Señora directora: Como lo he venido denunciando desde hace cuatro años, el 7 de junio de 1998 el Ejército federal cometió una masacre en El Charco, Guerrero, llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales en contra de campesinos indefensos, usurpó las funciones de la autoridad civil y detuvo y torturó a varias personas para fabricarles delitos que justificaran la actuación.

Desde entonces me encuentro injustamente encarcelada, cumpliendo dos sentencias impuestas por los jueces después de un proceso en el cual la base de las acusaciones en mi contra fue una declaración que el Ejército me obligó a firmar por medio de la tortura en un cuartel militar de Acapulco.

Mis denuncias, así como el testimonio de otros testigos y presos, de nada han valido. Efrén Cortés y yo seguimos en prisión, mientras los altos mandos militares que ordenaron el crimen y luego nos sometieron a tortura continúan gozando de privilegios e impunidad y, por otra parte, el Ejército sigue ocupando y hostigando a las comunidades indígenas de Guerrero, Chiapas y otras parte del país.

No sólo eso. La misma CNDH, que hasta ahora ha solapado al Ejército, se negó a darle crédito a las evidencias contundentes, así como a las denuncias que presentamos por tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Y qué decir de los jueces: todo el tiempo actuaron por consigna para hacer valer la versión oficial del Ejército y la PGR sobre lo ocurrido en El Charco. Así, de un día para otro me transformaron de estudiante promotora de la alfabetización a jefa de una conspiración en contra del Estado mexicano. Pero dicen que ya estamos viviendo el gobierno del cambio.

A pesar del asesinato impune de Digna Ochoa y de las amenazas a los defensores de derechos humanos, a pesar de la ilegal detención de los hermanos Cerezo Contreras, a pesar de los asesinatos y violaciones contra mujeres indígenas de la región mixteca y tlapaneca de Guerrero, a pesar de que las cárceles del país están repletas de presos políticos, a pesar de todo esto y más, tanto el Presidente como los secretarios Jorge G. Castañeda y Santiago Creel nos conmueven con sus discursos a favor de los derechos humanos. Con ese argumento se sumaron a la condena en contra de Cuba.

En fin, ya no les creo. Ni al gobierno ni a los jueces. Por eso he tomado la decisión de iniciar una lucha definitiva por mi libertad. No estoy dispuesta a permanecer un día más en la cárcel por delitos que no cometí. Tengo el derecho y quiero volver con mi familia y a la universidad.

En días pasados mi defensa legal, a cargo de la abogada Bárbara Zamora, presentó ante tribunales el último recurso legal a mi alcance que es el amparo directo. Como no confío del todo en esas instancias, inicié ayer una huelga de hambre indefinida para exigir mi libertad.

Pido a mis compañeros de la UNAM, de otras instituciones, así como a todos quienes luchan por la libertad y la justicia, que me acompañen en esta acción de la manera como juzguen pertinente. Envío mis saludos y mi solidaridad a todos los presos que se encuentran en huelga de hambre en favor de una ley de amnistía, a los presos zapatistas y a todos quienes permanecen en prisión por su participación social y por sus ideas.

Ericka Zamora Pardo

Pide que la PFP realice vigilancia en la UNAM

Señora directora: La muerte de dos estudiantes en la UNAM es algo que debemos lamentar profundamente y que nos debe hacer reflexionar sobre el gran vacío que la impunidad y la aplicación sesgada de las leyes nos ha generado.

En la UNAM se ha confundido la autonomía con la ausencia de reglas y leyes que permitan una convivencia sana y segura en un lugar al que se viene a aprender y a enseñar. Me parece irrelevante si las muertes fueron por razones pasionales, como declaró el procurador del Distrito Federal, o por otras razones, el hecho es que cuando algo así ocurre en la UNAM se hace evidente que su comunidad es totalmente vulnerable.

En la UNAM estamos aislados de la ya precaria protección que ofrecen los cuerpos de seguridad que pagamos con nuestros impuestos, y al margen total de las leyes que rigen al país. La vida diaria en la UNAM es incierta y su orden depende de la vigilancia que algunos empleados del STUNAM llevan a cabo, quienes, ciertamente, no están dispuestos a arriesgar su vida para mantener el orden.

Todos los días vemos a cientos de taxistas circular por el campus, haciendo de éste desde su baño hasta su taller mecánico, un negocio libre de supervisión y al margen de la ley. Este es solo un ejemplo.

