edad de su jubilación- para integrarse al próximo Tribunal Penal Internacional que entra en funciones en julio próximo, y el propio juez de Ginebra, Paul Perraudin, quien ha sido promovido a juez federal y en junio pasa a ocupar su puesto en Berna.