Se incluirían en el programa de testigos
protegidos
Propone PRD ley para proteger a denunciantes
de corruptos
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
El fracción del PRD en la Cámara de Diputados
presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Protección
a Informantes de Actos de Corrupción, sustentada en el hecho de
que ésta "tiene un alto costo directo e indirecto para todos los
ciudadanos; socava las decisiones políticas fundamentales, conduce
a un uso ineficiente de los recursos y beneficia a los inescrupulosos a
expensas de quienes acatan la ley".
El legislador perredista Miguel Barbosa presentó
la iniciativa, que busca proteger a toda aquella persona que denuncie actos
de corrupción y aumente la disponibilidad de información
sobre ilícitos relacionados con esa práctica.
''Cuando se trata de la persecución de actos corruptos,
la sociedad debe ser consciente de proveer datos conducentes a la investigación
y castigo de un funcionario corrupto, lo cual acarrea, para los delatores,
consecuencias negativas que pueden impedir el ejercicio de dicha responsabilidad
cívica. Por lo tanto la iniciativa que se somete a esta soberanía
adopta un espíritu protector en defensa de quienes denuncian dichos
actos acercándoles medios eficientes para evitar represalias formales
e informales de mafias afectadas por la delación y para resarcirles
cualquier daño que sufran".
El proyecto prevé que antes de consentir en la
revelación de su identidad, el denunciante podrá solicitar
que la entidad pública lo incluya como testigo protegido en un programa
de protección de identidad que, para guardar su integridad física
y sus bienes, le garantice seguridad mediante el cambio de identidad. así
como de las personas vinculadas a él.
El mecanismo para lograr ese procedimiento de protección
se dará por medio de la expedición de nuevos documentos sustitutivos
que acrediten otra identidad del testigo protegido, y sus familiares, tales
como el certificado del registro civil, documentos de identidad, pasaportes,
certificados de antecedentes judiciales, certificados de trabajo o administrativos
u otros documentos análogos, debiendo prescindirse de los procedimientos
ordinarios.
Además, con las las instituciones públicas
relacionadas con este tema tendrán la obligación de garantizar
recursos monetarios, civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativos
que requiera cualquier persona en el marco del programa de protección
de identidad.
"Se suministrarán recursos materiales necesarios
para cubrir los gastos de subsistencia corrientes y el respaldo para que
las personas protegidas encuentren un empleo, incluso brindándose
asistencia para su capacitación y colocación. Ese deber de
protección no sería discrecional y se aplicaría a
todo aquel que realizara una actividad que se describa como legalmente
protegida y pueda dar lugar a una revelación de actos de corrupción".
Otro de los puntos propuestos por el legislador Barbosa
se refiere a que el nuevo ordenamiento brindaría a los testigos
protegidos el derecho de no utilizarse la información proporcionada,
hasta en tanto no se decida su aceptación en el programa de protección
de identidad. "La obligación ciudadana de denunciar actos de corrupción
no implica la obligación del informante de poner en peligro a su
familia o de convertirse en un mártir político".