Hasta dónde llegaremos para darnos cuenta que cuidar de nuestra seguridad y la de nuestros hijos en la UNAM no es violatorio de ninguna autonomía y que no va en demérito de nuestros valores sino, por el contrario, le da la seguridad a quien estudia, trabaja o visita nuestra universidad.

Por impopular o fuera de lugar que parezca esta propuesta, estoy seguro que seguir lamentando pérdida de vidas humanas y materiales es mucho más grave que permitir la entrada de la Policía Federal Preventiva a los diferentes campus de la UNAM.

En mi opinión, las autoridades universitarias y federales tendrán que responder ante la sociedad en caso de que esta situación prevalezca y se siga arriesgando la integridad de su comunidad y sus bienes.

Georges Dreyfus, investigador, Instituto de Fisiología Celular, UNAM

Exceso policiaco en Tlajomulco, Jalisco

Señora directora: La irrupción con lujo de violencia de las fuerzas policiacas (antimotines de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Jalisco, PGR y policías municipales) en una fiesta rave que contaba con el permiso para realizarse y congregaba a más de mil 500 jóvenes el sábado 4 de mayo en el municipio de Tlajomulco, es una medida represiva y extrema que no puede justificarse.

Un contingente fuertemente armado (con escudos, cascos, toletes y perros sin bozal), cuya cifra oscila entre "más de 100" y "casi 300", según diferentes versiones, amenazó, encañonó y obligó a tirarse al suelo a los asistentes, mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, y permanecer en esa posición por una hora. Mientras los perros caminaban por encima de los cuerpos tendidos, algunos policías pateaban a los inconformes y otros "cateaban" a las mujeres, que fueron separadas de sus parejas.

Lo conseguido en el decomiso (versiones encontradas hablan de 366 tachas o éxtasis, aparecieron 300; 174 pastillas "al parecer psicotrópicas", la PGR reportó 48; 620.4 gramos de "vegetal verde, al parecer mariguana"; 13 pipas, nueve paquetes de papel para armar cigarrillos y un arma blanca) indica varias cosas: lo desproporcionado del operativo, que además de violar las garantías y derechos de los jóvenes, puso en peligro su integridad física; la irresponsabilidad de las autoridades, que dejaron caer el peso de la fuerza sobre jóvenes desarmados; el privilegio de la solución autoritaria frente a estrategias razonadas y razonables para enfrentar la circulación de drogas.

Por esto, manifestamos:

1. Nuestra preocupación por la constante violencia institucionalizada contra los jóvenes.

2. La urgente necesidad de una política de seguridad acorde a los procesos de democratización que ha conquistado la sociedad mexicana.

3. Rechazo absoluto a las políticas represivas contra la ciudadanía. Además exigimos:

1. Una investigación a fondo de lo sucedido y castigo a los responsables del operativo.

2. Poner freno a la estigmatización de la que son víctimas cotidianamente nuestros jóvenes, que han sido convertidos en sinónimo de delincuentes y peligrosidad.

Carlos Monsiváis, Sergio Aguayo, Fernando M. González, José Luis Paredes (Pacho), José Antonio Pérez Islas, Mónica Valdez González, Alfredo Nateras (DF), Margarita Hernández Ortíz, Rogelio Marcial Vázquez, Ricardo Fletes Corona, Rossana Reguillo, René de la Torre (Guadalajara), José Manuel Valenzuela, Iván Díaz Robledo, Roberto Partida (Tijuana) y Guillermo Núñez (Hermosillo)

Precisiones de Sagarpa

Señora directora: Las dos letras que forman la preposición "de", incluidas en la primera línea de la información encabezada "Analizan cobro de intereses a Procampo adelantado", en la edición de La Jornada de ayer, cambian diametralmente el sentido de lo expresado por el secretario Javier Usabiaga Arroyo, quien no dijo otra cosa que: "hay una interpretación totalmente dolosa en las declaraciones que se han hecho a la prensa", como está registrado en la grabación de la entrevista que le hizo al titular de la Sagarpa un grupo de periodistas, entre los que se encontraba Renato Dávalos, cuya presencia y profesionalismo siempre son apreciables.

Hago la aclaración para evitar equívocos en eventuales interpretaciones sobre el particular.

Oscar Ramírez Suárez, comunicación social